Luciana Mangó
Natalia Munafo y María Etelvina Álvarez trabajan como choferes de colectivos en la firma estatal Movi desde septiembre del año pasado. Junto a otras compañeras encabezaron el reclamo para que haya mujeres en el transporte público de pasajeros. El pedido llegó a la Justicia donde una jueza entendió que había discriminación por género y se extendió al Concejo Municipal para exigir el cumplimiento de la normativa que garantiza el cupo laboral. Este verano 18 mujeres hicieron reemplazos de vacaciones en el transporte público y esperaban completar la mitad de las vacantes del año. Iba a ser la primera vez que los ingresos contemplaran el cupo de género. Pero la pandemia, y la consecuente baja de boletos, puso en discusión un sistema de transporte que lleva 27 días sin servicio como medida de fuerza ante la falta de cobro de salarios. El Ciudadano charló con tres trabajadoras que contaron cómo viven la medida entre la incertidumbre y la angustia por no cobrar.
La lucha sigue
María Etelvina Álvarez estaciona el taxi para atender el teléfono. Desde que dejó de cobrar el sueldo completo como chofer de colectivos, volvió a su anterior trabajo porque el medio salario no le alcanza para alimentar a sus hijos y pagar los gastos.
“Después de tantos años de lucha y de haber logrado el ingreso, encontrarnos con la incertidumbre de no saber cuándo vamos a cobrar y sostener tantos días de paro genera angustia. Si las empresas nos dijeran que al menos pagan el sueldo en tres cuotas, nos podríamos organizar. Pero es una situación compleja para todos. Salí a buscar al titular con quien antes trabajaba en el taxi porque hay que subsistir”, cuenta a El Ciudadano.
Hace más de 20 años que Álvarez trabaja en el sistema de transporte público. Condujo colectivos interurbanos para la empresa Rosario Bus, fue chofer de taxis y desde octubre del año pasado integra la planta de Movi después de una larga lucha judicial. Para la conductora, el paro que superó los 50 días en los últimos meses es una situación sin igual.
“Te da miedo pensar en lo que está pasando. Una sociedad que no sale a reclamar por la falta de transporte con empresarios que tienen que abonarle la movilidad a sus empleados y tampoco reclaman. Nada ayuda a que esto se solucione, el paro se levante y las empresas cumplan con el sueldo”, opina Álvarez, y teme por la continuidad laboral: “El Cacique devolvió unidades porque no pudo pagarlas. No sabemos si van a tener las suficientes para cubrir los servicios cuando se levante el paro. Tememos que en una reestructuración del transporte se pierdan fuentes de trabajo con todo lo que nos costó llegar”.
Álvarez ingresó al plantel de Movi el 1° de octubre de 2019 y fue la última en entrar de las cuatro mujeres que presentaron el primer amparo judicial. Desde entonces trabaja como “chofer guarda” cubriendo vacaciones y licencias del personal en varias líneas urbanas.
Fallo judicial ordenó reincorporar a cuatro mujeres conductoras de colectivos
“Haber logrado el ingreso después de tantos años de lucha fue una alegría inmensa. Sentí alivio y que todo el tiempo dedicado a esa lucha valió la pena. Amo el transporte pero la pelea por ingresar no fue nada fácil. Poder trabajar de lo que a una le gusta es lo mejor que te puede pasar”, señala, y valora que desde el gremio las tengan en cuenta: “Los comunicados diarios van dirigidos a compañeros y compañeras. Nunca antes las mujeres habíamos sido tenidas en cuenta. El cambio dentro del gremio para dejar de sentirnos discriminadas es posible”.
El año pasado, el ex titular de la UTA de Rosario, Manuel Cornejo, había pronunciado unas polémicas declaraciones cuando justificó la ausencia de mujeres al volante con argumentos biologicistas. “El cuerpo de la mujer no está preparado para manejar un colectivo. Es un trabajo muy, pero muy duro para una mujer”, dijo, y recibió el repudio de numerosos sectores políticos y sindicales.
Incertidumbre
Natalia Munafo cuenta que vive sus días con incertidumbre. Vive sola y celebra no tener que pagar un alquiler, pero sabe que la situación de otras compañeras y compañeros es más difícil. “Algunos tuvieron que buscar otros trabajos o sacar créditos”, dice.
Lo último que cobró fue dos cuotas de 4 mil pesos y el medio salario del mes de junio sin aguinaldo. La preocupación monetaria se mezcla con la angustia ante la falta de actividad de un servicio esencial en medio de una pandemia. “Me apena que la gente no pueda usar el transporte público porque afecta a otros rubros que lo necesitan para moverse. La poca actividad que hay se frena porque no hay transporte. Me parece una falta de responsabilidad que no solucionen el pago”, opina.
Munafo trabaja en la empresa Movi desde mediados de septiembre. No tiene una línea fija pero suele subir a las 113 o 153 para cubrir licencias o vacaciones.
“De entrada fui bien recibida. Arrancamos con toda la euforia y las ganas después de tantos años de lucha”, cuenta. La colectivera integró el primer amparo presentado en la Justicia y fue una de las cuatro mujeres que ingresó al servicio público de la firma municipal. Tres lo hicieron después de una primera presentación y en un segundo amparo entró otra compañera más.
La visibilización de la falta de lugar para las mujeres en el transporte público de pasajeros llevó a que el Concejo Municipal actualice una normativa del año 2006 para que la mitad de las vacantes sean ocupadas por mujeres.
Durante este verano, otras 18 mujeres hicieron reemplazos de vacaciones y esperaban completar la mitad de las vacantes para este año. Pero la pandemia frenó los ingresos y ahora esperan con incertidumbre que las vuelvan a llamar.
“Con el cupo teníamos asegurado que al menos la mitad de las vacantes iban a ser ocupadas por algunas de estas chicas. Con la pandemia no pudieron ingresar. Iba a ser el primer año donde se respetara el cupo de mujeres en los nuevos ingresos pero ya no se va a lograr. Las empresas renuevan personal todos los años”, explica Munafo.
“Esperamos que se pueda resolver la situación lo antes posible, por los trabajadores y por la gente que necesita el servicio. La situación es angustiante. Sentimos que no estamos siendo valoradas en un servicio tan esencial. Además, como trabajadores estamos atados de pie y mano, porque por un lado las empresas deciden no abonar los sueldos y, por el otro, el gremio decide el corte de crédito laboral”, agrega.
Sostén
Romina empezó a trabajar para la firma El Cacique en enero. Vive con sus dos hijos, de 19 y 11 años. Es cabeza de hogar y el colectivo era su único ingreso. Hoy no sabe cómo llegar a fin de mes. “Encima de no trabajar no tenés una entrada, estás siempre sin plata. Todos los meses me quedan cosas sin pagar. Cuesta mucho vivir así. Me da vergüenza pero en el barrio me conocen y tengo que pedir fiado”, cuenta y se tranquiliza al recordar las palabras del delegado gremial quien le aseguró que no iban a perder ningún puesto laboral.
Romina confiesa que le cuesta sostener la medida de fuerza porque no sabe estar sin trabajar. “Laburo desde los 16. No sé hacer otra cosa que salir y trabajar. Me angustia esta situación y este último paro me encontré con menos plata que el anterior”, dice.
Para el primer paro tuvo que sacar un crédito y cuando se inició la nueva medida fue a pedir otro. La falta de un garante no le permitió tomarlo. “Hay compañeros con el sueldo embargado porque tienen que pagar una cuota alimentaria y hoy no tienen de qué vivir”, agrega.
Romina trabajó durante seis años arriba de un taxi y cubrió vacaciones en varias líneas de la empresa El Cacique. Repartió CV en La Mixta y la Semtur pero fue recién cuando se sumó al reclamo de las mujeres colectiveras que logró ingresar. En diciembre la llamaron de El Cacique donde empezó a trabajar a principios de este año.
“Fue un logro. Tengo 45 años y soy la mayor de las últimas que entramos. Hacía muchos años que no trabajaba para una empresa y haber sido seleccionada fue un regalo. Recibí un muy buen trato de todas mis compañeras y compañeros”, señala.
Para ella trabajar arriba de un colectivo “la salvó”. “Me fascina manejar y el trato con la gente. El colectivo es maravilloso, parece que hubiera manejado toda la vida. Es interesante porque escuchás un montón de cosas y resulta enriquecedor. Las pasajeras me felicitaban y mis compañeros de trabajo siempre me enseñaron y me trataron como una igual”, cierra.
Medida de fuerza
Las y los choferes del transporte urbano de colectivo mantienen una medida de fuerza en reclamo por la falta de cobro de la totalidad del salario, aguinaldo y dos cuotas de un bono otorgado por decreto. Hasta este domingo el paro de transporte público urbano e interurbano de pasajeros alcanza los 27 días consecutivos en Rosario y en localidades aledañas.
Ejemplar
En septiembre del año pasado el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral de la Décima Nominación de Rosario resolvió que la empresa Movi Rosario SAU debía incorporar a Natalia Verónica Munafo, María Etelvina Álvarez, Alejandra Isabel Avendaño y Silvina Ada Moreno como “chofer guarda”. Las trabajadoras habían pasado los exámenes exigidos para conducir colectivos, habían sido contratadas para cubrir licencias por vacaciones, pero no fueron incorporadas a planta permanente pese a haber existido 19 vacantes, que fueron completadas por hombres.
La jueza Paula Calace Vigo entendió comprobada la discriminación por género, no sólo por el incumplimiento a la normativa estatal de 2006 que busca garantizar la “igualdad real de oportunidades” sino porque la empresa tampoco ofreció alguna prueba que desacreditase la idoneidad de las cuatro mujeres que ya se habían desempeñado como choferes.
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