Carina Ortiz
Este miércoles los Tribunales fueron escenario del acto de apertura del año judicial. Este 2023 su presidente, el ministro de la Corte Suprema de Justicia Daniel Erbetta, habló sobre la violencia que atraviesa la ciudad, hizo un diagnóstico sobre ella y la necesidad de implementar políticas públicas de fondo, instó a la necesidad de una reforma profunda en la Justicia federal y cuestionó la falta de labor del Consejo de la Magistratura. El ministro tampoco dudó en dedicar diversos momentos a la política y al año electoral. El acto se hizo en el marco de un fuerte e inusual operativo de seguridad que incluyó cortes de calle y policías apostados en los alrededores y el interior del edificio.
Entre los presentes había políticos de todos los arcos y de distintas esferas del Estado, además de personalidades del mundo jurídico-judicial y de las fuerzas de seguridad. Entre quienes participaron en el acto hubo muchos nombres propios, aunque Erbetta le dedicó un renglón a los familiares de víctimas de homicidios dolosos.
El discurso tuvo tres ejes: lo que están haciendo —en relación con infraestructura, capacitación, reordenamiento, digitalización del sistema—, las debilidades y el momento que está atravesando la provincia, vinculado especialmente con las cuestiones de seguridad. Entre los conceptos hubo algunas referencias que marcaron la política que seguirá la gestión de Erbertta durante este año.
Entre las debilidades nombró la necesidad de consolidar y mejorar el nuevo modelo de investigación y enjuiciamiento penal y la prueba piloto en oralidad civil. “La reforma penal debe evitar ser neutralizada por decisiones contra reformistas, por distorsiones operativas y malas prácticas de los operadores; debe corregir muchos déficits y al mismo tiempo garantizar la plena autonomía de un actor político criminal clave, como es el MPA (Ministerio Público de la Acusación) y a la par el SPPDP (Servicio Público Provincial de la Defensa Penal)”. dijo.
Habló sobre las vacantes en el Poder Judicial, en la Fiscalía y en la defensa pública como en el Organismo de Investigaciones y jueces conciliadores. “Sabemos de los esfuerzos de los actores institucionales, pero esperamos que la dinámica electoral no impida la mayor celeridad en este cometido”, aseguró.
Crisis económica y delito
“El 1 % de la población mundial concentra más del 50% del PB mientras que el 80% de la población participa sólo del 5%; más de 900 millones de personas pasan hambre en un mundo que produce alimentos para que todas y todos seamos obesos; el dinero sucio se calcula en una cifra superior a la suma del PB de EEUU y Japón; la criminalidad de escala internacional (tráfico de drogas, armas, trata de personas) moviliza anualmente sumas billonarias en dólares que se lavan en los paraísos fiscales que gozan de buena salud en los países del norte. El 40% de las ganancias de las multinacionales, que se estima en 700.000 millones de dólares va anualmente a guaridas fiscales y se calcula en 200.000 millones de dólares la pérdida que causa la evasión reciclada a los países que la sufren”. Erbetta hizo esta introducción hizo para decir: La Argentina está en el podio y ocupa el tercer lugar en sociedades offshore en el mundo. Según el Banco Mundial hay un orden económico internacional dominado por 500 trasnacionales que controlan más del 54% del PB mundial, más de la mitad de toda la riqueza producida en el planeta”.
Dijo que el impacto de esto se proyecta “en todos los ámbitos, incluso en políticas de seguridad, política criminal, judicial”, entre otros. Y aseguró que “a nivel nacional ese proceso deconstituyente se traduce en la crisis de la legalidad, en una profunda crisis de la representación, y especialmente en el fenómeno de fuerte concentración mediática y consecuente debilitamiento de los partidos políticos, así como la expulsión de los principios constitucionales del ámbito de la política”, aseguró.
Se refirió a la crisis de legitimidad y confianza que atraviesa a la política y la justicia y de marketización de la violencia.
Violencia letal
Resaltó que en 2023 hubo 288 homicidios dolosos, la tasa más alta del país, 22,6 por ciento cada cien mil habitantes cuando en el país la tasa promedio es del 4,6 por ciento. Casi el 72 por ciento de los crímenes están asociados a economías delictivas u organizaciones criminales, y casi el 80 por ciento se produjeron mediante arma de fuego.
Dijo que quienes resultan más afectados son los sectores más desprotegidos. “La violencia letal se concreta en el 13 por ciento del territorio urbano”, aseguró. Y agregó que la crisis de seguridad no es nueva, aunque tiene una marcada tendencia a agravarse y complejizarse. “El delito y su control deben ser abordados en su conjunto y en término de procesos históricos. Por un lado, la policía, los fiscales y la justicia, también la cárcel; por el otro, los mercados locales de drogas, sus vinculaciones con los mercados legales y especialmente la dimensión financiera (lavado), las armas y la violencia asociada a estos fenómenos”.
Dijo que la violencia en Rosario no se explica por el narco. “Rosario está en un enclave estratégico entre las rutas 11, 34 y 9 y la hidrovía, para peor en un contexto de ausencia regulatoria del Estado; el problema de Rosario en términos de vidas humanas es el floreciente mercado local de menudeo de drogas, la tremenda violencia de las organizaciones que lo gerencian y los enormes déficits de una estructura policial fuera de tiempo que ha favorecido la connivencia de algunos integrantes de la fuerza comprometidos o directamente asociados a esas organizaciones criminales…”
Erbetta explicó la realidad delictiva en la pérdida de hegemonía de algunas bandas y las permanentes disputas territoriales violentas, bandas criminales polirrubros y el fácil acceso a armas y municiones. Dijo que la dimensión financiera de la trama delictiva es clave y agregó que a este estado de cosas se llegó por falta de políticas públicas y hay que asumir la responsabilidad. A lo que sumó la problemática que genera el crecimiento exponencial de la tasa de encierro.
Una nueva lógica implica un cambio cualitativo vinculado con procesos de trabajo, sistema de investigación y enjuiciamiento, Dijo que la presencia de fuerzas federales no va a solucionar el problema, es tiempo que hay que aprovechar para ajustar muchas variables para construir más estado e institucionalidad, “asumir cabalmente que con el dolor y el sufrimiento de los rosarinos no se pelean votos”.
“No hay que perder de vista que la violencia es también un negocio. De nuestra parte hemos instado a la diversas agencias a trabajar coordinadamente, mejorar la capacidad investigativa, producir capacitación y fortalecer el equipamiento criminalístico para mejorar la calidad y resultados de las investigaciones”, siguió.
“Reconocer el problema es el presupuesto necesario para diseñar estrategias que apunten a su solución. Reconocer la complejidad, nos permite descartar soluciones simplistas y demagógicas que no solo no lo resuelven, sino que desestimulan la búsqueda de soluciones reales”, amplió.
El sistema acusatorio y MPA y reforma a la justicia federal
Si bien profundizó en las bondades del sistema oral y público, Erbetta dijo que el problema no está en el modelo sino en las prácticas, los riesgos de burocratización y de colonización política, especialmente del MPA: “Tal vez hemos fallado al no pensar en una articulación interinstitucional que posibilite un permanente monitoreo y control de gestión de la implementación”.
Aunque aseguró que han perforado la selectividad estructural del sistema y avanzado sobre sectores que eran invulnerables, integrados incluso por sectores policiales, y citó como ejemplo las balaceras y amenazas a jueces, fiscales y tribunales y dijo: “Me permito la licencia del reconocimiento a la labor de la agencia fiscal de criminalidad organizada y delitos complejos. Todas y todos han demostrado responsabilidad, independencia, idoneidad y el temple suficiente como para asumir riesgos que no cualquiera estaría dispuesto a asumir”.
“A nivel de la justicia penal federal ya nadie puede, seria y responsablemente, negar la necesidad de una reforma en todos sus niveles y estructuras”, aseveró para completar: “Ya Alfonsín hablaba de una profunda reforma a la justicia federal, la necesidad de repensar sus estrategias de seguridad respecto a la nueva criminalidad”.
Dijo que esta reforma implica la modificación del Código Procesal Penal de la Nación, también reformar y actualizar el modelo de organización del Ministerio Público Fiscal; entiende el ministro que es insostenible mantener la división de fiscales de investigación, juicio y revisión y recuperarlo como actor político criminal central para el diseño de políticas de persecución penal
También habló el magistrado de repensar la integración, funciones, sistema de selección y remoción propios del actual Consejo de la Magistratura, “cuyo nivel de ineficiencia no puede naturalizarse sin daño irreparable al sistema republicano. No podemos aceptar la inactividad continua del Consejo de la Magistratura y menos aún naturalizar la metafísica del juez subrogante o del juez trasladado o la generalización del modelo de subrogancias”, señaló.
“Y lo dicho no es extraño a esta instancia. Precisamente esos déficits institucionales son los problemas que la política nacional debe asumir, en parte, para paliar la escasa capacidad de rendimiento de la justicia penal federal con jurisdicción local, que no es responsabilidad de sus actores sino de un diseño desafortunado y de la permanente postergación de la implementación del acusatorio y la cobertura de vacantes”, explicó.
No dejó de lado la necesidad de una reforma a la Corte Suprema de Justicia Nacional, concentrada en 5 ministros que resuelven casi 17.000 o más casos por año.
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