Los colegios de Escribanos y de Abogados de Rosario denunciaron ante la Justicia que uno de los miembros del tribunal que elige profesionales para ocupar registros vacantes en la 2ª circunscripción recibió amenazas telefónicas. Según confirmaron desde el gobierno provincial, el hecho ocurrió en el marco de la segunda implementación del modelo de concurso establecido por la provincia a partir de 2007 pasado, que busca dar transparencia a las designaciones tanto de escribanos como de jueces. Según fuentes judiciales la investigación de la presunta amenaza está en trámite.
En diálogo con El Ciudadano, Lisandro Sylvestre Begnis, patrocinante de la denuncia judicial, explicó que el miércoles pasado uno de los integrantes del tribunal que evalúa a los aspirantes a ocupar los 16 registros notariales vacantes en la 2ª circunscripción, recibió una amenaza telefónica. Un día después de ese llamado, el escribano Jorge Alberto Gil, en representación del Colegio de Escribanos de Rosario y representado por Begnis, radicó una denuncia en el juzgado de Instrucción Penal 6ª, a cargo de Raquel Cosgaya.
De acuerdo al relato de Begnis, el miembro del jurado –del que prefirió reservar la identidad por cuestiones de seguridad y no entorpecer la investigación– recibió un segundo llamado de la misma persona, que repitió la amenaza: “Van a ser boletas. Avisale al resto del tribunal”. Según indicó, el llamado habría provenido de “una o más personas que evidentemente estaban enojadas por no figurar en la lista (de postulantes a los registros vacantes)”.
“Este hecho constituye un ataque a la equidad y transparencia con las que se lleva adelante dicho concurso de oposición y antecedentes, que califica objetivamente a los postulantes a la titularidad de los Registros de Contratos Públicos creados por el Estado provincial y que se encuentran vacantes”, consta en la denuncia judicial.
Los registros vacantes
Hace dos meses se abrió en la provincia el concurso para acceder a 19 registros notariales que se encuentran vacantes. La mayoría de ellos se encuentran en la ciudad y el resto en la zona de influencia, por lo cual están bajo la órbita del Colegio de Escribanos de Rosario. Son puestos que deben ocuparse por fallecimientos o jubilaciones de los anteriores titulares.
“Se presentaron 80 postulantes para 16 cargos en Rosario y otros tres para zonas aledañas. Sólo 28 aspirantes aprobaron; y de ese total, 25 son de Rosario; luego quedaron afuera nueve postulantes tras realizarse el cotejo de méritos, que tiene que ver con antecedentes como, por ejemplo, haber dado clases”, resumió Begnis.
Según el asesor letrado, el procedimiento de concurso consiste en un examen, un cotejo de puntuación por mérito y una entrevista personal. Los exámenes –que incluyen preguntas sobre metodología de trabajo notarial y conocimientos sobre Derecho– son corregidos con un doble código cruzado para que ninguno de los miembros del jurado sepa a quién están corrigiendo. Otro detalle es que el tribunal examinador está integrado por un representante del Colegio de Abogados, uno del de Escribanos y otro del Ministerio de Justicia provincial.
“Esa es la transparencia que por primera vez en el país vamos a tener, que designará más allá de las conveniencias políticas a jueces y escribanos capacitados y profesionalizados”, argumentó Begnis.
“La cobardía y la bajeza de la conducta amenazante indigna a propios y extraños, intentando con ello modificar el resultado (aunque vanamente, por cierto) de los principios de Justicia y Libertad a los que aspira nuestra sociedad santafesina, empeñada en lograr tales metas aplicando procedimientos ejemplares claramente establecidos por el decreto 2.446 de 2010, tanto para con la conformación del tribunal calificador como para el reglamento de funcionamiento y calificación para la evaluación de los postulantes para acceder a los registros notariales vacantes en la provincia”, especifica el texto de la denuncia.
En diálogo con El Ciudadano, el secretario de Justicia de Santa Fe, Roberto Vicente, confirmó que se radicó una denuncia por amenaza telefónica a uno de los integrantes del jurado aunque relativizó la gravedad del hecho. “Es el segundo concurso que se realiza desde que este gobierno (provincial) comenzó a interesarse en mejorar la forma de elegir estos puestos. El primero fue en 2009 y no hubo ningún problema”, aclaró el funcionario.
De acuerdo con Vicente, antes no existía legislación sobre la reglamentación para otorgar los registros notariales, situación que derivaba en designaciones viciadas en las que los familiares del profesional que se retiraba recibían el registro sin más trámite.
“Lo que se hizo fue ponerlos en situación de igualdad a todos. Más allá de los exámenes también existe un control ético en audiencias posteriores a las que los elegidos tiene que comparecer”, concluyó el funcionario provincial.
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