Al referirse por primera vez públicamente al asesinato del campesino Cristian Ferreyra, ocurrido la semana pasada, el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, admitió ayer que en su provincia existen “problemas” por la propiedad de la tierra, aunque remarcó que el crimen fue consecuencia de “un conflicto entre vecinos”.
“No fue un desalojo, porque no hubo ninguna orden de desalojo. Fue un hecho entre dos vecinos de la zona”, dijo el gobernador kirchnerista.
Ferreyra, dirigente del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase) que lucha contra el desalojo de tierras que ocupan ancestralmente y que ahora son codiciadas por inversores interesados en ampliar la frontera agrícola en desmedro del monte natural, donde sus ocupantes practican una economía de subsistencia con respeto hacia el ecosistema, fue baleado por empleados del agroempresario santafesino José Ciccioli tras discutir en su casa por la actividad que los lugareños desarrollan.
Otro militante del Mocase fue herido de bala en el mismo episodio.
Zamora, que ayer recibió a la viuda de Ferreyra, reconoció que el problema por la posesión de tierras se da en “varios lugares de la provincia” y que el lugar en que vivía la víctima es una zona de “intenso conflicto”.
“Fue tratado por el Comité de Emergencias que había mucha violencia en el lugar y que había gente que se amenazaba con armas”, explicó el gobernador, aunque rechazó cualquier responsabilidad política sobre lo ocurrido.
“He sido muy criticado casualmente por la (resolución) 125 y ahora tengo que escuchar que este gobernador, que estuvo en contra de los sojeros, ahora fomenta la patria sojera. Es una discusión bastante rara”, puntualizó Zamora.
Ferreyra fue asesinado el miércoles de la semana pasada en el paraje San Antonio, distante60 kilómetrosde Monte Quemado, cabecera del departamento de Copo, al norte de la capital provincial, y por el hecho están detenidas cinco personas.
Se trata de Javier Juárez –acusado de disparar la escopeta que mató a Ferreyra e hirió a Darío Godoy–, su hermano Walter Juárez y Carlos y Mario Abregu, además de Ciccioli, sospechado como autor intelectual del crimen.
A todo esto, organizaciones sindicales, sociales y políticas marcharán el próximo viernes al Congreso, en Buenos Aires, donde presentarán un proyecto de ley para frenar los desalojos de campesinos en Santiago del Estero y otras provincias, y pedir el urgente tratamiento de la ley de Tierras.
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