El jefe de la Brigada Operativa Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones (PDI) de Villa Constitución fue indagado este jueves por el juez federal Carlos Vera Barros, quien lo acusó de cobrar dinero para favorecer a los integrantes de una banda dedicada a la venta de estupefacientes cuando cumplía funciones con el mismo cargo, pero en la ciudad de San Lorenzo. Además de la detención del jefe policial, el magistrado ordenó la aprehensión de un abogado penalista sanlorencino y de dos de sus clientas. Para la acusación, las mujeres le dieron dinero al letrado investigado para que éste se lo entregara al jefe policial, y así favorecer su situación procesal. Las imputadas –representadas por el abogado defensor Ezequiel Torres– quisieron hacer uso de la palabra en la audiencia, y negaron los hechos achacados. También sostuvieron que no conocían al jefe Antinarcóticos. En paralelo, el ministro de Seguridad provincial, Maximiliano Pullaro, dio una conferencia de prensa en la que se refirió a la detención del uniformado: “El que es corrupto, es corrupto y tiene que ir preso, sea policía o civil”, sostuvo.
Según voceros relacionados a la pesquisa, la detención del subcomisario Cristian Eduardo Acosta se debe a un hecho ocurrido en 2018, cuando revistaba como jefe de la Brigada Antinarcóticos de la ciudad de San Lorenzo. En esa oportunidad, Acosta participó en al menos un operativo donde adulteró un acta a cambio de dinero para favorecer la situación procesal de Emanuel Antonio C., sindicado como jefe de una banda dedicada al narcomenudeo.
De acuerdo con voceros del caso, Acosta había dejado el cargo en San Lorenzo hacía sólo tres meses cuando asumió como jefe de Antinarcóticos de la PDI en Villa Constitución.
El jefe policial fue apresado este miércoles en su vivienda de Villa Gobernador Gálvez, en uno de los cuatro allanamientos que desplegó la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), los cuales fueron ordenados por Vera Barros, titular del Juzgado Federal 3.
El otro detenido fue el abogado sanlorencino Leandro Roberto Demichelli, quien fue apresado en Puerto General San Martín. Demichelli ya había figurado en las crónicas policiales el año pasado, cuando fue el abogado defensor de Luis Pedro Peñalba en el juicio federal de la causa conocida como Los Patrones, en la que también fueron condenados por narcotráfico miembros de la banda Los Monos. Peñalba fue sentenciado a diez años y medio de prisión como organizador del traslado de marihuana de Corrientes a Rosario.
En 2015 el penalista había sido procesado por el juez de San Lorenzo Juan José Tutau por amenazas simples a testigos. Por ello fue condenado en el Juzgado de Sentencia 4 de Rosario, en un fallo confirmado por la Cámara Penal de Rosario en septiembre de 2017. La pena que recibió fue a dos años de prisión condicional y seis meses de inhabilitación para ejercer la profesión, por amenazas coactivas.
A su vez, en San Lorenzo hubo otros dos operativos: en la ruta 11 y en una vivienda de Fournier al 1200, donde fueron detenidas Yolanda L. y Magdalena M., respectivamente.
La indagatoria
De acuerdo con voceros judiciales, este jueves se indagó al subcomisario Acosta por participar del comercio y tenencia de estupefacientes, hechos que “se le imputan en la causa donde se investigó y detuvo como principal sospechoso Emanuel Antonio C., siendo su participación haber dado protección a la banda”. El delito se considera agravado por su cargo de funcionario público, explicaron los pesquisas. Y agregaron que también fue sindicado por haber aceptado dinero por parte de Demichelli para “hacer cosas ilegales respeto a la libertad de algunos imputados, y para que la banda continúe con el narcotráfico”.
En tanto, los voceros indicaron que a las dos mujeres se las indagó por estar sospechadas de haberle pagado al jefe Antinarcóticos, a través de Demichelli, una suma de dinero para obtener la libertad de algunos imputados. Además, una de ellas fue sindicada como parte de la banda de Emanuel C., continuaron los investigadores judiciales.
En ese marco, el abogado Ezequiel Torres, en representación de las mujeres, indicó que el delito por el que fueron indagadas fue el de cohecho en el marco de la ley 23.737, la ley de drogas. La acusación las imputó como quienes le pagaron a su abogado defensor –por Demichelli– para que, a su vez, éste le pague a Acosta para beneficiarlas en causas relacionadas al narcotráfico. Las mujeres quisieron decir unas palabras en la audiencia de este jueves: “Sostuvieron que no conocían al jefe policial como tampoco habían tenido contacto con éste. Además, remarcaron que el dinero que le pagaron a éste era por la representación de las mismas. No estaba destinado a otras cosas”, remarcó el defensor Torres. Y adelantó que en la jornada de este viernes presentará pedidos de excarcelación de sus clientas: “Una de las mujeres tiene una causa y desde hace tres años cumple con rigor todos los requisitos que le han impuesto para cumplir la prisión domiciliaria. Mi otra defendida está embarazada de cinco meses”, señaló.
Pullaro: “El que es corrupto tiene que ir preso”
El ministro de Seguridad de la provincia, Maximiliano Pullaro, se refirió este jueves a la detención del jefe de la Brigada Operativa Antidrogas de Villa constitución, Cristian Acosta, quien fue indagado por favorecer a un narco cuando estaba en funciones en la zona de San Lorenzo. “El que es corrupto, es corrupto y tiene que ir preso, sea policía o civil”, remarcó Pullaro en declaraciones a la prensa realizadas en la sede de Gobernación.
“Es muy difícil detectar a una sola persona que fragua el acta de un procedimiento con un abogado para beneficiar a una persona detenida por narcotráfico. Es medio difícil desde mi despacho, o desde el lugar en que está el jefe, adelantarse a un hecho de esas características”, continuó el ministro provincial.
Cuando le preguntaron qué autocrítica podría hacer el gobierno frente a este nuevo caso de un funcionario policial implicado en delitos, Pullaro indicó: “Autocrítica de mí van a encontrar siempre, porque las cosas siempre se pueden hacer mejor. Uno siempre va para adelante. Tenemos 3.000 jefes policiales en la provincia de Santa Fe sobre 23.000 efectivos. En el caso de ayer, Acosta tenía cuatro personas a su cargo. No era jefe de unidad regional. No tenía 3 mil o 5 mil personas a su cargo, tenía sólo a cuatro”, concluyó el funcionario.
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