La suspensión de la movilidad jubilatoria en su debate en la Cámara de Diputados despertó polémica. Los legisladores trataban un paquete de leyes denominada de “solidaridad social” pero excluyeron del esfuerzo a los ex funcionarios de alto rango del Estado nacional que sí verán ajustados sus ingresos por inflación. Rápido de reflejos, y ante la ola generalizada de repudio, este viernes se conoció que Alberto Fernández ampliará las sesiones extraordinarias” para enviar al Congreso de la Nación un proyecto de ley que “termine” con las “jubilaciones de privilegio” en el Poder Judicial y el Cuerpo Diplomático, con el “propósito de garantizar la igualdad” en el sistema previsional.
Los diputados, tanto del oficialista Frente de Todos como los opositores de Juntos por el Cambio, habían determinado la creación de una comisión especial para analizar si se incluirá a ex presidentes, ex jueces y ex fiscales, que tienen haberes de entre 180 mil y 320 mil pesos mensuales. Decisión que motivó fuertes críticas en las redes sociales. Los usuarios cuestionaban que los “esfuerzos” y la “solidaridad” provenía del ciudadano común y que la corporación política mantenía sus privilegios.
Ante ese panorama, el presidente buscó clarificar la situación, también para lo que sostienen que la caída de la movilidad jubilatoria era un ajuste contra los haberes de los abuelos: “durante los próximos 180 días” se fijará “el modo de actualización de las jubilaciones” pero que “hasta entonces” habrá “incrementos trimestrales” para “preservar que no se sigan deteriorando los ingresos de nuestros adultos mayores”.
En ese sentido, el Presidente destacó también el “auxilio” para los “que perciben la jubilación mínima, ofreciendo un ingreso adicional de 10 mil pesos”, a cobrar en dos cuotas en diciembre y enero, tal como fuera anunciado hace pocos días.
Según publicó El Destape, el gobierno nacional pondrá en marcha desde este mismo fin de semana el mecanismo para reducir las jubilaciones de políticos, jueces y diplomáticos.
Se reunirá una comisión especial liderada por el ministro de Economía, Martín Guzmán, para limitar y bajar ese tipo de jubilaciones de altos ingresos, que en el proyecto aprobado por Diputados obtuvieron un tratamiento diferenciado del régimen general, cuya actualización automática sí quedó suspendida por 180 días.
“Los regímenes especiales fueron dejados para un estudio más detallado dada su heterogeneidad. Pero vamos a cumplir con la elaboración de los proyectos de ley de modo tal de reforzar el carácter redistributivo y solidario que deben tener todos los sistemas previsionales”, afirmó a El Destape en estricto off una fuente cercana a Alberto Fernández.
Este sábado y mañana se reunirán actuarios y economistas para revisar el artículo 51 del proyecto aprobado en el Congreso y se decidió convocar para este lunes 23 de diciembre a una comisión para bajar jubilaciones de jueces y embajadores. “La idea es tratar de limitar y bajar jubilaciones de privilegio sin que se abran juicios contra el Estado”, contaron desde el Poder Ejecutivo.
Si bien en el primer proyecto se suspendía la movilidad para los artículos 1, 10 y 13 de la ley N° 24.018, en el texto final que fue aprobado en la Cámara de Diputados se eliminó esa novedad y se agregó que quienes están bajo la ley 24.018 quedarán exceptuados de la suspensión de la movilidad por 180 días. Así, recién en seis meses se iba a formar esta comisión para rever sus casos. Finalmente, se resolvió que esa comisión comenzará este lunes para estudiar esas jubilaciones de regímenes especiales.
La ley N°24.018 de jubilaciones y pensiones refiere en sus artículos 1, 10 y 13 respectivamente al “presidente, el vicepresidente de la Nación y los jueces de la Corte Suprema de la Nación quedan comprendidos en el régimen de asignaciones mensuales vitalicias que se establecen en el presente capítulo a partir del cese en sus funciones”; “el haber de la jubilación ordinaria será equivalente al ochenta y dos por ciento (82%), de la remuneración total sujeta al pago de aportes correspondiente al interesado por el desempeño del cargo que ocupaba al momento de la cesación definitiva en el servicio”; y “El haber de la prestación de los magistrados y funcionarios incluidos en el artículo 8, que se hubieran jubilado o se jubilaren en virtud de disposiciones legales específicas para el Poder Judicial de la Nación vigentes con anterioridad, como también el de sus causahabientes, se reajustará o fijará de conformidad con las normas de este régimen aunque no se acreditaren los requisitos por él establecidos”.
“Que empiece con la política”
Una petición on line que pide que “la solidaridad empiece desde la política” y que los dirigentes se reduzcan un 30% sus ingresos, ya logró reunir más de 165 mil firmas de ciudadanos.
“Que la solidaridad empiece desde la política”, solicita Sandra Quintana, una desocupada de 50 años que vive en la localidad bonaerense de Don Torcuato, en la petición publicada en la plataforma Change.org.
La petición se conoce en momentos en que el Congreso de la Nación debate el proyecto de ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en la emergencia pública, que otorga facultades al gobierno de Alberto Fernández para instrumentar medidas ante la crisis económica.
“Ya que el presidente de la Nación (Alberto Fernández) solicita el apoyo de todos, como ciudadanos también consideramos justo que senadores, gobernadores, diputados, sindicalistas, jueces y toda persona que pertenece al Poder Político aporte el 30% de sus ingresos”, plantea la iniciativa de la ciudadana Quintana y agrega que, de esta manera, “no se necesitan tocar a los jubilados ni darles migajas”.
“Eliminar jubilaciones de privilegios, quitar custodias, asesores, viáticos en todos los niveles. Si queremos colaboración empiece por el lado político”, concluye la petición.
“Solo me motivó el deseo de que los dirigentes políticos se den cuenta que el esfuerzo tiene que empezar por ellos y dar el ejemplo. Debería ser como en una familia, donde todos colaboran para salir adelante”, reflexionó Sandra.
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