Edición Impresa, Política

Guerra judicial

Allanaron propiedades de CFK

Por orden del juez Bonadio, se realizaron operativos en departamentos de la firma hotelera Los Sauces en los barrios porteños de Puerto Madero y Constitución, pertenecientes a la ex presidenta y su hijo Máximo, en busca de documentación.


El juez federal Claudio Bonadio ordenó allanar ayer las sedes de dos administraciones de consorcio de los edificios donde hay departamentos a nombre de la sociedad Los Sauces, de Cristina Kirchner y su hijo Máximo, en los barrios porteños de Puerto Madero y Constitución en busca de comprobantes de pago de impuestos, en la causa en la que se los investiga por supuesto enriquecimiento ilícito.

Según la orden judicial, Bonadio dispuso allanar las “oficinas de administradores de consorcio” ubicada en Guevara 335 en el barrio porteño de Puerto Madero para obtener documentación sobre departamentos ubicados en Guevara 329/93, Juana Manso 501/99 y Machaca Güemes 3322/94.

En estos edificios hay departamentos a nombre de Los Sauces, una empresa del rubro hotelero propiedad de Cristina y de sus hijos Máximo y Florencia Kirchner.

El otro procedimiento se ordenó en una administración de Sarandí 1467, en Constitución, con relación a un departamento de San José 1111, donde vive Florencia Kirchner.

Los allanamientos se ordenaron porque el juez había librado, ya sin éxito, órdenes de presentación para obtener la documentación, informaron las fuentes del caso.

Del allanamiento a la administración en Puerto Madero, personal del juzgado se llevó gran cantidad de documentación y comprobantes vinculados a los pagos hechos en relación a los departamentos objeto de la investigación.

El juez Bonadio había habilitado “al uso de la fuerza pública y la fractura de puertas de acceso interiores que se encuentren cerradas, armarios, escritorios y todo acceso” que fuera de interés, algo que se llevó a cabo ante la resistencia a colaborar con el operativo judicial.

En la causa están imputados la ex presidenta y su hijo Máximo, a raíz de una denuncia de la diputada Margarita Stolbizer que fue impulsada por el fiscal federal Carlos Rívolo y está bajo secreto de sumario. Días atrás, el fiscal Rívolo imputó a la ex presidenta y a su hijo Máximo por los delitos de falsificación de documento público y enriquecimiento ilícito.

La denunciante Stolbizer acusó de inconsistentes las declaraciones juradas presentadas por la ex presidenta en los últimos años, y por eso la imputación por falsificación de documentos públicos.

Al inicio del caso, el fiscal Rívolo había pedido que esta causa quedara en poder de Daniel Rafecas, puesto que éste también investigaba irregularidades en las declaraciones juradas presentadas entre 2010-2013.

Pero Rafecas lo rechazó y ahora la causa Hotesur, junto con las inconsistencias en las declaraciones juradas presentadas por Cristina Kirchner durante ese año, quedó a cargo del juez Julián Ercolini, tal cual lo resolviera la próxima semana la Cámara Federal.

Marcha atrás

La Justicia dio marcha atrás en un operativo que se había ordenado en el departamento que habita el ex ministro de Planificación Federal y actual diputado kirchnerista Julio De Vido, a raíz de que posee fueros, en el marco de una causa en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.

Un premio del presidente

Al igual que su padre, Martín Báez mencionó en el escrito que presentó ayer ante la Justicia que Austral Construcciones se asoció con la firma Iecsa del primo del presidente Mauricio Macri para participar de la licitación de los proyectos de las usinas hidroeléctricas en Santa Cruz.

La mención a la empresa fue específica en el descargo que presentó en lugar de someterse a indagatoria en la causa por lavado de dinero: en un apartado detalló sus actividades y también fue identificado su titular, Ángelo Calcaterra.

Tanto Lázaro como Martín Báez hicieron hincapié en esta sociedad al negar la propiedad de Helvetic Group y señalar que recibieron un préstamo de esa firma para afrontar la licitación para la construcción de las represas Kirchner y Cepernic en Santa Cruz.

Casanello ordenó la captura del presidente de Helvetic

El juez federal Sebastián Casanello ordenó ayer la captura nacional e internacional de Marcelo Ramos, presidente de la firma Helvetic Service Group, que compró la financiera SGI, más conocida como La Rosadita, en el marco de la investigación por lavado de dinero que involucra a Lázaro Báez.

Fuentes judiciales informaron a la agencia Noticias Argentinas que el magistrado hizo lugar a un pedido del fiscal Guillermo Marijuán sobre Ramos, quien está citado a indagatoria para el 13 de mayo. La orden de detención fue solicitada luego de que Lázaro y Martín Báez aseguraran en sus respectivas indagatorias que Helvetic Service Group les otorgó más de 208 millones de pesos como préstamo para afrontar la licitación para la construcción de dos represas en Santa Cruz.

Marijuán pidió la detención para asegurar la indagatoria de Ramos, prevista para la semana próxima, ya que no pudo ser notificado de la convocatoria por permanecer fuera de la Argentina.

A la Fiscalía le llamó la atención que la firma Austral Construcciones, de Báez, haya recibido ese préstamo para un proyecto de obra pública, el cual finalmente no se realizó, y no se dejó constancia si los fondos fueron o no devueltos a Helvetic Service Group.

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