Ana Laura Píccolo
Hace un mes, los directivos de Aguas Santafesinas SA se presentaron a declarar en los Tribunales Federales citados a indagatoria por el juez Carlos Vera Barros por presunta infracción a la ley de Residuos Peligrosos. Pero ninguno habló. Escucharon la imputación donde se los acusó de contaminar el río Paraná con el vuelco de efluentes cloacales en crudo, firmaron y se fueron. La respuesta llegó hace unos días de la mano de un nuevo abogado defensor –los anteriores renunciaron– quien se presentó con un escrito donde pidió la absolución de todos.
El argumento principal de la defensa de los directivos de Aguas Santafesinas SA (ASSA) fue poner en duda que los desechos líquidos volcados sin tratamiento previo a las aguas públicas (según la Fiscalía unos 350 millones de litros diarios) puedan provocar contaminación ambiental o riesgo para la salud humana.
Para realizar ese planteo, el abogado defensor de los cinco ejecutivos imputados hizo dos grandes valoraciones. Por un lado cuestionó la prueba oficial producida por el fiscal federal Claudio Kishimoto, a cargo de la causa iniciada hace cinco años, a la que tildó de deficiente, parcial y carente de rigor científico. Calificó de inválidas las pericias realizadas por la División de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina (PFA) que detectaron valores elevados de sustancias infecciosas en el río Paraná, tomadas en la zona de vuelco, al entender que se hicieron “sin control de parte” y alcanzaron “conclusiones ambiguas y contradictorias”.
Por otro lado, el abogado de ASSA negó que se haya acreditado la contaminación basándose en una resolución de la jueza civil Sylvia Aramberri, ante quien tramita de forma paralela el amparo ambiental, porque el mes pasado la magistrada solicitó que se estudie “si el río Paraná permite la purificación en forma natural de los líquidos sanitarios sin tratamiento” y para ello ordenó una pericia nueva con la toma de muestras periódicas durante 12 meses y análisis estadísticos.
Desde la ONG Cuenca Río Paraná se opusieron a esa medida tras señalar que la contaminación en el sector peritado “se detectó de forma categórica e indubitable”, que se está ante un “claro escenario de riesgo ambiental” y que peritar nuevamente lo que ya se hizo en el fuero penal sería una pérdida de tiempo y de recursos económicos. Los demandantes exigieron que se aplique el “principio precautorio del derecho ambiental” tras señalar que ante un peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o de certeza científica no debe utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces que impidan la degradación del medio ambiente.
Aramberri no hizo lugar al planteo y los directivos de ASSA hicieron eco de su decisión en el fuero penal: pidieron la absolución por entender que no quedó acreditado que el vuelco de residuos cloacales en crudo provoquen contaminación o riesgo para la salud pública.
De hecho en su descargo, el abogado del directorio corrigió las cifras de la Fiscalía, que en la imputación menciona 350 millones de litros diarios, al referir que ASSA vuelca 76.896.000 litros de desechos cloacales sin tratamiento previo al río Paraná desde su planta Recepción Emisario Sur, ubicada en Ayolas y Circunvalación, en la zona sur de Rosario.
En el mismo escrito que suma más de 200 páginas, el abogado de ASSA adelanta que aunque futuras pericias corroborasen contaminación, tampoco les adjudicaría responsabilidad a sus defendidos porque “los residuos cloacales se vienen volcando al río de la misma forma que en la actualidad desde hace siglos”.
En relación a la falta de plantas de tratamiento o depuración en Rosario para tratar los residuos líquidos antes de volcarlos al río, que es lo que motivó el amparo ambiental, el letrado aclara que tampoco sería competencia de las autoridades de ASSA la ejecución de esas obras.
En ese sentido detalla el historial de obligaciones de la firma donde asevera que “la decisión sobre la ejecución de cualquier tipo de obra de infraestructura relacionada con el tratamiento de efluentes” es competencia exclusiva del Estado provincial.
De ese modo señala que Aguas Santafesinas SA mantiene hace 17 años un “contrato de vinculación provisoria” con la provincia de Santa Fe y que ese marco jurídico que nuclear la actividad de la firma la deslinda de cualquier responsabilidad penal que pueda acarrear la falta de planta de tratamiento porque sus directivos “carecen de potestad para ejecutar obras de infraestructura”. En resumen: asevera que lo que exige el amparo ambiental –basado en una ley de 1891 que prohíbe el volcado a ríos de líquidos cloacales e industriales sin ser previamente purificados– no depende de ellos sino del Poder Ejecutivo Provincial.
Directivos de Aguas Santafesinas se negaron a declarar en una causa por contaminación
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