Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito aseguraron que en lo que va de este año, “murieron mujeres por abortos, otras entraron en las cárceles y muchas se han visto obligadas a llevar adelante embarazos productos de violaciones”, por lo que, a casi dos años del rechazo en el Senado al proyecto aprobado entonces en Diputados, el colectivo manifestó la necesidad de sancionar la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
La organización feminista, destacó que la ley “incluye el acceso a lo que ya es derecho desde 1921: las interrupciones legales cuando hay una causal”.
La Campaña destacó que ya en el primer semestre de este año en la provincia de Santiago del Estero “tres mujeres de entre 24 y 26 años fueron presas por abortos: en las localidades de Forres (a 45 kilómetros de la capital provincial), Ojo de Agua (a 155 kilómetros de la capital provincial) y Nueva Esperanza (a 215 kilómetros de la capital provincial)”. Y que una cuarta mujer de la localidad de Añatuya, madre de tres niños, “no quedó detenida porque la Fiscalía decidió no acusar”.
En este aspecto, el colectivo recordó que Santiago del Estero “no adhirió al Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo” y como consecuencia “se encuentra entre las provincias con mayor tasa de partos en niñas menores de 14 años”.
La Campaña puntualizó que en la Argentina “no es común hallar procesos penales que se caratulen como «Aborto»”, pero “tienen otras carátulas que esconden una realidad conocida en los Tribunales”.
Además aclaró: “Hay más mujeres de lo que pensamos, o creemos, o sabemos, que no tuvieron acceso a un aborto voluntario en condiciones seguras, que fueron expulsadas del sistema de Salud y forzadas por el Estado a llevar adelante un embarazo”.
La Campaña indicó que esas mujeres “son las que hoy están presas” y que se trata de “un número oculto tras otras carátulas, defensas no feministas, el estigma del aborto y las rejas”.
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