El demorado juicio oral por el asesinato del obispo Enrique Angelelli, cometido el 4 de agosto de 1976 durante la última dictadura militar, comenzará hoy en La Rioja contra dos de los cinco represores imputados originariamente, ya que tres de ellos fallecieron.
De esta forma, desde hoy serán juzgados el multicondenado represor Luciano Benjamín Menéndez y el comodoro Luis Estrella, por homicidio calificado y asociación ilícita agravada.
En tanto, los otros tres acusados en la causa, Albano Eduardo Harguindeuy, Jorge Rafael Videla y Juan Carlos Romero, fallecieron por lo cual se les declaró la extinción de la acción penal.
El tribunal estará integrado por José Camilo Quiroga Uriburu como presidente y los jueces de Cámara Subrogantes Carlos Julio Lascano, del Tribunal Federal 1 de Córdoba, y Juan Carlos Reynaga, del Tribunal Federal de Catamarca.
Por el Ministerio Público actuarán los fiscales generales Michel Horacio Salman y Darío Illanes; los querellantes serán Miguel Ángel Morales por la Organización Tiempo Latinoamericano; Pedro Goyochea y Mirta Sánchez por el Obispado de La Rioja y Guillermo Díaz Martínez por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Los hechos que se ventilarán desde hoy ocurrieron el 4 de agosto de 1976 cuando el entonces obispo de La Rioja, Enrique Ángel Angelelli Carletti, regresaba desde la ciudad de Chamical, donde había participado de una misa en memoria de los sacerdotes asesinados que pertenecían a su diócesis Carlos Murias y Gabriel Longueville.
Angelelli viajaba en una camioneta Fiat 125 Multicarga junto al ex sacerdote y amigo personal Arturo Pinto cuando a la altura de Punta de Los Llanos (100 kilómetros al sur de la capital), según testigos y el mismo Pinto, un automóvil de color blanco que supuestamente era un Peugeot 504 se cruzó por delante de la camioneta, lo que provocó que el vehículo saliera de la ruta y volcara.
Producto del vuelco, Angelelli salió despedido y falleció prácticamente en el acto, en tanto que Pinto quedó dentro del vehículo inconsciente.
El cuerpo del obispo quedó sobre la ruta y es allí donde las versiones indican que los ocupantes del automóvil blanco bajaron y le dispararon en la nuca.
Los dos imputados que llegaron vivos al juicio están acusados por el asesinato de Angelelli y el intento de asesinato del sacerdote Pinto, testigo clave del caso para desbaratar la versión oficial de la dictadura de que la muerte del obispo riojano se produjo en un accidente automovilístico.
Esa versión dictatorial, aceptada durante años por la jerarquía eclesiástica, pretendía que Angelelli y Pinto se accidentaron.
No obstante, Pinto declaró que después del vuelco, tras haber permanecido inconsciente en el lugar, vio el cuerpo de Angelelli a poca distancia con signos de lesiones graves en la nuca.
La autopsia confirmó que Angelelli murió a consecuencia de un golpe de elemento contundente en el hueso occipital, además de haber sufrido otras heridas y lesiones, incluida la fractura de varias costillas.
Durante la instrucción de la causa se estableció que Angelelli fue asesinado porque, desde julio de 1976, investigó por cuenta propia los homicidios de Murias y Longueville.
Cuando fue asesinado, el obispo llevaba una carpeta con importante información sobre el asesinato de los dos sacerdotes, en la cual se responsabilizaba por el crimen a represores de la dictadura, en especial militares de la base de la Fuerza Aérea en Chamical.
El juicio por el homicidio de Murias y Longueville concluyó en diciembre de 2012 con la condena a prisión perpetua de Menéndez, Estrella y el policía Domingo Benito.
Archivada durante la dictadura, la causa por el asesinato de Angelelli fue reabierta en 1986 en La Rioja, pero se frustró a raíz de las leyes de impunidad, derogadas recién en 2005, durante la presidencia de Néstor Kirchner.
Reabierta en 2009, María Elena Coseano, sobrina del obispo asesinado, se presentó como querellante en la causa junto con el Obispado de La Rioja y las secretarías de Derechos Humanos de La Rioja y de la Nación.
Religiosos que trabajaban con la gente humilde, víctimas de los dictadores
La Masacre de San Patricio, los asesinatos de los obispos de La Rioja, Enrique Angelelli, y de San Nicolás, Carlos Ponce de León, y del padre Carlos Mugica, y los sacerdotes conocidos como “mártires de El Chamical”, son algunos ejemplos de la persecución del gobierno militar o fuerzas parapoliciales que operaban antes de 1976 a aquellos religiosos católicos que trabajaban para la gente humilde.
Si bien parte de los integrantes de la Iglesia católica fueron cómplices del régimen militar, hubo un sector –señalado como los “curas rojos”– que luchó contra las atrocidades que se cometieron.
Este grupo se caracterizó por la expresa condena a las violaciones de los derechos humanos, la participación en manifestaciones, cartas y homilías públicas contra el accionar represivo, las denuncias al exterior y el acompañamiento a los familiares de desaparecidos.
Según el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, al menos dieciocho sacerdotes fueron asesinados o figuran como desaparecidos, otros diez curas estuvieron presos en la dictadura; treinta fueron secuestrados y derivados a los centros clandestinos de detención y luego liberados; once seminaristas fueron asesinados o figuran como desaparecidos y se cree que son más de medio centenar los católicos laicos víctimas de la represión ilegal.
El primer religioso asesinado fue el padre Carlos Mugica quien fue ametrallado en 1974 en la ciudad de Buenos Aires, todavía durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón, y cuando la Triple A realizaba la persecución para eliminar a la “guerrilla”.
Ya bajo la dictadura militar, las primeras víctimas de la Iglesia aparecieron en la provincia de La Rioja, el 18 de julio de 1976 cuando el párroco francés Gabriel Longueville y el sacerdote Carlos de Dios Murias fueron secuestrados en la parroquia El Salvador, de El Chamical, y sus cuerpos fusilados.
La siguiente víctima fue el obispo de La Rioja monseñor Enrique Angelelli, cuya muerte ocurrió el 4 de agosto de 1976, en un incidente automovilístico confuso, cuando viajaba a Buenos Aires con la denuncia sobre el secuestro y homicidio de dos sacerdotes.
Los religiosos palotinos Alfredo Leaden, Alfredo Kelly y Pedro Duffau y los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti fueron asesinados en la madrugada del 4 de julio de 1976 por un grupo de tareas que ingresó por la fuerza a la iglesia de San Patricio, en el barrio porteño de Belgrano, hecho conocido como la Masacre de San Patricio.
En tanto, monseñor Carlos Ponce de León, obispo de San Nicolás de los Arroyos, también fue asesinado en un supuesto accidente el 11 de julio de 1977, cuando se dirigía a la Capital Federal para entregar a la nunciatura documentación relativa a la represión ilegal implementada en la provincia de Santa Fe.
Uno de los casos que tomó más trascendencia a nivel internacional fue el de las monjas francesas de las Misiones Extranjeras, Alice Domon y Léonie Duquet, cuya desaparición ocurrió en diciembre de 1977 junto al denominado grupo de la Iglesia de la Santa Cruz que integraban las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo.
Hasta ahora, el único miembro de la Iglesia que fue sentenciado por violaciones a los derechos humanos fue el ex capellán de la policía bonaerense Christian von Wernich.
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