La efectiva policial que restaba acusar en la investigación sobre apremios ilegales que sufrieron siete jóvenes veinteañeros en el espacio que se conoce como Cuatro Plazas fue imputada este miércoles en la Oficina de Gestión Judicial. Integrante de la Policía de Acción Táctica (PAT), Cristina García se presentó este martes en la Unidad Fiscal de Violencia Institucional y llegó en libertad a Tribunales. Al igual sus pares encausados, le cupo la imputación de incumplimiento de deberes de funcionario público, falsificación de documento y apremios ilegales. Salió como entró: en libertad, previo aviso de prohibición de todo tipo de acercamiento con las víctimas, un grupo de amigos que fue sometido a violencia institucional. Uno de ellos, además de golpes, recibió una reprimenda moral y física tributaria de épocas dictatoriales: le cortaron las rastas que le llegaban a la cintura.
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García era la octava efectiva que debía someterse a la acusación de la fiscal Karina Bartocci. El pasado jueves 29 de marzo siete policías fueron imputados de apremios ilegales en distinto grado. Dos de ellos, los agentes del Comando Radioelétrico Mariano Saavedra y Érika Denis, recibieron como medida cautelar la prisión preventiva efectiva, hasta el 26 de abril. La suboficial de la PAT, según comunicaron desde el Ministerio de Seguridad, se encontraba de licencia y no estaba en la provincia el miércoles pasado, cuando sus colegas fueron detenidos. Según comunicó Fiscalía, García al final se presentó y se puso a disposición de la Justicia.
El pasado viernes 23 de marzo, a las 4 de la madrugada, siete amigos denunciaron que la Policía los detuvo sin causa en las Cuatro Plazas (barrio Belgrano), donde estaban sentados después de volver del Parque Scalabrini Ortiz. Sasha, un técnico electrónico de 22 años, llevó la peor parte: lo golpearon hasta desfigurarlo, le cortaron las rastas que lucía hasta la cintura con un cuchillo y le dispararon con munición antitumulto en las pantorrillas cuando intentó escapar de la agresión. Otro policía, dijo después, le apuntó con su arma reglamentaria pero se contuvo ante los gritos del resto de los chicos, que también recibieron golpes.
Desiré, la única chica del grupo recibió, además del ensañamiento físico de los policías, la violencia simbólica de varios de ellos: le dijeron que era “la puta del barrio” y la acusaron de vender droga en la zona. Los jóvenes estuvieron desde las 4 de la madrugada hasta las ocho de la noche del viernes esposados en la comisaría 14ª. La detención cesó cuando la defensora oficial Maricel Palais llamó al fiscal Fernando Dalmau, quien en ese momento intervino.
Voceros judiciales indicaron que el fiscal recibió la notificación de la detención de los jóvenes a las 9 de mañana y en el contexto de “resistencia a la autoridad”. Dalmau ordenó entonces una averiguación de antecedentes de los chicos. “Cerca de las 14, el fiscal recibió la información por parte del Servicio Público de la Defensa de que los jóvenes habían sido golpeados y que hacía tiempo estaban detenidos –desde las 4 de la madrugada–. Ante esta situación, dio intervención a Asuntos Internos y puso en conocimiento a su par Bartocci”, describieron fuentes de Fiscalía.
El jueves siguiente las víctimas se vieron cara a cara con los policías en la audiencia imputativa y ratificaron su relato, antes expuesto en las redes sociales y medios de comunicación. Los abogados y abogadas de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos que patrocinan a las víctimas consideraron que la fiscal debió solicitar la prisión preventiva para todos los policías imputados. Además presentaron un pedido de constitución de querellante que se va a tratar en otra audiencia en un corto plazo.
