Dos comisiones de la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) de Bolivia aprobaron ayer una “Ley Corta”, que propone que el presidente Evo Morales elija miembros del Poder Judicial cuyos mandatos caducarán a fin de año, cargos que luego serán elegidos el 5 de diciembre de 2010.
El mandatario boliviano tendrá que designar en los próximos días a seis magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cinco para el Tribunal Constitucional y cuatro para el Consejo de la Judicatura, de entre ternas propuestas por la ALP, informó hoy el diario paceño La Prensa.
La nueva Constitución prevé la elección, por primera vez en las urnas, de magistrados y ministros del Órgano Judicial de Bolivia.
El viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez, afirmó que el principal objetivo del proyecto es “garantizar el funcionamiento y la continuidad del servicio de administración de justicia y establecer la forma y el procedimiento de transición del actual Poder Judicial al Órgano Judicial, Tribunal Constitucional Plurinacional y el Ministerio Público”.
La Asamblea Legislativa se encargará de elaborar las ternas de postulantes, pero no recurrirá a las nóminas de candidatos elaboradas por el Senado en la gestión del extinto Congreso boliviano.
Tras recibir el documento, el presidente de la Cámara de Diputados, Héctor Arce, dijo que la derivó a las comisiones de Constitución, Legislación y Sistema Electoral; y Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado.
Arce anticipó que desde el lunes comenzará a recibir las propuesta de ambas comisiones para introducir modificaciones o mantener la redacción de los artículos del proyecto.
El proyecto también establece la permanencia del actual fiscal general, Mario Uribe, en tanto se elabore la nueva ley del Ministerio Público y se designen nuevas autoridades.
La aprobación de la llamada “Ley Corta”, una norma transitoria para evitar la paralización del sistema judicial de Bolivia, dada las vacantes existentes, provocó hoy críticas de los asambleístas de oposición.
La diputada del Plan Progreso para Bolivia y Convergencia Nacional (PPB-CN), Adriana Gil, cuestionó el procedimiento de designación de los magistrados por el presidente Morales y dijo que “propondrá cambios en la Cámara Baja”.
Por su parte, Antonio Franco, de Unidad Nacional, optó por abandonar las dos comisiones tras calificar al proyecto del oficialismo de “manejo dictatorial” y violatorio de la nueva Constitución por el presidente Morales y su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS).
El oficialismo controla los dos tercios de las cámaras de Senadores y Diputados de la nueva Asamblea Legislativa.
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