La ministra de Salud, Carla Vizzotti, y la secretaria Legal y Técnica de la Nación, Vilma Ibarra, confirmaron que el presidente Alberto Fernández tenía presto a firmar un decreto de necesidad y urgencia para que que la Argentina amplíe el acceso a vacunas pediátricas y para completar el plan de vacunación con dosis de vacunas Pfizer, Moderna y Johnson y Johnson. “El DNU es el resultado de un proceso de negociaciones con los laboratorios, que habían manifestado la imposibilidad de contratar en el marco de la ley que dictó el Congreso para regular la adquisición de vacunas”, explicó Ibarra. Y aclaró: “El presidente nos dio la instrucción hace muchos meses de iniciar un proceso de conversaciones y encontrar la forma de compatibilizar las necesidad que expresaban los distintos laboratorios con los intereses que tenemos que proteger para la población argentina”. En esa línea, el decreto “suprime la negligencia como supuesto de responsabilidad para los fabricantes de vacunas covid-19”, cuestionado por los proveedores. También se suprime la consideración de “maniobras fraudulentas o conductas maliciosas” que expresa la ley, pero se utilizará la figura de “conductas dolosas”, un concepto más claro y que es el que utiliza el Código Civil y Comercial. Y además el país se reserva un derecho clave: será el Estado el que establecerá “el modo en que recibe «conforme» las vacunas”.
“Tenemos la obligación de traer la mayor cantidad de vacunas para proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes y a la población en general; y la de proteger los bienes e intereses del Estado”, remarcó la secretaria Legal y Técnica.
El decreto también establecerá otras modificaciones en la reglamentación de la ley 27.573 –que regula la compra de vacunas– para crear un Fondo de Reparación Covid-19 para “responder el pago de indemnizaciones ante la eventualidad de que una persona resulta dañada por la aplicación de la vacuna”. Ibarra detalló que el fondo de reparación no es algo exclusivo de la Argentina, sino que se está aplicando en otros países e incluso en el fondo Covax, creado por la Organización Mundial de la Salud para equilibrar el acceso a las dosis entre los países más poderosos y los más débiles.
Por otra parte, Ibarra señaló que se eximirá de inmunidad a las regalías que percibe el Estado nacional y los bienes privados del Estado. “Recibimos una instrucción muy precisa del presidente de que todos los bienes soberanos establecidos en la ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda deben permanecer soberanos”, resaltó Ibarra. Así recordó que algunos de los pedidos de uno de los laboratorios estadounidenses, de que el Estado respondiera, por ejemplo, con reservas del Banco Central.
La respuesta sigue siendo “No”: en caso de un inconveniente con la aplicación de las vacunas, responderá el nuevo fondo creado o, en caso contrario, el Estado, pero con las excepcionalidades definidas.
Vizzotti, por su parte, explicó que la medida “da la perspectiva de avanzar con contratos bilaterales” y “obtención de vacunas dentro del mecanismo Covax y a través de donaciones”.
Con todo, Ibarra aseguró que el gobierno nacional “negoció para tener la mayor cantidad de vacunas y proveedores, sin interrumpir las conversaciones”, e insistió en que el decreto “es fruto de mucho esfuerzo” realizado para “cuidar los intereses de la Nación”.
Así, aseguró que el Estado nacional “conversa, dialoga y escucha a todos los potenciales proveedores” de vacunas para evaluar “si se puede llegar a un acuerdo”, pero aclaró que “son muchos los interlocutores”, más allá de los laboratorios estadounidenses.
La secretaria Legal y Técnica de la Nación también apuntó que espera que el Congreso de la Nación trate pronto la ley de regulación de adquisición de vacunas, ya que es una norma que “resguarda los intereses del Estado nacional, al tiempo que permite abrir puertas”.
Horas antes, el bloque oficialista en la Cámara de Diputados había bloqueado el tratamiento de un proyecto de la oposición para incorporar en en temario, no lo que iba a pedir Ibarra sino la ley vigente, con el fin de destrabar la firma de un contrato con la estadounidense Pfizer. El laboratorio permanentemente aparece en boca de un sector de la prensa y de la oposición, y la vicepresidenta de la comisión de Salud, Carmen Polledo, del PRO, había planteado quitar la palabra “negligencia” y otras modificaciones.
Ibarra ratificó que “hay bienes soberanos que no se puede tocar”. En cambio, recordó que que una vez que se aprobaron las vacunas pediátricas “fue un objetivo del Estado nacional obtenerlas”, y en ese contexto es que se modifica el “marco legal”, pero “protegiendo los intereses de los argentinos”.
La funcionaria pidió no hacer especulaciones con las vacunas al afirmar: “Uso político no”, y Vizzotti aclaró que “si se votaba” lo que había propuesto la oposición se iba a impedir adquirir nuevas vacunas, aunque no explicó por qué, ya que las conversaciones con los laboratorios “todavía son confidenciales”. Y concluyó que se utiliza la vía del DNU porque el trámite en el Congreso “lleva mucho tiempo” y son otros “los tiempos de la pandemia”.
Sumándose al pedido contra un uso político, la ministra de Salud transmitió a los padres de niños y niñas menores de 18 años que el Estado nacional “está trabajando para que tengan la vacuna”, y que para eso están “conversando con todos los proveedores”, que “son muchos”.
“Quizá fallemos en transmitir la complejidad de la negociación y parezca algo más sencillo, pero es compleja por el marco de la confidencialidad y por el marco legal, por eso: uso político no”, remarcó Vizzotti.
La ministra resaltó que la nueva normativa sobre inmunizaciones permitirá recibir esos fármacos de “laboratorios nuevos”, pero también del mecanismo Covax y las que lleguen por donaciones, por ejemplo desde Estados Unidos.
“Casi el 40 por ciento de la población inició el proceso de vacunación contra el coronavirus”, manifestó la ministra en la conferencia de prensa y sostuvo que “ya llegaron 27 millones de dosis”.
Y aseguró que la Argentina está entre los 20 países del mundo con mayor cantidad de aplicaciones: en total, 1 de cada 2 personas mayores de 20 años ha recibido una dosis.
En cuanto a la vacuna pediátrica, marcó que la primera aprobada en el mundo es la Pfizer, pero en la Argentina todavía no está aprobada. En el corto plazo podría aprobarse la Moderna, y las Soberana y Abdala, de Cuba. Mientras que la Sinopharm está aplicando en China –como emergencia– y la Sputnik se está probando para la misma población. “Es muy importante transmitirle a la población que hay perspectiva de varias vacunas para esa población y estamos trabajando para recibir la información a corto plazo”, concluyó.
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