Guillermo Correa
Los gastos de consumo del hogar para una pareja de jubilados en Rosario treparon en diciembre último a 294.159,26 pesos, con lo que quienes perciben el haber mínimo –la mitad de la pirámide– dependen de los bonos extraordinarios para alcanzar el umbral. Así lo midió el Centro de Educación, Servicios y Asesoramiento al Consumidor (Cesyac) que relevó una canasta de 50 porciones de productos alimenticios que arrojaron un costo de $137.705,70, y 13 servicios de la vivienda, que alcanzaron un valor de $156.453,56. Durante 2023 el gobierno anterior aplicó la fórmula de movilidad jubilatoria que dejó a la canasta relevada por debajo de dos haberes mínimos, pero a partir de septiembre los precios tuvieron una aceleración que los dejó fuera de ese rango y apeló a bonos extraordinarios. Ahora con el haber mínimo de $105.713 quienes cobran la mínima sólo alcanzan a cubrir el 71,9% del conjunto, en el momento en que el nuevo gobierno nacional plantea dejar sin efecto la ley de Movilidad y definir en forma discrecional los reajustes, y desactivar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de todo el sistema.
El Cesyac relevó un conjunto de productos de consumo masivo calculando una proporcionalidad entre comestibles envasados, cortes de carne, frutas y verduras, bebidas y artículos de limpieza, y en forma separada alquiler e impuestos, servicios para la vivienda, servicios para las personas y gastos en transporte. La variación de la primer canasta estimada destrozó entre noviembre y diciembre de 2023 los haberes jubilatorios, actualizados por la fórmula de movilidad que se basa en partes iguales entre la evolución de la recaudación tributaria y los aumentos salariales –índice Ripte (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables)– con subas del 81,6% en productos de limpieza, 50,3% en alimentos envasados, y 41,9% en bebidas, generando el principal impacto junto a las carnes (28,2%) por el alto valor de los cortes.
El valor absoluto de la canasta total para una pareja de jubilados pasó en números absolutos de $112.104,20 en diciembre de 2022 a los $294.159,26 de diciembre de 2023, esto es un 162,4%, cuando el haber mínimo subió un 110,9%. Pero en alimentos y bebidas la canasta elaborada por Cesyac tuvo un salto muy por encima, del 248,3%.
La gravedad de la situación se mantuvo apalancada por el medio aguinaldo de diciembre y el bono de 55.000 pesos, al que se sumó un refuerzo alimentario de 15.000 pesos a quienes tienen Pami y un complemento de 22.207 pesos para quienes habían cumplimentado los 30 años de aportes efectivos. El gobierno de Javier Milei confirmó el bono para enero, conservando el mismo valor, pero de ahí en más no se sabe.
Es que de ahora en delante crece la incertidumbre, ya que la llamada “Ley Ómnibus” que giró el gobierno de Javier Milei dejaría, de ser aprobado, al sector sin ley de Movilidad y sin el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, una estructura soberana creada por ley que permite este tipo de refuerzos.
El artículo 106 del proyecto suspende la movilidad jubilatoria y plantea: “Hasta tanto se establezca una fórmula automática, el Poder ejecutivo nacional podrá realizar aumentos periódicos atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos”.
Y el artículo 226 disuelve el Fondo de Garantía creado en 2007 –precisamente– para resguardar el sistema previsional de coyunturas económicas perjudiciales. “Dispóngase la transferencia de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad creado por el decreto 867/07 al Tesoro Nacional. Facúltase el Poder Ejecutivo Nacional a adoptar todas las medidas necesarias para la instrumentación de lo previsto en el presente artículo”, dice el artículo. Y contiene un error: en realidad el decreto citado, firmado por el entonces presidente Néstor Kirchner, es el 897.
El Fondo de Garantía de Sustentabilidad es lo que permitió, desde septiembre pasado, el ofrecimiento de los Créditos Ansés, con tasa fija subsidiada, al que acedieron más de 2 millones de jubilados y más de 600 mil trabajadores en relación de dependencia. Pero el pasado 3 de enero el gobierno los dio de baja como “una medida preventiva en resguardo de la rentabilidad del Fondo”.
El Fondo de Garantía de Sustentabilidad está compuesto por activos financieros tales como títulos públicos, acciones de sociedades anónimas, plazos fijos, obligaciones negociables, fondos comunes de inversión, fideicomisos financieros y préstamos a provincias. Se mantuvo durante cuatro gobiernos y, según la oposición, la avanzada para fagocitarlo no tiene otro fin que el de su remate, dejando atrás su existencia y objetivos principales, que son: “Atenuar el impacto financiero que sobre el régimen previsional público pudiera ejercer la evolución negativa de variables económicas y sociales”; “Constituirse como fondo de reserva a fin de instrumentar una adecuada inversión de los excedentes financieros del régimen previsional público garantizando el carácter previsional de los mismos”; “Contribuir a la preservación del valor y/o rentabilidad de los recursos del Fondo”; y “Atender eventuales insuficiencias en el financiamiento del régimen previsional público a efectos de preservar la cuantía de las prestaciones previsionales”.
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