Por: David Narciso
La realidad acorraló a Agustín Bassó y los suyos obligándolos a dejar de lado el juego que mejor juegan y que más les gusta. Ya no quedó margen para las triquiñuelas administrativas, para demorar plazos desde los intersticios oscuros de encumbrados y elitistas despachos tribunalicios. Bassó, en nombre de los que representa, le puso la firma a un recurso ante la Corte Suprema que no tiene como objetivo salvaguardar ningún derecho constitucional sino defender su poder y el de los suyos.
Para que el lector lo entienda: una de las leyes de la reforma judicial votada por unanimidad por la actual Legislatura es la que creó el Ministerio Público de la Acusación; es el organismo que, con la entrada en vigencia del nuevo sistema penal el 1º de febrero de 2011, reunirá a todos los fiscales. Porque ahora serán los fiscales los encargados de llevar adelante las investigaciones, reunir pruebas, pedir medidas procesales, acusar. El juez pasará a ser el garante de ese proceso, habilitará o rechazará las medidas sugeridas por el fiscal y, si corresponde, mandará a juicio oral a los acusados. Para esto, los fiscales, reunidos en el Ministerio Público de la Acusación, tienen que tener autonomía de los jueces, tanto en lo orgánico como en los recursos. Es la adaptación de la legislación provincial, 15 años tarde, a la base del sistema consagrado en la Constitución argentina: unos acusan, otros defienden y otros juzgan.
El cruzado
Inconstitucional es el sistema actual al que Bassó se aferra cual náufrago del Titanic. Así lo entendió la Corte Suprema nacional en el caso Fraticelli, el de mayor trascendencia pública aunque ni el primero ni el único. A diferencia del resto de las provincias, la Constitución provincial dice que el procurador integra la Corte, máximo órgano juzgador. Un decreto-ley de la última dictadura estableció al procurador como jefe de todos los fiscales y defensores oficiales y ya en los 80 la Legislatura refrendó ese esquema. Sin embargo, en ningún lado la Constitución provincial afirma que el procurador es el jefe de fiscales y defensores.
Bassó pretende ser jefe de fiscales y defensores siendo que es parte de quien juzga. ¿El mismo que juzga es quien dirige la investigación y defiende al acusado? Si se lo lleva a instancias menores, ¿qué juez va a fallar en contra de la investigación que él mismo dirigió? El sinsentido hace insostenible las pretensiones de Bassó y los suyos y devuelve las cosas al verdadero plano al que pertenecen, al orden de lo político, al de la disputa de poder.
Éste es un aspecto al que el periodismo local todavía prefiere encuadrar como rencillas entre jueces y funcionarios sin percatarse del profundo cambio político y cultural que pretende frenarse, que no es patrimonio ni obra exclusiva de este gobierno sino fruto de los cambios sociales de los últimos años y el respaldo de todos los sectores políticos.
Bassó sostiene que la nueva ley le recorta facultades constitucionales. Tendrá menos presupuesto, ya no podrá nombrar fiscales y empleados y manejarlos a su criterio, porque éstos dependerán del fiscal general de la provincia, quien será la máxima autoridad del Ministerio Público de la Acusación.
Un poco de historia
A principios de los 90 el gobernador Carlos Reutemann intentó la reforma judicial. Pero los mismos sectores que ahora se oponen se la bloquearon. Cuando vio que no podía vencer, el Lole optó por aliarse. Así, en sintonía con lo que ocurría a nivel nacional con el menemismo, se moldeó un Poder Judicial a la medida del nuevo poder hegemónico que nacía en Santa Fe, empezando por una Corte que representaba cabalmente al reutemismo y al sector duro del Poder Judicial, haciendo más tarde un lugar al usandizaguismo, a partir de 1999 aliado político del Lole.
El fallo Fraticelli de la Corte nacional generó un terremoto político en los tres poderes del Estado provincial. Jorge Obeid decidió que era la oportunidad para de una vez avanzar con la reforma judicial. Golpeada, el ala dura del Poder Judicial –esencialmente un grupo de magistrados, funcionarios y algunos abogados ubicados en áreas estratégicas del Poder Judicial, fundamentalmente en los Tribunales de la capital provincial– se sumó al juego de la reforma convencida de que no iba a pasar nada, que se iba a diluir en foros y comisiones de estudio pero que la debilidad política de Obeid dentro del partido gobernante impediría su aprobación en la Legislatura o, en el peor de los casos, la sanción de una reforma formal sin mayores efectos prácticos.
El escenario cambió cuando ganó las elecciones el Frente Progresista, fuerza que históricamente promovió la reforma. Ahí surge la jugada para ubicar a Agustín Bassó como procurador de la Corte, aun a costa de una enorme polémica pública. Según la versión más difundida en el ámbito político Obeid accedió a mandar el pliego de Bassó a pedido de Rafael Gutiérrez, el presidente de la Corte Suprema y cara visible del corporativismo judicial. Ahora que Bassó tuvo que hacer público su intento por frenar la reforma una vez más, toma más sentido la jugada de promoverlo a último momento y la reacción del Frente Progresista: los duros se estaban posicionando para resistir, como lo cantaron a boca de jarro en aquella famosa cena a finales de 2007 y sólo comparable con el juez de la Corte Suprema provincial que en actos institucionales cantaba la marcha peronista.
Renovación paso a paso
Pero las alianzas entre el sector “gobernante” del Poder Judicial y los sectores político-partidarios fueron variando en los últimos años. La sociedad y el país cambiaron, los gobiernos también. El voto popular fue moldeando nuevas realidades en el Poder Legislativo y el Ejecutivo. Y aun cuando aquel sector gobernante del Poder Judicial trata de frenar cambios, el tiempo es implacable.
El cambio generacional es notable en los Tribunales: hombres y mujeres con concepciones modernas de la Justicia y su fin social hoy se sientan en juzgados, y fiscalías.
Rafael Gutiérrez es el presidente de la Corte, pero debe convivir con Daniel Erbetta, su contracara. No todo es como antes: el expectante Roberto Falistocco, surgido del gobierno de Víctor Reviglio, no puede desentonar e incendiarse a lo bonzo como Gutiérrez y Bassó si en serio se propone atravesar los muros de todas las épocas políticas; María Angélica Gastaldi, a la que nunca se le cuestionó su capacidad sino la génesis de su nombramiento, hace años viene marcando diferencia con sus fallos y está compenetrada a pleno con la reforma judicial. Otros dos magistrados, cultivadores del perfil bajo y con sus trámites jubilatorios ya concluidos, es probable que nunca imaginaron llegar a estar en medio del huracán político que se avecina. Declarar la inconstitucionalidad que pide Bassó los pondría en el vórtice de la tormenta, entre los supremos que ayudaron a demorar la reforma.
Resistir la resistencia
Sin embargo, el planteo de Bassó excede la decisión de seis cortesanos. Todo el sistema político santafesino lo sabe y amplios sectores de la sociedad lo intuyen.
La reforma judicial ya no es patrimonio del actual gobierno. Fue la gestión Obeid la que abrió las puertas y todo el arco político con representación legislativa el que la consagró. En todo caso este Ejecutivo, cabe recordarlo, es el que con menos compromisos y más voluntad política enfrenta a quienes resisten, para la cual creó un Ministerio de Justicia, impulsó las leyes, abrió la participación, modificó el Consejo de la Magistratura en dos oportunidades, se autolimitó en la designación de ministros de la Corte y promovió jueces a través de mecanismos abiertos y participativos.
El medular planteo político del procurador Bassó exige una señal contundente. Está en la dirigencia política, organizaciones sociales, colegios profesionales, ONG, integrantes de los tres poderes del Estado, periodistas, líderes políticos del justicialismo y del Frente Progresista dejar en claro que intereses personales y sectoriales no pueden estar por encima del conjunto social ni demorar la democratización del sistema judicial santafesino.
Comentarios