Ana Laura Píccolo
La indagatoria a seis directivos de la empresa de servicios públicos Aguas Santafesinas SA acusados de contaminar el río Paraná ya tiene fecha: fueron citados a declarar el próximo 12 de junio en los Tribunales Federales de Rosario por presunta infracción a la ley de Residuos Peligrosos. Según la imputación del fiscal Claudio Kishimoto, que investigó la terminal de Ayolas y Circunvalación, la compañía vuelca por día cerca de 350 millones de litros de efluentes cloacales “crudos” al río, es decir, sin aplicar ningún tratamiento previo que elimine las propiedades nocivas que esos desechos pueden provocar sobre la salud y el ambiente.
La causa fue iniciada por la ONG Cuenca Río Paraná pero en los últimos días tomó dimensiones mayores tras una presentación de la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental de la Nación (Ufima), a cargo de Ramiro González, quien amplió la denuncia contra la empresa para que se investiguen otros desagües cloacales que la firma tiene en Rosario y en las localidades de Villa Gobernador Gálvez, Fray Luis Beltrán y San Lorenzo.
Las pericias realizadas en las zonas de vuelco por ambos fiscales arrojaron resultados similares: niveles elevados de sustancias infecciosas que contaminan el curso del río Paraná de un modo peligroso para la salud y el ambiente.
Kishimoto ya había advertido con los peritajes de “corroboración” realizados en muestras extraídas de suelo, agua y sedimentos de la zona sur de Rosario que el sector se encontraba “contaminado con un claro escenario de riesgo ambiental”.
Análisis de laboratorios de esas pericias establecieron “niveles alarmantes” de la bacteria escherichia coli, considerada un residuo peligroso por ser un organismo infeccioso, pero también, a modo de sorpresa, advirtieron la presencia de metales pesados como níquel por encima de los parámetros legales que evidenciaron que, además de efluentes cloacales, estarían volcando efluentes industriales, según fuentes del caso.
“Riesgo muy grave para la salud”
Ahora, con el pedido de ampliación de denuncia presentado por la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (Ufima) se agregaron al expediente pericias realizadas en otras zonas de vuelco con resultados no menos alarmantes.
El fiscal González amplió la denuncia por el vuelco de efluentes cloacales en cuatro de las 15 localidades donde la empresa pública Aguas Santafesinas brinda servicios de desagüe tras realizar pericias que arrojaron resultados contundentes.
Argumentó el funcionario que las cuatro localidades linderas con el río (Rosario, Villa Gobernador Gálvez, Fray Luis Beltrán y San Lorenzo) no poseen plantas depuradoras y se encuentran volcando –al menos desde el 25 de marzo de 2022 a la actualidad– desechos cloacales crudos al río Paraná, contaminando así con residuos peligrosos en infracción a la ley” 24.051.
“Además del posible riesgo para la salud asociado con la presencia de niveles elevados de bacterias fecales, también pueden causar agua turbia, olores desagradables y una mayor demanda de oxígeno que afecta no sólo a los humanos sino a todos los seres vivos del lugar”, esgrimió el fiscal González, quien mencionó las enfermedades que esos microorganismos pueden provocar en las personas además de efectos adversos al ambiente.
“Cabe recalcar que cualquier tipo de contacto que se tenga, ya sea por beber, bañarse o alimentarse con aguas de un curso contaminado puede generar un riesgo muy grave para la salud”, resaltó.
Cien enemigos
La Ufima tomó cartas en el asunto a partir de una denuncia de marzo de 2022 que disparó el informe “Los cien caños, enemigos ocultos del río Paraná”, realizado por Soberanía, instituto de pensamiento popular.
Allí hacen saber que tras la bajante del río Paraná se asomaron caños en las barrancas del río que dejaron ver cómo se vierten millones de litros diarios de desperdicios.
El fiscal González expresó que los miembros del instituto Soberanía realizaron relevamientos aéreos y en embarcaciones por las costas santafesinas desde Villa Constitución hasta Timbúes para documentar los desagües pluviales, cloacales e industriales que desembocan en el río Paraná. Constataron 75 vertientes industriales y cerca de 25 cloacales.
El cambio de color de los efluentes de las imágenes tomadas fue clave para que el fiscal ordenara que una licenciada en Química realice peritajes en esas zonas. Los resultados fueron concluyentes: “Los servicios que no poseen planta depuradora y que se encuentran volcando desechos cloacales crudos al río Paraná presentan excesos a dichos límites para los parámetros de DBO, DQO y Coliformes totales y fecales. En consecuencia presentan residuos peligrosos conforme la ley”.
Cita con el juez
Pero la investigación venía de antes. El fiscal federal de Rosario, Claudio Kishimoto, avanzó con una denuncia de la Asociación Civil Cuenca Río Paraná que lleva varios años en la Justicia, donde debió sortear más de un obstáculo jurisdiccional, ya que el juez federal Carlos Vera Barros declinó su competencia dos veces.
La primera vez remitió las actuaciones a la Justicia provincial, donde se realizaron medidas probatorias que acreditaron que, según se sospechaba, la contaminación es de carácter interjurisdiccional. El expediente volvió al fuero Federal.
Allí, Kishimoto continuó con la investigación, imputó a seis directivos de Aguas Santafesinas y en diciembre pidió que sean indagados. Entonces, Vera Barros se volvió a declarar incompetente y reiteró que la causa debía ser investigada por fiscales provinciales.
Su decisión fue cuestionada con dureza. Ambientalistas y querellantes señalaron que se trató de una “aberración jurídica y arbitraria” que provocó “nuevas demoras innecesarias” sin siquiera haber dictado “una medida cautelar que ponga freno a un escenario de riesgo ambiental”.
Este mes, la Cámara de Apelaciones ordenó que Vera Barros siga al frente de la causa. Así, el magistrado fijó fecha para indagar a cinco directores y a un gerente de Administración General de Aguas Santafesinas SA, quienes deberán comparecer en su despacho el próximo 12 de junio.
Ordenan que un juez federal se haga cargo de una causa por contaminación que ya rechazó dos veces
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