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Amado Boudou, un traidor a su clase

En 2008 Boudou le propuso al matrimonio Kirchner la reestatización del sistema de jubilaciones y pensiones. La propuesta se convirtió en un proyecto que el parlamento transformó en la Ley 26.425. Hace un año que está preso


Mauro Federico/ puenteaereodigital.com

La escena forma parte de la película Asesinato en el Senado de la Nación, dirigida en los albores democráticos por Juan José Jusid. Los protagonistas son dos actores de fuste: Pepe Soriano y Villanueva Cosse. La acción muestra a dos esgrimistas que tras cruzar floretes en el aristocrático club de Gimnasia y Esgrima, entablan un diálogo político. Uno de ellos –Soriano– encarna al senador santafesino Lisandro de la Torre. El otro –Cosse– a su par bonaerense, Alberto Barceló. Todo sucede durante 1935, cuando el fundador del Partido Demócrata Progresista llevaba adelante una investigación parlamentaria sobre el acuerdo bilateral entre los gobiernos argentino y británico por el cual nuestro país se comprometió a venderle carne al Reino Unido a un precio menor al de los propios proveedores de la Commonwealth e importar toda clase de productos con exención arancelaria, acción que terminó por arruinar a la pequeña industria nacional.

Aquel pacto llevó el nombre de los funcionarios que lo suscribieron en representación de sus respectivos países: el vicepresidente argentino Julio Argentino Roca y el representante inglés Walter Runciman. Además de la denuncia política en el Congreso, De la Torre había efectuado una denuncia penal contra las compañías extranjeras por evadir impuestos, ya que declaraban carne de vaca vieja, pero importaban novillos de primera calidad. Durante un descanso entre las estocadas, el dirigente conservador le espeta a don Lisandro: “Usted es un traidor a su clase”. De lengua filosa, De la Torre le contesta: “Puede ser, yo seré un traidor a mi clase, pero usted, usted… es un traidor a su patria”.

Este lunes se cumple un año de la arbitraria detención de Amado Boudou, condenado a cinco años y diez meses de prisión tras ser encontrado culpable por “cohecho pasivo” y “negociaciones incompatibles con la función pública”, en el marco de la denominada causa Ciccone. Aquel proceso judicial, acicateado por un sector de la corporación mediática e instruido por una Justicia tiempista, se basó en el testimonio de un ignoto personaje presentado como “el testaferro” del ex vicepresidente, a quien nunca se pudo siquiera vincular personalmente con Boudou y al que el gobierno de Mauricio Macri le pagó por los servicios prestados como falso testigo con un hotel boutique en la provincia de Mendoza.

El cúmulo de irregularidades que tuvo la causa –incluso hasta en su paso por Casación, donde el fallo fue confirmado– hace difícil que pueda ser leído solo en clave judicial. La defensa del ex funcionario siempre atribuyó la saña que evidencia el fallo en una represalia de las corporaciones por haber nacionalizado las jubilaciones, poniendo fin al sistema de administradoras de fondos previsionales creado durante la década menemista. En su alegato defensivo previo a la lectura de la condena, el propio Boudou lo expresó con claridad: “Acá también hay una cuestión de revancha de clase, de aleccionar, de que nadie se tiene que animar a cambiar las cosas. Los políticos que deciden cambiar la realidad son perseguidos. Primero desde el punto de vista mediático, luego desde el sistema de justicia”.

En 2008 Boudou le propuso al matrimonio Kirchner la reestatización del sistema de jubilaciones y pensiones. La propuesta se convirtió en un proyecto que el Parlamento transformó en la Ley 26.425, derogando el sistema de capitalización individual administrado por las AFJP vigente desde 1995. La medida significó una gran transferencia de ingresos que afectó sustancialmente al sector financiero privado y la organización de un nuevo sistema previsional basado en el reparto solidario.

Es evidente que las decisiones político-económicas influyen en el avance o retroceso de los derechos del sector pasivo. Por eso el régimen a aplicar es fundamental, porque no es lo mismo un sistema de Reparto Público –solidario por naturaleza– que el régimen de Capitalización, cuya filosofía es la maximización del beneficio para quienes lo operan, sin importar las consecuencias para sus beneficiarios. Sin duda, las políticas adoptadas siempre están en sintonía con la ideología del gobierno de turno: para beneficio de todos los habitantes o sólo a favor de algunos sectores minoritarios.

Formado ideológicamente por uno de los think tank del universo neoliberal (la Universidad del CEMA) Boudou se enroló a muy temprana edad en las filas de la agrupación universitaria de la Unión del Centro Democrático (UCeDe), lo que pudo haberlo transformado en un Golden Boy del establishment económico. Sin embargo, al igual que De la Torre, eligió traicionar a su clase, antes que a su patria. Y hoy paga las consecuencias de su osadía en la celda de un penal federal, mientras aguarda que el mismo sistema que lo condenó sin cumplimentar las normas del debido proceso, haga justicia realmente y no una parodia para satisfacer el humor de los gobernantes de turno.

Desafío 2020

Alberto Fernández sabe que debe blindar el sistema previsional argentino del apetito voraz del capital financiero que sólo ve los recursos de los aportantes como un botín para maximizar sus ganancias. A la vez, enfrenta el difícil desafío de ordenar las cuentas públicas y reducir el déficit fiscal en medio de un endeudamiento asfixiante contraído por su antecesor. A los acreedores no les alcanzan los gestos de buena voluntad, ni los compromisos verbales de los funcionarios. Requieren pruebas concretas que evidencien la declamada intención de devolver lo prestado. Y para eso demandan una demostración de buena administración de los recursos públicos. Claramente, la mira está puesta en la Seguridad Social, que representa el 61,9% del gasto primario del Presupuesto.

El esquema de actualización de haberes jubilatorios diseñado por el macrismo fue tan mal pensado que colocó al país al borde del default interno. El corazón del paquete era el cambio de la fórmula con la que se venían actualizando los beneficios de la seguridad social, adoptando la recomendación del FMI de actualizar los beneficios por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), con el fin de generar un recorte estimado entre 80.000 y 100.000 millones de pesos (equivalentes a 4600 y 5500 millones de dólares). Claro que eso hubiera funcionado si las previsiones inflacionarias del gobierno anterior hubiesen guardado una mínima relación con la desastrosa realidad que sus propias políticas generaron. Pero no fue así. Y el cumplimiento de la fórmula se transformó en una espada de Damocles para las cuentas públicas.

Por eso Fernández dispuso la derogación de la ley y su reemplazo por un nuevo plexo normativo denominado “De solidaridad social y reactivación productiva”, que emparchó la pinchadura como para llegar hasta boxes y evitar el despiste, comprometiendo para marzo el anuncio de una nueva fórmula de actualización de haberes para la seguridad social. Este viernes, el Gobierno anunció el aumento del 13% en los haberes de las jubilaciones mínimas y en los montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH), mientras que el resto de las jubilaciones recibirán una suma fija de 1500 pesos y un 2,3% adicional. El titular de la ANSES, Alejandro Vanoli, aseguró que “el 86,8% de los beneficios tendrán un incremento mayor a la formula derogada”. Y agregó: “Estamos hablando de 11,8 millones de personas que reciben un beneficio adicional, y si contáramos el bono de 5000 pesos de enero, las jubilaciones inferiores a 20.000 pesos tendrán un incremento en el trimestre del 18%”.

La contracara de esta iniciativa es la realidad que les toca aceptar al 13,2 % de los jubilados a los que la nueva tabla porcentual le otorga incrementos por debajo del cálculo anterior. Aquellos que, por ejemplo, tienen haberes por encima de los 25.000 pesos, obtendrán readecuaciones inferiores al cálculo correspondiente a los de haberes mínimos. La promesa de favorecer a los que menos tienen está cumplida. Sin embargo, el Estado no queda exento de una catarata de juicios por parte de aquellos que sienten vulnerados sus derechos al ser discriminados en el incremento segmentado por una fórmula desigual. La teoría de la manta corta, una vez más, condena al frío a un sector. Esta vez la elección favoreció a los pies, que están más abajo. Habrá que ver cómo se arrima un poco de calor a los hombros, para que no se congelen

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