Siempre que un gobierno tiene que pedir financiamiento sabe que además del costo financiero de la operación debe presupuestar el desgaste político que ninguna oposición que se precie de tal va a resignar de hacerle pagar. Sin embargo no todo es tan simple: tratándose de una Legislatura gobernada por la oposición, sus líderes tienen una cuota de responsabilidad que antes no.
En la Cámara de Diputados la mayoría justicialista está dividida en ocho bloques y presenta una diversidad de intereses y expectativas que dificultan las negociaciones, ya sea interna o con el oficialismo.
En cuanto al frente interno, el 25 de abril Luis Rubeo se encamina a quedarse definitivamente con la presidencia de la Cámara de Diputados. Su desafío en esta oportunidad es engordar el ajustado capital de 16 votos con el que se consagró en diciembre pasado relegando a María Eugenia Bielsa, que no le disputará el cargo.
En el frente externo, los acuerdos se complican. La mayoría de los ocho bloques podrá acordar con Rubeo la gobernanza de la Cámara, pero después cada uno juega el juego que más le convenga.
Como el diputado nacional Oscar Cachi Martínez, que ya adelantó el voto negativo del sub bloque que le responde, habrá otros que también acusarán a sectores del PJ de pactar con el gobierno o de ser cómplices de un impuestazo.
El proyecto para emitir letras del Tesoro o pagarés que envió el Ejecutivo se tratará “como mínimo” dentro de dos semanas, según fuentes de la oposición, es decir el jueves 26, un día después de la elección de autoridades de la Cámara y cinco antes del mensaje del gobernador a la Asamblea Legislativa en ocasión de la apertura de sesiones ordinarias.
El hecho de que el Senado aprobara por unanimidad el proyecto le dejó poco margen a los diputados, aunque es esperable que algunos grupos prefieran acumular capital discursivo y dejar que otros compañeros hagan el “desgaste”.
El justicialismo empezó por hacer una serie de pedidos de informes que el Ejecutivo deberá responder en los próximos días. Entre otras cuestiones pregunta por la deuda flotante de los últimos meses y con qué entidad y a qué costo se piensa realizar la operación. A los diputados del PJ les quedó la pica por el redondo acuerdo que logró el proyecto entre los senadores de su partido y la Casa Gris. Es probable que pretendan dejar su marca introduciendo cambios.
Aumento de impuestos
En tanto, esta semana ingresa al Senado el proyecto de actualización impositiva: el Poder Ejecutivo proyecta que le reporte entre 900 y 1.000 millones a la provincia y alrededor de 450 millones a municipios y comunas vía aumentos de los Inmobiliarios Urbano y Rural y ajustes en Ingresos Brutos.
Las cifras parecen desparejas pero son ampliamente favorables a los segundos. Según el gobierno incrementará 6 por ciento promedio los recursos presupuestados por pueblos y ciudades, mientras que 1.000 millones sobre un presupuesto provincial de 33.000 millones reportaría algo así como 3 por ciento.
En el peronismo no hay una visión única sobre el aumento de impuestos. En algunos sectores, los menos, prima una visión economicista, de raíz neoliberal, que exige un Estado chico y para el que cualquier tipo de expansión del gasto es nociva.
En otros priman las duras reglas del juego político: un gobierno escaso de recursos tiene poco vuelo propio, se recluye en el filo de la gobernabilidad, se limita a pagar sueldos y servicios básicos.
Esta última posición fue la que primó ante los intentos de reforma tributaria integrales que impulsó la gestión Binner en 2008 y 2009. El PJ creyó conveniente postergarlas con tal de no darle más recursos al FPCyS. Falló: no salió la reforma, el FPCyS ganó las elecciones y Binner fue candidato presidencial.
La mesa provincial del FPCyS acordó el jueves pasado cerrar filas con la reforma tributaria. De todos modos lo más difícil para el oficialismo es el capítulo de revisión del impuesto a los Ingresos Brutos para las diferentes ramas del sector industrial, hoy exentas.
Históricamente el PJ fue más permeable al lobby de la corporación industrial, entre otras cosas porque ésta fue parte de la alianza gobernante entre 1991 y 2007 que le otorgaba, entre otros, derecho a nombrar funcionarios en áreas clave. Desde la salida del poder, la atomización partidaria y el crecimiento del rossismo y otros grupos que no protagonizaron aquélla etapa diversificaron las miradas sobre estos temas.
El Frente para la Victoria, por ejemplo, acuerda con actualizar algunos impuestos. En cuanto a Ingresos Brutos, propone gravar a las agroexportadoras del polo sojero, que le dejan muy poco al Estado provincial en relación a lo que ganan. El gobierno no puede hacer oídos sordos a la cuestión: el socialismo históricamente cuestionó las exenciones fiscales del complejo agroexportador y el dinero que el Estado, a través de los gobiernos justicialistas, le dispensó en materia de obras de infraestructura para beneficio de sus puertos y fábricas.
Sin embargo el proyecto tiene sus bemoles. La posición del Ejecutivo está en línea con quienes advierten que es inconstitucional gravar la actividad exportadora con impuestos provinciales y que hacerlo implicaría comprar un juicio. En cambio propone otras alternativas que, como no le cierran a la oposición, llegan crudas para el debate en la Legislatura.
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