Carina Ortiz
Gabriela B. fue imputada por el crimen de su pareja. Para el fiscal Adrián Spelta, ella apuñaló a su marido y del hecho participó su hijo. En la audiencia que se hizo en Tribunales surgió una historia atravesada por el sometimiento y la violencia, circunstancia que marcó la vida de la mujer y sus hijos. Sin embargo, eso no pesó en el caso. En aquella audiencia se había dispuesto un arresto domiciliario. El miércoles pasado esa situación cambió cuando el juez determinó que la detención sea en una unidad penitenciaria a la espera de una tobillera electrónica, algo que finalmente apareció este viernes gracias a las gestiones de organizaciones sociales.
El 15 de diciembre pasado, Donato Méndez había tomado bastante alcohol. En la casa, ubicada en pasaje 1886 al 4400, también estaba su pareja, Gabriela B., y sus tres hijos pequeños.
Al instante llegó Nahuel, otro hijo de Gabriela, de visita. El joven vive en situación de calle desde los 9 años, cuando se fue de la casa tras una pelea con Méndez por defender a su madre.
Tras entrar a la vivienda, Nahuel quiso ir con su pareja y sus hermanitos a la habitación de los chicos. Pero cuando uno de los niños pasó cerca de Méndez éste le pego en la espalda con el mango de un cuchillo.
Gabriela defendió el niño. Y la golpiza siguió con ella. Fue así que Nahuel salió en defensa de su madre; agarró un inflador de metal y le pegó a Méndez en la cabeza.
En su declaración posterior, Gabriela dijo que fue su hijo quien mató a Méndez. Pero el chico señaló que cuando se retiró de la casa, cerca de la medianoche, su padrastro estaba desvanecido. Y negó haberlo apuñalado. El cuerpo de Méndez tenía 33 heridas cortantes, según la Fiscalía.
Nahuel fue imputado por el crimen y el viernes 13 de septiembre su madre también. La mujer enfrenta “una pena en expectativa de prisión perpetua”. Pero en la audiencia se había llegado a un acuerdo con la Fiscalía para que vuelva a su casa con una tobillera.
La defensora María Laura Maenza contó que por un error de la oficina de gestión judicial se le informó al Servicio Penitenciario que la llevaran a su casa para el arresto domiciliario aunque todavía no tuviera la tobillera. Mientras tanto se tramitaron todos los papeles de ese dispositivo, con la defensa aportando los datos necesarios.
El fiscal se enteró de la situación y pidió una audiencia para el miércoles pasado. Allí solicitó que la mujer vuelva a un penal hasta que finalmente se le aplique la tobillera. Esa solicitud fue admitida por el juez Hernán Postma.
El arresto
La detención de Gabriela B. tuvo consecuencias para sus pequeños hijos, que quedaron al cuidado de una vecina que se solidarizó con ella. Mientras que en paralelo un grupo de organizaciones de género se movilizaron para lograr la designación de una tobillera, lo que llegó este viernes a la mañana.
Previo a eso, el Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) dio a conocer un comunicado señalando que el caso “es una muestra de cómo funciona el sistema penal frente a una mujer víctima de violencia de género”.
“Se evidencia una ausencia indiscutible de la perspectiva de género en los operadores de Justicia. Ni en el acusador, ni en el juzgador, se manifestaron consideraciones hacia la situación de especial vulnerabilidad por la violencia de género”, señala el texto.
Y en otro fragmento se agrega: “Durante todo ese tiempo el Estado estuvo ausente pese a sus denuncias. Hoy, una vez más, el Estado la castiga por ser mujer, madre y la encierra en una cárcel por su propio incumplimiento. Es una decisión judicial que evidencia claramente un caso de violencia institucional producido por la agencia judicial en perjuicio de una víctima de violencia de género”.
Gabriela B. ya está ahora en su casa con sus hijos menores de edad. Su situación abrió un debate sobre el tratamiento de los hechos policiales con perspectiva de género. También sobre el uso de dispositivos electrónicos, su disposición y el tiempo que estos demoran en su implementación.
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