El Concejo Municipal de Rosario votó ayer la ordenanza a partir del mensaje enviado por el Departamento Ejecutivo por la que se aprueba “la metodología de cálculo a utilizar para establecer el valor de la tarifa del servicio público de taxis”.
Dicha metodología fue elaborada a partir de un convenio entre el Ente de la Movilidad de Rosario y la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística de la Universidad Nacional de Rosario.
Los detalles de la misma fueron explicados por el presidente de la Comisión de Servicios Públicos, Manuel Sciutto, del bloque Socialista, quien mencionó diez parámetros que se tuvieron en cuenta y de manera específica lo relacionado con los costos divididos en variables, fijos, estructurales, tarifarios y financieros.
Resaltó que al analizarse el tema en la Comisión se encontraban presentes seis ediles y que fue suscripto el despacho por unanimidad. Asimismo, destacó la seriedad del estudio y el contar con “herramientas fidedignas” para fijar la tarifa.
Por su parte el concejal Jorge Boasso, de la bancada Radical, si bien anticipó el apoyo a la iniciativa cuestionó que se siguen estimando variables y reclamó la necesidad de que la totalidad de los vehículos cuenten con el sistema de geoposicionamiento satelital (GPS), y con una central que opere tales datos para no trabajar sobre promedios, sino exactamente.
Insistió, por ejemplo, en la necesidad que “los tickets -que se entregan a los pasajeros- sean automáticos y no por pedido”.
Estimó Boasso que “se van a terminar las divergencias cuando tengamos todos los datos, como ocurre con el transporte urbano de pasajeros. En el sistema de taxis lamentablemente no ocurre”.
En tanto, el edil Osvaldo Miatello, de Encuentro por Rosario-Partido Justicialista (PJ), recordó un decreto del 2008 por el cual se le pide al Departamento Ejecutivo que antes de un nuevo aumento de la tarifa de taxis la totalidad de las unidades deben contar con GPS.
Indicó que para diagramar la metodología algunos datos fueron requeridos a empresas de radiollamados. “Pueden ser serios, fidedignos o no”, sostuvo Miatello, al tiempo que reclamó “avanzar en un grado mayor de certeza”.
En una nueva intervención el edil Boasso recordó que el de taxis “es un servicio público impropio” y explicó que “cuando concede una licencia el Estado nunca pierde la regulación del sistema”.
Consideró, por ejemplo, que el Estado debe participar en las discusiones paritarias y en tal sentido precisó: “Puede darse un 200 por ciento de aumento, total después lo paga la gente. El municipio tiene que estar presente”.
Por su parte, la edila Daniela León, de la Unión Cívica Radical (UCR), consideró que “es un problema histórico” respecto que “no quieren el control” y planteó la necesidad “de una vez por todas de garantizar un servicio mucho más eficiente”.
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