Gremiales

Grano en la bota

Ahora el paro lo hace Cargill

En medio del conflicto por decenas de despidos, la multinacional de Minnesota cerró por “seguridad” la planta de Villa Gobernador Gálvez, “en principio” hasta el martes 10 y sin pago al personal. Los trabajadores se enteraron por una nota manuscrita en la puerta.


Con una nota en la puerta, Cargill inició ayer un lockout patronal en su planta de Villa Gobernador Gálvez y suspendió “sin goce de haberes” a todo su personal. La acción, que también involucra a la planta de Bahía Blanca, se concretó en forma unilateral y sin previo aviso invocando razones de “seguridad” en medio de la pulseada con la Federación Aceitera por 44 despidos –la firma reconoce una decena menos al explicitar su “decisión irreversible de reemplazar a un total 33 colaboradores en sus plantas de Villa Gobernador Gálvez y Punta Alvear y un colaborador en la planta de Bahía Blanca– y sumó más tensión al conflicto gremial. Y también abrió un frente político: en su comunicado oficial, la multinacional de Minnesota puntualizó que está presentes en más de 70 localidades del país con más de 2.900 empleados, y subrayó que el 52% de ellos se encuentra en la provincia de Santa Fe. La respuesta fue agria y llegó por boca del diputado nacional y ex ministro de la Producción de la provincia Luis Contigiani: “Los santafesinos no deberíamos tolerar la actitud de Cargill con sus trabajadores”, espetó.

Con un comunicado pegado en el portón de ingreso en Villa Gobernador Gálvez, la empresa les comunicó a sus más de 500 operarios que la planta estará cerrada “en principio” hasta el próximo martes 10 de abril y se trata de una “suspensión del personal sin goce de haberes”. Las razones invocadas infieren directamente al conflicto gremial con la Federación Aceitera por cesantías de trabajadores: “Paros no programados que se suceden de forma frecuente e intermitente en distintas áreas de trabajo, que nos impiden operar en condiciones seguras”, describió la empresa, y dio cuenta de una “situación de riesgo provocada por más de 80 paradas operativas en lapsos temporales variables entre 1 y 12 horas”.

En el mismo comunicado mencionó la “decisión irreversible” de echar a trabajadores, insistiendo en que “el objetivo de dicha medida no es la tercerización, ni la eliminación de puestos de trabajo, sino el reemplazo de colaboradores por otros con características y perfiles adecuados para garantizar la continuidad de las operaciones de un modo seguro y acorde a los nuevos desafíos del negocio”.

Y también puntualizó que se están haciendo “las denuncias y presentaciones pertinentes ante las autoridades laborales y organismos de control correspondientes”.

Desde el gremio del sector repudiaron inmediatamente la decisión y descartaron toda situación de inseguridad laboral: “Se trata de un claro lockout patronal de una firma de gran rentabilidad y que lo que buscan es disciplinar a los empleados y al sindicato”, remarcaron.

“Cargill ha decidido responder al legítimo reclamo de reincorporación de los trabajadores despedidos y al legítimo ejercicio del derecho de huelga con un ilegal y arbitrario lockout, cerrando directamente las plantas aceiteras”, marcó la Federación Aceitera, que también denunció que “otra vez Cargill militarizó la planta con fuerzas de seguridad federales, lo que constituye una provocación adicional”.

“Nos mantenemos en pie más unidos que nunca”, insistió la entidad sindical que reúne a los gremios aceiteros de todo el país a excepción de San Lorenzo.

Ante la nueva situación, se anunció la presencia, este viernes a las 11.30 en la planta de Villa Gobernador Gálvez, de los diputados provinciales Carlos Del Frade, Verónica Benas y Luis Rubeo, en nombre de la comisión de Asuntos Laborales y Previsionales de la Cámara baja de la provincia. “Se acercarán para reafirmar el acompañamiento de la lucha de los trabajadores y ponerse a disposición en todo lo que se pueda aportar desde la comisión”, marcó el gremio.

El titular de la Federación Aceitera, Daniel Yofra, también cuestionó el anuncio de no abonar los salarios de los trabajadores “que sin motivo han sido suspendidos”, lo que “resulta en una nueva violación de la normativa laboral vigente”, en particular por el mecanismo para comunicar la decisión, “con una nota escrita a mano y con fibrón en la puerta”, cuando los trabajadores ya “habían sido recogidos en sus hogares por los micros de la empresa que los trasladan diariamente”.

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