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Acusan a jefe policial por incendio de cinco autos, la desaparición de seis y el robo de dos

En los dos años de su gestión en el Depósito Judicial de la URII hubo serias irregularidades que no fueron denunciadas, las cuales se sumaron a la chata que fue secuestrada en el allanamiento en su casa que debía estar en el depósito junto a un vehículo robado en Buenos Aires, ambos con los dominios


El ex jefe del Depósito Judicial de vehículos de la Unidad Regional II departamento Rosario y actual subcomisario de la 12° fue imputado este jueves por estar sospechado de incumplimiento de los deberes de funcionario público ya que no denunció el incendio de cinco vehículos como tampoco la desaparición de otros seis durante los casi dos años que estuvo al frente de dicha dependencia. Además, la Fiscalía le sumó el delito de hurto y encubrimiento, ambos agravados, debido a que en el allanamiento en su vivienda le hallaron una camioneta que tenía que estar en el depósito con la patente de un patrullero inutilizado y un Volkswagen Vento que tenía pedido de secuestro por haber sido robado en Buenos Aires. El funcionario policial, a pedido fiscal, quedó detenido preventivamente por el plazo de ley, es decir un máximo de dos años mientras avanza la investigación.

En la audiencia que estuvo presidida por la jueza Paula Álvarez, el fiscal de Violencia Institucional Gonzalo Fernández Bussy explicó que los delitos investigados que se le achacan al jefe policial, identificado como Iván Edgar María Aguirre, de 41 años, se cometieron desde el 1° de julio de 2020 al 16 de marzo de 2022 cuando estaba a cargo del dicho depósito judicial de la URII, ubicado en avenida Francia al 5200 y detrás de la Jefatura de Policía.

Entre esas fechas, el jefe policial no informó sobre un incendio donde resultaron afectados cinco autos que se encontraban allí. Esta situación fue detectada el 19 de marzo pasado por el jefe del depósito que asumió con posterioridad del subcomisario Aguirre, quien actualmente era el subcomisario de la comisaría 12°, de Solís y Casilda, hasta que lo detuvieron el lunes pasado en el allanamiento de su vivienda de Domingo Candia al 2700, en barrio Nuevo Alberdi de zona norte.

Además, Fernández Bussy le imputó incumplir con los deberes de funcionario público al no realizar las tareas necesarias para evitar la desaparición o sustracción de seis vehículos, los cuales habían sido remitidos a la dependencia entre noviembre de 2021 y enero pasado por parte de los investigadores de la División Judiciales y que se encontraban bajo su guarda y custodia dentro del Depósito Judicial.

El fiscal dijo que omitió avisar o hacer la denunciar sobre la desaparición de los vehículos, que fue advertida por personal de Judiciales el 30 de marzo del 2022 cuando pidieron un informe sobre los coches.

Subcomisario investigado por robo de vehículos tuvo nuevos destinos y cayó con dos rodados robados

Finalmente, el funcionario del MPA le achacó la sustracción de una camioneta Volkswagen Amarok que estaba secuestrada desde diciembre de 2019 y se encontraba en el depósito judicial.

Esta chata fue hallada el lunes pasado cuando los policías hicieron un allanamiento en su vivienda y constataron que además, tenía una chapa patente que no correspondía al vehículo secuestrado. El dominio pertenecía a un patrullero del Comando Radioeléctrico de la localidad de Funes que se encontraba fuera de servicio porque se trataba de una unidad irrecuperable, por lo que además se le imputó la sustracción de esa chapa patente.

El operativo en el domicilio del subcomisario –quien antes de estar como subjefe de la cuestionada comisaría 12° de barrio Ludueña había trabajado en la seccional 7°, de Cafferata 342– arrojó otra sorpresa por la que también fue acusado de hurto y encubrimiento, ya que los pesquisas hallaron un Volkswagen Vento, el cual tenía un pedido de secuestro por haber sido sustraído en abril de 2019 en el partido bonaerense de la Matanza. Este vehículo también tenía un dominio que no le correspondía.

Tras la imputación por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de denuncia, sustracción e inutilización dolosa de elementos probatorios, hurto agravado por ser funcionario público y encubrimiento agravado, la jueza Álvarez resolvió dictar la prisión preventiva del uniformado que quedó tras las rejas por el plazo de ley, es decir dos años mientras avanza la causa.

 

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