Por Mauro Federico / Puenteaereodigital
Uno de los acontecimientos más importantes de la historia de Roma, tuvo lugar durante la madrugada del 12 de enero del año 49 a.C. cuando Cayo Julio César se dispuso a cruzar el Rubicón, un río que dividía Italia de la Galia Cisalpina. El Senado romano, con la finalidad de impedir el paso de tropas procedentes del norte, había declarado sacrílego y parricida a aquel que con una legión se atreviera a cruzarlo.
Por entonces, el Imperio Romano sostenía a duras penas la República como forma de gobierno. Los tres triunviros surgidos tras la fallida conjura del joven noble Lucio Catilina –quien había intentado infructuosamente imponer su proyecto tomando el poder por asalto y asesinando a todos los senadores– intentaban un equilibrio difícil de sostener por la enorme popularidad de uno de ellos: Julio César, quien regresaba a Roma tras su exitosa campaña de conquista de la Galia.
Temeroso de que la marcha sobre la ciudad eterna se transformara en su proclamación, el Senado le ordenó a César que dejará sus tropas al norte del Rubicón. Pero el mundo no es de los obedientes, así que junto a sus legionarios, el hombre más importante de la historia del Imperio Romano pronunció su célebre frase Alea Jacta est, algo así como “la suerte está echada” y se abalanzó sobre la capital, luego de mojar las patas de sus corceles en las aguas de aquel río, cuyo nombre quedaría impreso en una de las metáforas más usadas por las lenguas latinas.
En el horizonte de la gestión Fernández aparecen varios Rubicones. Pero hay dos que pueden significar un antes y un después en materia de políticas sociales y por los que su gobierno podrá ser recordado para toda la posteridad (en caso de animarse a cruzarlos). Uno es la legalización del aborto, reclamado con insistencia por un sector importante de la sociedad que no pudo coronar con éxito la jugada del año pasado cuando obtuvo una victoria en Diputados, pero una derrota en el Senado de la Nación. El otro es la liberalización del consumo de marihuana, que también cuenta con cierto consenso social –fundamentalmente en los sectores medios– pero que no logra encontrar el punto de equilibrio en la unificación de una iniciativa que concite el apoyo de las mayorías necesarias para lograr su aprobación.
Rubicón Vaticano
Muy cerca del histórico río que hizo famoso Julio César, esta semana Alberto Fernández visitó al Sumo Pontífice en la Santa Sede en el marco de una gira por Europa que continuará hasta el 7 de febrero. Luego de los saludos protocolares y el encuentro cordial que se extendió por unos cuarenta y cinco minutos, surgió un cortocircuito en la comunicación acerca de los contenidos de la conversación.
Mientras el mandatario argentino respondía, en una rueda con periodistas, que no se había hablado sobre el siempre ríspido (para la Iglesia) tema del aborto, en un comunicado oficial del Departamento de Prensa del Vaticano se afirmó lo contrario. Más allá de la desmentida posterior de los voceros papales –que debieron salir a aclarar que en realidad el tema en cuestión había sido abordado en un encuentro con el Secretario de Estado, cardenal Pietro Parolín y no con Francisco– quedó flotando en el ambiente la tensión propia de una controversia que claramente se planteará en las próximas semanas, cuando el Gobierno presente su agenda parlamentaria para 2020.
Está claro que en los primeros cincuenta días de gobierno, las prioridades de gestión estuvieron puestas en el ordenamiento de las descalabradas finanzas públicas, la reorganización de un cronograma de pagos racional para enfrentar el enorme endeudamiento del país y la puesta en marcha de un plan de emergencia para mitigar la situación social de millones de argentinos que quedaron desamparados tras cuatro años de gestión macrista. Sin embargo, son muchos los sectores que ponen expectativas en lograr que este año el Poder Ejecutivo envíe el Congreso un nuevo proyecto para concretar finalmente la tan ansiada aprobación de una iniciativa que termine de una vez por todas con la criminalización de las mujeres que deciden interrumpir sus embarazos.
No será fácil sortear las oposiciones férreas de los grupos identificados con los “pañuelos celestes”, que tienen como soporte institucional a la mismísima Iglesia cuyo jefe político recibió esta semana la calurosa visita del Presidente, quien a pesar de todo, aseguró seguir convencido de la necesidad de despenalizar el aborto. No es casual que Fernández haya remarcado ante una periodista que lo interpeló a la salida de la cita papal al respecto con una frase contundente y, a la vez, ambigua: “Voy a cumplir con mi palabra, pero mi palabra no es volver a abrir una brecha entre pañuelos verdes y celestes. Mi palabra es darle la posibilidad a la mujer de que, si quiere abortar, lo pueda hacer legalmente. Y ayudar a los que quieran tener sus hijos a que los puedan tener. Ese va a ser mi trabajo”.
Tras este pronunciamiento del mandatario en pleno corazón del Vaticano, en algunos sectores reemergió la idea de una salida intermedia, que proponga escalonar los objetivos, comenzando por despenalizar el aborto a partir de una modificación del Código Penal, para más adelante plantear lisa y llanamente su legalización. “Esto se intentó llevar adelante el año pasado cuando se avizoraba una derrota en el Senado del proyecto que habíamos aprobado en diputados y no cuajó, no sé si es la mejor de las estrategias”, aseguró a #PuenteAereo una legisladora del oficialismo. Por su parte, una diputada del Frente de Todos insistió con la necesidad de postergar la discusión alegando que “no es momento de plantear nuevamente un tema que nos divide, justamente cuando desde el gobierno se está instando a una unidad para enfrentar la crisis social”.
Robicón porrero
El otro gran tema está relacionado con el consumo de drogas en la Argentina. Desde el ministerio de Seguridad nacional se viene trabajando en rondas de consultas con diferentes sectores de la comunidad en torno a precisar los alcances de una nueva legislación que contemple las necesidades de todos los actores sociales. Sabina Frederic se ha reunido en las últimas semanas con dirigentes, comunicadores, militantes barriales, abogados y especialistas en adicciones para conformar una masa crítica que le permita al Gobierno llegar a conclusiones abarcativas de los diferentes criterios que hay en la materia.
“La idea es crear un ámbito interministerial que contemple la participación de representantes de la cartera de Justicia, Seguridad, Salud, Desarrollo Social y la Sedronar, para lograr una iniciativa de consenso, con la prioridad puesta en lograr que no se siga criminalizando a los consumidores”, aseguró una fuente gubernamental. “No es lo mismo proponer una modificación a la ley para que la policía no detenga más pibes con un porro y la Justicia no los encause, que legalizar el consumo de drogas”, afirmó a este portal una funcionaria que trabaja hace años con la temática de adicciones.
Las aguas aquí parecen estar divididas también al interior del oficialismo. Unos alientan una salida “a la uruguaya”, con un Estado que legalice los cultivos y regule el consumo; mientras que otros sostienen que primero hay que trabajar en la consolidación de las redes de atención para las personas con problemas de adicción y no dar un mensaje de liberalización que puede tener consecuencias indeseables.
Del mismo modo que con el aborto, en el tema drogas también aparece la disyuntiva entre “legalizar” o “despenalizar”, dos verbos que el presidente deberá aprender a conjugar adecuadamente si pretende avanzar en un debate que seguramente dividirá aguas en la sociedad argentina. Y Fernández sabe, como buen profesor de Derecho, que una vez que se cruza el Rubicón, al igual que en la antigua Roma, no hay vuelta atrás.
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