Policiales

Ataques mafiosos

Acusan a un detenido por la balacera en Fiscalía

Otros seis sospechosos recuperaron la libertad pero seguirán bajo investigación en la causa por abuso de armas.


La balacera que en la madrugada del 14 de agosto acribilló el frente de la Fiscalía de Rosario, en Montevideo 1968, derivó en casi medio centenar de allanamientos y una docena de detenidos. Cinco de ellos fueron imputados ayer por distintos delitos pero desvinculados del ataque a tiros; otros seis recuperaron la libertad y seguirán siendo investigados y sólo uno, detenido al volante de un Renault 9, será acusado este viernes por abuso de armas.

El hombre fue identificado como José Alberto C., y será imputado a las 9 de hoy por el fiscal Matías Edery. Los otros seis que recuperaron la libertad sin ser acusados pero seguirán bajo la lupa de los investigadores son Juan Cruz M., Matías Carlos B., Franco Javier C., Diego Fernando T., Elías Jeremías V. y Carlos R. Dos de ellos son efectivos de las fuerzas de seguridad, confió un vocero. En tanto, cinco de los detenidos que también recuperaron la libertad y quedaron desvinculados del ataque a la Fiscalía fueron imputados ayer. Se trata de una mujer y cuatro hombres, entre ellos otro policía, quienes fueron acusados por el delito de tenencia compartida de arma de fuego. Todos quedaron en libertad. El fiscal Matías Edery aclaró que no tenían relación con el ataque a la sede del Ministerio Publico de la Acusación (MPA).

“No tienen vinculación, pero como tenían un arma de fuego se los acusó, aunque quedaron en libertad. No tenían relación con los atentados”, sostuvo Edery.

Los acusados Jonathan, Alejandro, Gabriel y Camila son parte de una familia de apellido F., a la que los investigadores llegaron por información de calle, pero no están vinculados a los ataques.

En el operativo de este miércoles, los investigadores secuestraron dos revólveres calibre 32, uno con la numeración limada y el otro con municiones, en el interior de la casa de Ancaste al 3500.

Una suerte similar corrió un policía, identificado como Julio Latorre, de 50 años, a quien el magistrado Luis María Caterina lo imputó por el delito de tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil.

Latorre fue detenido en los múltiples allanamientos que se realizaron durante la tarde ayer, alrededor de las 18, cuando los uniformados de la Policía de Investigación (PDI) hallaron dentro de su vivienda, ubicada en la cuadra de pasaje 1221 al 3800, dos pistolas calibre 9 milímetros –reglamentarias– y revólver calibre 32, con la numeración limada.

Fue en ese marco que el juez de primera instancia José María Caterina aceptó la calificación presentada por la Fiscalía.En cuanto a las medidas cautelares, el juez dictó para Alejandro y el policía la libertad con firma semanal  en la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) por el plazo de 60 días y para los cuatro restantes resolvió la libertad.

Ofrecen dos millones por datos

Dinero a cambio de datos. Esa es la estrategia del gobierno provincial para intentar obtener información sobre los autores materiales e intelectuales del ataque a balazos ocurrido en el Centro de Justicia Penal el pasado 4 de agosto.

El secretario de Gestión Pública del gobierno provincial, Matías Figueroa Escauriza, explicó este jueves que se ofrecerá hasta dos millones de pesos. El funcionario señaló que se trata de “dar con todos los responsables y que tengan la imputación correspondiente bajo el respaldo judicial”.

Escauriza detalló que la suma de los dos millones de pesos puede dividirse en cantidades proporcionales si son más personas las que ofrezcan datos fehacientes a la causa. “Pueden ser varios los datos que nos lleven a la investigación y, en ese caso, se le va a abonar en base a la proporción que aportaron para la investigación e imputación correspondiente”, reiteró.

“Lo importante será que las personas se encontrarán amparadas en la ley de protección de víctimas y testigos. Su identidad va a quedar reservada antes y después de la investigación. Podrán hacerlo a través del 0800-444-583 y sino personalmente en el Centro de Asistencia Judicial ubicado en Corrientes 2114”, informó.

Preocupación por ataque al auto de una periodista

La Comisión de Libertad de Expresión y Formación Profesional del Sindicato de Prensa Rosario expresó una vez más la preocupación por las condiciones de inseguridad en que se desarrolla el trabajo de las y los periodistas. En la mañana de este jueves Carina Ortiz, del diario El Ciudadano, estacionó su auto sobre calle Amenábar, a escasos metros de Mitre, para realizar la cobertura de distintas audiencias que se harían en el Centro de Justicia Penal. Justamente en la intersección de Amenábar y Mitre se encuentra uno de los puestos policiales que custodian el lugar donde se lleva adelante, entre otros procesos, la apelación a la condena que recibieron Los Monos. Este jueves al mediodía el vehículo fue el blanco de un ataque y robo, con la rotura del vidrio trasero del lado del acompañante desde donde le robaron el estéreo. Esta Comisión tiene en cuenta las muchísimas voces que en Rosario se escuchan día a día acerca de hechos de inseguridad, pero corresponde señalar la gravedad de lo ocurrido a la trabajadora de El Ciudadano cuando su auto estaba a tan escasa distancia de la fuerza policial. Se hace imprescindible, entonces, volver a reclamar por condiciones que permitan el desarrollo del trabajo periodístico, siempre esencial para que la información llegue a la sociedad.

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