El Ciudadano
El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°30 de la ciudad de Buenos Aires absolvió este lunes a la mujer de 43 años apodada China, luego de que la fiscalía retirara la acusación de “homicidio agravado por el vínculo”, por haber sufrido ella una emergencia obstétrica, y, tras conocer el veredicto, la mujer expresó: “ojalá sirva para todas las demás que pasan por lo mismo que yo pasé”.
Abrazos, gritos y aplausos llenos de emoción por parte activistas que esperaban nerviosas el desenlace recibieron a China, cuando salió de la sala en la que el tribunal leyó la sentencia absolutoria y ordenó su inmediata liberación.
“Estoy muy conmovida, feliz, porque voy a estar nuevamente en libertad plena con mi familia, mis hijos. Agradezco todo el apoyo porque sola no hubiese podido. Espero que esto sirva para todas las demás que pasan por lo mismo que yo pasé”, dijo a Télam la mujer, tras conocer el veredicto de los jueces Marcela Mónica Rodríguez, Luis María Rizzi y Guillermo Enrique Friele.
También destacó la labor de la fiscal, Graciela Alicia Gils Carbó, porque “tuvo un gran trabajo de ponerse en la situación en la que estoy y estamos muchas de las personas detenidas”, quien, luego de un alegato que duró una hora y media en el que detalló el caso, pidió la absolución de la acusada.
China es una mujer de 43 años oriunda de Venezuela que estuvo dos años presa por una emergencia obstétrica en el Complejo Penitenciario de Ezeiza, y desde el 25 de noviembre de este año bajo arresto domiciliario.
El hecho por el que se la imputó ocurrió el 15 de diciembre de 2020 cuando, tras una gestación de 39 semanas, tuvo un evento obstétrico catalogado como “parto en avalancha”, en el cual expulsó un feto, el cordón umbilical y la placenta.
Según ella misma explicó en una carta escrita en su celda, y también en su declaración durante el juicio avalada luego por peritos, no tenía conocimiento de su embarazo y había tenido eventos obstétricos similares en otras ocasiones en su país natal, por lo que depositó los restos con sangre, envueltos en una manta, en un contenedor de basura cercano a su casa, en el barrio porteño de San Nicolás.
Horas después, un hombre halló el feto envuelto en una manta y dio aviso a la policía, por lo que una semana más tarde la mujer fue detenida y desde entonces se encontraba presa y acusada de homicidio agravado por el vínculo, por lo que podía llegar a recibir una condena a prisión perpetua.
La fiscal Gils Carbó detalló en su dictamen el historial médico de China y expuso que la mujer había presentado en reiteradas ocasiones anteriores eventos obstétricos similares al hecho por el que se la acusó, donde tampoco había tomado conciencia de que estaba embarazada, conforme al relato de ella, sus familiares y los peritos que declararon a lo largo del juicio.
En este sentido, se respaldó en lo que describieron los peritos Ezequiel Mercurio y Vanesa Maero Suparo, del Ministerio Público de la Defensa, sobre que la mujer padeció el “trastorno de negación generalizada del embarazo”, al argumentar que no se encontraba “en condiciones de afirmar que (la mujer) obró con dolo homicida”.
La fiscal también reconoció que “si bien se demostró que el niño nació vivo pues alcanzó a respirar, ningún profesional aventuró cuánto podría haber llegado a vivir en las condiciones placentarias halladas en presencia de meconio, prueba de sufrimiento fetal agudo” por lo que no encontró “debidamente acreditado que el niño estuviera con vida” cuando la mujer llevó las mantas al contenedor.
“Es un caso donde queda absolutamente claro que no se puede disociar lo médico clínico de lo psicológico. La defensa que escogí para este caso fue una defensa que hizo pie en ambas cuestiones”, destacó el abogado defensor Gastón Marano a esta agencia.
Agregó que durante las audiencias “quedó al desnudo que se siguen utilizando ciertos métodos a nivel forense como las docimasias, que tienen enormes márgenes de error, especialmente en casos como éste, donde han existido intentos de reanimación del óbito fetal”.
En su alegato, Gils Carbó resaltó, a su vez, que a lo largo de la instrucción y del juicio se observaron “construcciones sociales que se instalan en el entramado social respecto a las mujeres y de manera especial respecto a la maternidad”.
En este sentido, explicó que la idea moderna de “la buena madre” crea “inconscientemente la obligación ante todo de ser madre” y sobre esa base se construyó la idea de que “debe reconocer el embarazo” y cuando eso no ocurre “inmediatamente se reprueba a esa mujer”.
“En estas causas se estigmatiza y se penaliza a mujeres por eventos de salud, vinculados a la salud sexual y reproductiva y el proceso opera como castigo en sí mismo”, señaló a Télam Lucía de la Vega, abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), organización que se presentó como amicus curiae en la causa junto a la Asociación de Pensamiento Penal (APP), la Cooperativa Esquina Libertad y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps).
Las organizaciones que apoyaron a China lo hicieron luego de que el marido de la mujer se comunicara por Instagram con la abogada Natalia Saralegui Ferrante, coautora del libro “Dicen que tuve un bebé”, que reúne la historia de siete mujeres que fueron criminalizadas por eventos obstétricos en Argentina.
“El libro como un instrumento autónomo que está disponible en la web funcionó como un mecanismo para que una persona que estaba necesitando pedir ayuda no atravesara el proceso en soledad y pudiera acceder a la justicia en un sentido integral”, sostuvo Saralegui a Télam, y destacó que “si hay otras personas que están atravesando este tipo de procesos pueden usar el libro para contactarse con las organizaciones para replicar la experiencia”.
Para Indiana Guereño, directora del Observatorio de la APP, “lo importante de este precedente es que se juzgue con perspectiva de género desde el inicio y no haya que esperar dos años como estuvo esperando China y como hay tantas otras mujeres esperando en la misma situación”.
En este sentido, Rosana Fanjul, de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito sostuvo que actualmente tienen conocimiento de “más o menos 45 detenidas a lo largo del país por emergencias obstétricas y abortos” y destacó que “detienen a las que no tienen recursos o son migrantes como el caso de China”.
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