Una corte internacional de arbitraje anuló una condena por 9.500 millones de dólares contra la petrolera Chevron en Ecuador, con lo que hirió de muerte la pretensión de pobladores amazónicos de hacer pagar a una multinacional por daños al ambiente.
El fallo, emitido por la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, determinó “que Ecuador es responsable por denegación de Justicia y le ordenó dejar sin efecto la sentencia”, anunció ayer la Procuraduría.
El organismo, que actúa como abogado del Estado ecuatoriano, añadió que puede ser impugnada al tratarse de una decisión de primera instancia.
El tribunal internacional acogió el reclamo de la petrolera, según el cual los abogados de los demandantes “prometieron pagos” a un juez ecuatoriano “a cambio de que les permitiera redactar porciones sustanciales” de la sentencia.
Chevron asumió el pleito en 2001 al adquirir Texaco, que operó en Ecuador entre 1964 y 1990 en consorcio con la petrolera estatal ecuatoriana.
Aunque los indígenas y colonos que entablaron el juicio hace 25 años no han recibido un solo centavo por cuenta de la decisión de la justicia ecuatoriana –debido a que Chevron no tiene activos en Ecuador–, buscaban hacer efectiva la condena en otros países.
Sin embargo, con lo dictaminado en La Haya sus pretensiones quedaron seriamente comprometidas.
“El laudo arbitral es inaceptable. Pretende obligar al Ejecutivo violar la ley y la Constitución de la República. El arbitraje es entre el Estado y Chevron”, expresó en un tuit Pablo Fajardo, abogado de los demandantes.
Fajardo actúa como representante de unos 30.000 pobladores amazónicos que sostienen que Chevron derramó miles y miles de galones de desechos tóxicos que contaminaron sus territorios y fuentes de agua.
En su cuenta de Twitter, agregó que el gobierno de Lenín Moreno “no puede ser cómplice de ese crimen”, aunque sin dar pistas sobre las opciones que emprenderán.
En julio pasado, la Corte Constitucional de Ecuador había cerrado el caso al ratificar en última instancia la condena contra la multinacional.
Una sentencia fraudulenta
El fallo arbitral, que en principio deja en suspenso una de las mayores condenas contra una petrolera por contaminación ambiental, fue dictado el 30 de agosto, pero recién ayer fue divulgado en Ecuador.
“Nos preocupa que un tribunal le pida a un Estado que deje sin efecto una sentencia de una corte nacional dictada en un caso entre privados”, sostuvo el procurador general de Ecuador, Íñigo Salvador, en conferencia de prensa.
En su primer pronunciamiento, la multinacional celebró la decisión de la Corte frente a lo que siempre ha denunciado como una “sentencia fraudulenta”.
Luego de que Texaco terminara con la remediación ambiental, Ecuador “liberó a la compañía de toda responsabilidad por las mismas reclamaciones ambientales que la sentencia fraudulenta ecuatoriana supuestamente decidió”, manifestó R. Hewitt Pate, vicepresidente y director legal de Chevron, en un comunicado enviado a la AFP.
La petrolera acudió ante La Haya en 2009, alegando negación de justicia y con el argumento de que ya había sido liberada por el Estado ecuatoriano de su responsabilidad en los daños causados en la Amazonia.
Efecto bumerán
El laudo arbitral no solo frenó en seco las aspiraciones de los ecuatorianos en su lucha contra el gigante petrolero; también “declara la responsabilidad del Estado ecuatoriano hacia la compañía Chevron por haber violado” un Tratado de Protección de Inversiones entre Washington y Quito y por “haber denegado justicia”, indicó la Procuraduría.
De ahí que ahora el Estado pueda ser sancionado con una millonaria indemnización.
Mientras define un eventual desembolso a Chevron, la Corte también dispuso que Quito deberá “impedir que se intenten nuevas acciones de ejecución del fallo” ante las gestiones que venían realizando los demandantes para cobrar la multimillonaria condena en otros países.
El gobierno de Moreno anunció que pedirá “sancionar a los funcionarios” que ocasionen perjuicios al Estado a causa de fallos en contra.
Asimismo, acusó al gobierno del ex mandatario Rafael Correa (2007-2017) de haber gastado diez millones de dólares para apoyar una campaña privada contra la petrolera.
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