Redacción Canal Abierto
Los trabajadores de Télam marcharon este jueves a la Cámara Nacional del Trabajo ante la posibilidad de que se modifique la integración de la Sala V de Apelaciones y se dé marcha atrás con las cautelares que permitieron la reincorporación de los 357 despedidos de la agencia estatal de noticias.
El conflicto se inició en junio de 2018, cuando 350 trabajadores recibieron telegramas. Fiel al guión de Cambiemos, Hernán Lombardi, titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, se refirió a que estos despidos obedecían a una “modernización” de Télam y que los afectados eran “ñoquis” y “militantes”. Esto provocó una medida de fuerza que incluyó 119 días de paro, acampe en la sede de la agencia, movilizaciones y la presentación de medidas cautelares, con las que fueron logrando las reincorporaciones.
Estas resoluciones judiciales fueron apeladas por el gobierno y desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires alertaron que se estarían desarrollando maniobras del Ejecutivo en la Justicia a fin de obtener un fallo que dé marcha atrás con estas cautelares y que ratifique los despidos.
Al igual que con los despidos de los trabajadores, el manejo con la Justicia también siguió a rajatablas el modus operandi con marca registrada de Cambiemos. “El gobierno ha hecho distintas maniobras para presionar a los jueces para revertir el fallo. Primero recusó a los jueces, esa recusación fue tratada y rechazada. Después les inició juicio político desde el Consejo de la Magistratura para pedir su remoción. Ese expediente está avanzando como un modo de intentar someter la voluntad de los jueces”, contó Mariano Suárez, integrante de la junta interna de Sipreba en Télam.
Pero la operatoria del gobierno en la Justicia no se agota allí. Suárez explicó: “La maniobra de estas horas es arrebatarle la causa mediante un sorteo público a los jueces que tenemos asignados y asignárselas a otros jueces. Estuvimos movilizando para pedir que se haga justicia, que se respete el principio de legalidad, que se respete el principio de juez natural, que no haya ninguna interferencia que no corresponda en la Justicia”.
Los delegados tomaron conocimiento de que por pedido de Juan José Etala, un abogado que es amigo personal de Mauricio Macri, se promovió una modificación del reglamento que asigna la totalidad de los sorteos de los jueces en la justicia nacional. “Reformaron todo el reglamento de la Justicia nacional para perjudicar la causa de Télam. Hasta nos lo aplican retroactivamente, porque nuestro expedientes son anteriores a la modificación de ese reglamento”, narró Suárez.
Y agregó: “Esto no tiene ninguna explicación jurídica, es una presión política. Nosotros tenemos corroborado por múltiples fuentes y por los propios camaristas que este operador Etala se reúne con ellos, los visita y les hace saber cuál es la voluntad del gobierno y las consecuencias de no acatarla. Esto ya les está pasando a los jueces que hoy tienen los expedientes, Enrique Arias Gibert y Miguel Rodríguez Brunengo que están siendo sometidos a juicio político para removerlos de su cargo”.
“Los trabajadores no necesitamos hacer ningún lobby. Si se falla conforme a derecho vamos a tener un resultado satisfactorio. como tenemos comprobado que hay maniobras y operaciones del Poder Ejecutivo dentro de la Justicia laboral es que fuimos a marchar para reclamar un fallo conforme a lo que dicta la ley”, concluyó Suárez.
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