Región

Conflicto inflamable

Aníbal Fernández dilató la venta de refinería San Lorenzo

El ex funcionario kirchnerista es el abogado del propietario de la planta, Cristóbal López. Recusó al juez un día antes de la apertura de sobres para la adjudicación a otra firma, proceso que ahora debe esperar. Los 450 trabajadores están preocupados por las indemnizaciones y su futuro laboral.


Foto: Pablo Soria

Los 450 trabajadores de la refinería San Lorenzo de Oil Combustibles esperaban que este viernes se realice la apertura de sobres para determinar qué empresa iba a ser la adjudicataria de la planta, en el marco del proceso judicial que se lleva adelante producto de la quiebra de la compañía propiedad de Cristóbal López. Pero el abogado del empresario, el ex funcionario de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, Aníbal Fernández, presentó una recusación contra el juez Javier Cosentino, lo que frenó el proceso.

Ahora los empleados se encuentran en una situación de incertidumbre, ya que se dilata el cobro de las indemnizaciones. La refinería San Lorenzo, ubicada en la ciudad homónima, se encuentra paralizada desde hace nueve meses. Sin embargo, los trabajadores perciben sus haberes del dinero embargado por el juez a López. De esas cuentas surgirá el pago de la indemnización.

Las empresas que se presentaron para adquirir la planta son YPF (en sociedad con Dapsa), la holandesa Trafigura y la rusa Lokoil. El precio de base es 42,5 millones de dólares y la compañía de control estatal es la que pica en punta. Es que YPF y Dapsa inyectan 3,3 millones de dólares mensuales para garantizar el mantenimiento de la planta y asegurar el pago de sueldos de los trabajadores. Además, podrán igualar la mejor oferta para quedarse con los activos de la histórica refinería.

La apertura de sobres iba a realizarse este viernes y se esperaba que el lunes o martes de la semana que viene ya se definiera qué empresa se quedaba con la planta, pero Aníbal Fernández recusó a Cosentino, que rechazó el planteo, y ahora la sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial definirá en una semana si acepta o rechaza la recusación. El lunes, el Sindicato Unido de Petroleros e Hidrocarburíferos (Supeh) de San Lorenzo–a través de su representante en el comité de control de la quiebra Héctor Brizuela– apelará la recusación.

Según dijo a El Ciudadano el secretario general de Supeh San Lorenzo, Gerardo Canceco, la demora en el pago de las indemnizaciones preocupa a los trabajadores, y esto se suma a la incertidumbre sobre el futuro laboral. “Con la suba del dólar y la inflación, no es lo mismo cobrar el dinero ahora que en dos o tres meses. Esto produce una dilación en la toma de decisiones en el proceso de quiebra y perjudica a los trabajadores por la depreciación del dinero”, expresó.

La recusación por parte del ex funcionario kirchnerista fue realizada el jueves y sorprendió al gremio y los trabajadores, pero Canceco señaló que “es algo que podía llegar a pasar porque intentaron algo similar hace un mes y se lo rechazaron”.

“Siempre se manejaron con chicanas para entorpecer el juicio y embarrar la cancha. Sorprende porque no teníamos la información de que iba a pasar, pero no sorprende por quienes son los involucrados”, se quejó el secretario general de Supeh San Lorenzo.

Incertidumbre

La principal incógnita para el sindicato y los empleados de la refinería es con qué cantidad de trabajadores contará la firma que adquiera la planta y cuál será su plan de negocios.

Como en toda quiebra, el contrato de trabajo queda suspendido y los trabajadores cobrarán sus indemnizaciones, pero el Supeh teme que no sean absorbidos en su totalidad.

La empresa que resulte adquiriente tendrá la potestad de seleccionar el número de empleados que considere necesario para reactivar la actividad de la refinería. “Esperábamos que se produzca la apertura de sobres y la adjudicación para explicarle a la nueva firma por qué consideramos que deben ser reabsorbidos todos los compañeros”, señaló Canceco.

Un símbolo sanlorencino

La refinería San Lorenzo funciona desde 1968 y hasta 1993 fue propiedad de YPF. En el marco de la privatización de la petrolera estatal por parte del gobierno de Carlos Menem, fue vendida a Pérez Companc.

Luego fue propiedad de la española Repsol y más tarde de la brasileña Petrobras. En 2002 pasó a manos de Oil Combustibles.

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