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Algodonera Avellaneda: imputan a abogado de Vicentin por instigar violento desalojo de trabajadoras

Una manifestación en la puerta del complejo industrial de Vicentin en la ciudad norteña fue el escenario de una manifestación que derivó en un desalojo violento cuando motociclistas, comandados por el letrado, llegaron y entraron con los rodados. Dos mujeres fueron lesionadas


El letrado Héctor Vizcay y otros tres empleados del grupo Vicentin fueron imputados por lesionar a trabajadoras que se manifestaban en el ingreso de la empresa Algodonera Avellaneda SA, firma que pertenece al grupo. A mediados del año pasado las manifestantes eran parte de una protesta que impedía el ingreso al parque industrial donde se encuentra la firma, ubicado en esa ciudad del norte santafesino, cuando llegó el abogado con un grupo de personas motorizadas que entraron por la fuerza y lastimaron a dos de las manifestantes. El fiscal del caso imputó a cuatro personas, entre ellas el letrado, por lesiones leves agravadas.

El hecho se produjo el 18 de agosto cuando un grupo de empleados de la Algodonera Avellaneda SA se manifestaban en la puerta del parque industrial donde está ubicada la firma del grupo Vicentín. Según la imputación que hizo el fiscal Aldo Gerosa de Reconquista, el abogado Héctor Vizcay llegó pasadas las 5 al ingreso del parque industrial donde se llevaba adelante la manifestación con otras personas que estaban en moto y bicicletas. En esas circunstancias instigó a sus acompañantes para que avancen con sus motos e ingresen al predio por la fuerza a pesar del corte, reconstruyó la teoría fiscal el portal Aire de Santa Fe.

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Ello derivó en el atropello de dos mujeres que resultaron lesionadas y radicaron una denuncia por el hecho, que causó conmoción en medio del conflicto y las denuncias penales que atraviesa el grupo económico, y también el repudio de las centrales sindicales.

Esta semana el abogado y los tres empleados que participaron del hecho fueron imputados por el fiscal por el delitos de lesiones leves agravadas por el concurso premeditado de dos o más personas en carácter de instigador para el letrado y de coautores para los empleados, según el mencionado sitio web.

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