Los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra de la Agencia de Criminalidad Organizada solicitaron un allanamiento que se llevó adelante en el Centro Cultural Árabe en el marco de una investigación por juego clandestino que tiene entre sus involucrados al ex fiscal Regional de la Segunda Circunscripción, Patricio Serjal y al fiscal Gustavo Ponce Asahad. La medida estuvo a cargo del personal del Organismo de Investigaciones (OI-Policía Judicial) arrancó este miércoles por la mañana y tuvo el apoyo de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE), ya que tuvieron que irrumpir en el lugar porque no le facilitaron la entrada, según indicaron fuentes relacionadas al caso. El objetivo fue la búsqueda de material, documentación de interés para la causa y un relevamiento de cámaras de seguridad.
Es que la sede del Centro Cultural Árabe “Iamame Charife”, ubicada en Dorrego 1251, apareció en una declaración del empresario arrepentido Leonardo Peiti involucrado en una causa por asociación ilícita dedicaba a la extorsión y al juego clandestino.
El hombre –quien aseguró que le pagaba al fiscal Gustavo Ponce Asahad con la anuencia de su superior, el entonces fiscal Regional, Patricio Serjal entre 4 y 5 mil dólares por mes por información y protección– dijo que fue varias veces a este edificio citado por Ponce Asahad.
El último encuentro que mantuvieron, según los dichos de Peiti, fue el 9 de julio pasado cuando le entregó 10 mil dólares después de negociar los 100 mil que le había pedido en un primer momento para evitar que prosperara una investigación en su contra, de acuerdo a lo que figura en la acusación fiscal.
El arrepentido declaró: “Siempre fui a ese lugar a juntarme con Gustavo (en referencia a Ponce Asahad), él tenía la llave y nunca había nadie, él entraba y salía. Como que se manejaba era el dueño, no lo se”, contó.
Ponce Asahad al igual que su superior Serjal y el empleado del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Nelson Ugolini, fueron imputados en agosto pasado por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y transmisión de datos reservados. Ponce Asahad y su ex jefe están presos preventivamente y recientemente se revisó la medida cautelar donde se les prorrogó la medida cautelar hasta febrero del año próximo.
Este miércoles por pedido de los fiscales, el personal de la OI llegó con una orden judicial que efectivizó junto al personal de TOE. Buscaron documentación y archivos de las secuencias tomadas por las cámaras de seguridad que están en el lugar.
La causa
El entonces fiscal Regional de la Segunda Circunscripción –con sede en Rosario y que abarca 79 fiscales del sur provincial–, Patricio Serjal; el fiscal a su cargo Ponce Asahad y el empleado del MPA Ugolini están imputados desde mediados de agosto pasado por diseñar y ejecutar un plan cuyo objeto fue recibir dinero del empresario del juego Peiti. A cambio, los funcionarios judiciales se comprometieron a transmitir información reservada, no investigar hechos que podrían constituir delitos, interferir en las investigaciones en curso, retardar u omitir dictámenes propios de su competencia, todo con el objeto de que no prosperen imputaciones contra Peiti, se describió en las imputaciones.
Según la acusación de la Fiscalía, Serjal acordó con Peiti que quien se encargaría de mantener el vínculo con él a los fines de cumplir con este pacto sería Ponce Asahad, reafirmando el acuerdo que tenían con el mismo desde diciembre de 2018 que perduró hasta mediados de julio de este año, donde el último de los pagos que dijo hacer el empresario del juego legal e ilegal fue en la sede del Centro Cultural Árabe.
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