Segundas líneas del gobierno nacional y los ministros provinciales del área económica iniciaron este jueves una negociación conjunta para determinar cómo será el ajuste fiscal en el Presupuesto 2019 que impulsa el Ejecutivo de Cambiemos en sintonía a lo acordado con el Fondo Monetario Internacional y con más rigor que el previsto tras el desmadre de todas las variables macroeconómicas.
Las reuniones, en principio, estuvieron previstas con un desdoblamiento según sea la adscripción política opositora u oficialista de los representantes de los distritos. Por la gestión Cambiemos están el secretario de Hacienda de la Nación, Rodrigo Pena, Alejandro Caldarelli, secretario de Provincias y Municipios del Ministerio del Interior, y Paulino Caballero, subsecretario de Relaciones con Provincias. Entre los asistentes al convite estuvo el titular de la cartera económica de Santa Fe, Gonzalo Saglione.
Pena, Caldarelli y Caballero se reunieron con los ministros de Economía de las provincias que no controla el oficialismo nacional. Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Salta, Catamarca, Formosa, Tucumán, Chaco, Río Negro, Santa Fe, Entre Ríos, Chubut, Santiago del Estero, Misiones, La Rioja, San Juan y La Pampa, entre otros fueron de esa partida que debatió en la porteña Casa de Salta. La cumbre con los del mismo espacio político fue en el Ministerio de Hacienda, donde estuvieron los representantes de Mendoza, provincia y ciudad de Buenos Aires, Jujuy y Corrientes.
El gobierno de Mauricio Macri les había propuesto que las provincias se hagan cargo de un tercio del ajuste total de 300.000 millones previsto para el año que viene. La resistencia de los gobernadores surgió de inmediato, y se profundizó cuando, por decreto, la Casa Rosada dio de baja el envío del llamado Fondo Sojero, que se compone del 30 por ciento de lo recaudado por retenciones a las exportaciones –tributo no coparticipable– y, que, dirigido a obras públicas, las administraciones provinciales derivaban en parte a sus respectivos municipios y comunas.
Los gobernadores, más allá de su color político, coinciden en argumentar que no tienen casi margen para ajustar el gasto público en sus distritos en este contexto de retracción económica y con una estructura tributaria centralizada que los hace depender en buena medida de lo que gira la Nación por impuestos coparticipables y Aportes del Tesoro Nacional. Las jurisdicciones más comprometidas son las del norte, que muestran los indicadores socioeconómicos peores.
Los borradores pergeñados en la Casa Rosada dibujan el ajuste de 100 mil millones adelantado, que en el contexto inestable del presente pueden no ser definitivos, desglosado de esta manera: 45.000 millones por la quita de los subsidios al transporte, 26.000 por el Fondo Sojero y los restantes 30 mil millones se verá. Las negociaciones son contrarreloj y arduas. Cambiemos pretende enviar el 15 de septiembre próximo al Congreso su proyecto de presupuesto 2019 que prevé un crecimiento del 1,8 por ciento, una inflación de 17 puntos y un déficit del 1,3 por ciento del PBI. Pero, como las anteriores previsiones durante la actual gestión, esas pautas pueden fallar.
La Ciudad, privilegiada
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el único distrito de la Argentina que logra cubrir los sueldos de su planta de empleados con los ingresos de la recaudación propia. El distrito utiliza el 72 por ciento de su recaudación para pagar salarios.
El distrito que gobierna María Eugenia Vidal, el de mayor poder adquisitivo promedio, es una excepción. Formosa está en el otro extremo: necesitaría multiplicar por siete (771 por ciento) su recaudación para cumplir a fin de mes con los sueldos de sus empleados provinciales. No es el único. La Rioja, Jujuy, Catamarca y Chaco, por ejemplo, no pueden cubrir sus erogaciones sin los fondos de la coparticipación federal y las transferencias extraordinarias de Nación. Los ministros de las provincias gestionadas por gobernadores peronistas, en este escenario, adelantaron que le pedirán al Ejecutivo central que, a cambio del ajuste de 100.000 millones, se frene la reducción impositiva firmada por muchos de ellos en el Pacto Fiscal de noviembre pasado.
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