Carina Ortiz
La noticia del hurto de mercadería en un supermercado por un simple mortal era algo que se conocía esporádicamente. Pero en los últimos meses la acumulación de casos comenzó a llamar la atención en ámbitos judiciales.
Incluso, hubo situaciones que se dieron recientemente a nivel nacional (como el caso de grandes cadenas que ponen alarma en cortes de carne para que no se los lleven) que marcan episodios que están sucediendo y que en la gran mayoría de los casos no trascienden.
En Rosario no hay estadísticas, pero también hay otros datos que no pasaron desapercibidos. Y es la reiteración de este tipo de hurtos que surgen en partes policiales, algo que hasta hace algún tiempo no se vislumbraba.
En concreto, en general los operadores del sistema judicial coinciden en que hay un aumento en estos casos. Según información oficial, desde diciembre hubo un promedio de 4 robos por mes denunciados por los supermercadistas. La cifra no es alta, pero las fuentes consultadas ponen el foco en la tendencia creciente.
Carne, productos de higiene, enlatados, conservas y bebidas son algunos de los productos que la gente se guarda entre sus ropas para intentar salir de los locales sin pagar. Pero son retenidos por la seguridad privada del establecimiento y terminan en la comisaría. Una fuente judicial dijo que en su mayoría terminan con salidas alternativas, pero generan un proceso penal.
En tanto, una mirada sociológica de este fenómeno sostiene que una respuesta punitiva resulta contraproducente. “No se piensa demasiado que se está llevando a la población a una altísima violencia con consecuencias muy difíciles de calcular”, dijo la socióloga Marisa Germain.
Algunos hechos
El hecho ocurrió meses atrás. Un custodio de un supermercado en Mitre y avenida Pellegrini observó a un hombre meter entre sus ropas mercadería. Llamaron a la Policía. El arrestado, de 35 años, tenía 6 desodorantes antitranspirantes y un shampoo. Marchó preso a la Comisaría 2ª.
Luego trascendió otro episodio. En un súper de Eva Perón al 7900 llamaron al Comando Radioeléctrico. Cuando los uniformados llegaron tenían retenida a una mujer de 36 años, a la que le secuestraron una botella de whisky, un pote de dulce de leche y un paquete oblea. La mujer fue trasladada a la Comisaría 17ª.
Una semana después en un local de Necochea y 27 de Febrero detuvieron a un hombre de 24 años, a quien le secuestraron dos botellas de shampoo, dos de acondicionador, cuatro desodorantes en barra y dos en aerosol.
En otro hecho sucedido semanas atrás un supermercadista chino llamó al 911. Al llegar la Policía había un hombre retenido, a quien acusó de querer llevarse mercadería del local sin pagar.
Mientras que el 20 de enero en un súper de Funes dos mujeres fueron señaladas por el encargado del supermercado como las personas que se fueron sin pagar. Le secuestraron 12 latas de atún y 9 botellas de shampoo.
Casi en paralelo, en Villa Gobernador Gálvez la Policía trasladó a la comisaría a dos hombres de 24 y 30 años. En una de las mochilas que llevaban tenían 17 latas de atún y dos frascos de café. Luego se determinó que el café fue hurtado de un autoservicio y las mochilas en otro local comercial de avenida San Martín al 2200.
En Nansen al 200, en tanto, hace poco un empleado de seguridad privada mantuvo en el lugar a un hombre de 24 años que quiso irse con mercadería oculta en la ropa. Tenía encima una cerveza, dos cortes de carne envasados al vacío y un paquete de masitas. Marchó preso a la Comisaría 10ª.
Los hechos se suceden. Y entre la ropa de las personas siempre se encuentran latas, quesos, productos de higiene o algún dulce. Es decir, comida o elementos personales o de limpieza. Todos productos que para un asalariado común son cada vez más difíciles de pagar. Y la vez resultan fáciles de cargar.
El tratamiento
En Santa Fe el nuevo sistema la persecución penal está a cargo del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que trabaja a través de Unidades Fiscales: una de ellas es la de Salidas Alternativas.
En Rosario, este tipo de hechos llegan primero a la Unidad de Flagrancia y generalmente cuando la persona retenida en el supermercado no tiene antecedentes penales, el caso pasa a Salidas Alternativas, dónde trabajan seis fiscales.
Uno de ellos es Verónica López, quien explicó a El Ciudadano qué pasa con este tipo de situaciones.
La mujer señaló que al tratarse de un delito menor, y si la persona no cuenta con antecedentes, el caso llega a su unidad, donde los fiscales buscan que los hechos no queden impunes. Pero también darles una respuesta a las víctimas y aplicar la “justicia restaurativa”.
“Para estos casos hay un protocolo de actuación. La Fiscalía fija políticas de persecución penal. Además, el nuevo sistema tiene una estructura diferente. La creación de la unidad busca descomprimir el sistema y dar una solución diferente al juicio, pero que brinde una respuesta a la víctima”, explicó y agregó que muchas veces se hacen conciliaciones, mediaciones, se aplica la suspensión del juicio a prueba o se recurre a un juicio abreviado, que es una solución más gravosa. También hay causas que se cierran por insignificancia.
La fiscal contó que en el nuevo sistema todo está reglado y se fija por el órgano acusador. Hay protocolos de trabajo al respecto. Aunque si la persona tiene algún antecedente el caso pasa a la Unidad de Investigación y Juicio, donde el tratamiento es otro.
El costo subjetivo de lo que ya no se tiene
La socióloga Marisa Germain explicó que la gente que trabaja en los juzgados de Flagrancia de Buenos Aires y Capital Federal hablan de un aumento “brusco o llamativo” de este tipo de causas, que tienen que ver con pequeñas rapiñas de alimentos y también de algunos productos de aseo personal.
“Eso daría a pensar dos o tres cosas a tener en consideración. Una de ellas es que los supermercados no sólo van y hacen las denuncias, sino que las sostienen, lo que marca una actitud punitiva”, sostuvo.
Para la socióloga, lo que está sucediendo es un indicador notorio que “el flujo muy importante de dinero que el gobierno destina el sostenimiento de la condición de vida de las capas más bajas de la sociedad está resultando insuficiente, a pesar del volumen que tiene”.
“El otro elemento que podríamos poner en juego en la reflexión es el costo subjetivo que tiene esta situación. El resultado desapropiado de todas las condiciones de vida: si tenías un trabajo, ya no lo tenés; si pagabas, ya no podes pagarlo; si comías en tu casa ahora vas al comedor del barrio”, evaluó.
“Todos estos hechos dejan a las personas en una situación de acorralamiento. No se piensa demasiado que se lleva a la población a una altísima violencia con consecuencias muy difíciles de calcular. Y este tipo de violencia genera respuestas muy brutales”, explicó Germain.
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