Cuatro hombres de nacionalidad colombiana fueron imputados este jueves por otorgar préstamos usurarios donde se aprovecharon de la falta de experiencia y desesperación de una comerciante de Empalme Graneros, a quien durante un año le refinanciaron la deuda con inalcanzables intereses diarios y cuando no pudo pagar lo amenazaron con quemarle la vivienda. El fiscal es David Carizza y en esta jornada se conoció que la damnificada comenzó en marzo pasado con un préstamo de 50.000 pesos y como no logró afrontar las cuotas diarias, terminó endeudada con cuatro prestamistas por una suma que superaba los 600.000 pesos. El magistrado Ismael Manfrín presidió la audiencia y dictó la prisión preventiva por 60 días para el cuarteto.
De acuerdo con voceros del Ministerio Público de la Acusación (MPA), el caso se conoció este lunes cuando una joven comerciante de 25 años se presentó en la sede operativa de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) para denunciar que era víctima de una extorsión por parte de un grupo de ciudadanos colombianos.
La víctima contó que el año pasado pidió distintos créditos a un grupo de personas que hacía préstamos informales. En total le prestaron un monto que superó los 100 mil pesos pero los intereses incrementaron desmesuradamente la deuda y terminaron reclamándole que entregara más de 600 mil pesos, explicó una fuente fiscal.
Ante la imposibilidad de afrontar la situación y el temor que le ocasionaban las amenazas donde uno de los prestamista le advirtió que le quemaría su vivienda, la joven se animó a denunciarlos. Ese mismo lunes, el personal de la AIC hizo un operativo en inmediaciones del comercio de la víctima en Gorriti al 5700, de Empalme Graneros.
Los prestamistas llegaron alrededor de las 17 en cuatro motos. El primero en estacionar fue Alexander Fader L.G. A los minutos paró detrás, una joven que llevaba como acompañante al otro prestamista, Jairo Angres R.M. y al rato aparecieron los restantes en dos motocicletas: Christian Camilo P.H., de 31 años, y Antonio Franco Gilnardo G., padre de Alexander y conocido por todos como Juan.
Los cinco fueron apresados por el personal de la AIC y por disposición del fiscal Carizza los cuatro hombres quedaron incomunicados hasta este jueves cuando los imputó por los delitos de usura crediticia agravada por habitualidad, en carácter de coautores. En tanto, a uno de ellos le sumó el delito de amenazas coactivas.
Los prestamistas y sus préstamos
El fiscal Carizza de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos hizo un pormenorizado detalle de cómo era el accionar de estos prestamistas informales, a quienes acusó de “haber desempeñado la usura crediticia de forma profesional y habitual donde se aprovecharon de la situación de necesidad e inexperiencia de las víctimas obteniendo intereses desproporcionados en relación a los préstamos otorgados y, en consecuencia, colocándolas en una situación de ahogamiento financiero”. Para la acusación, el cuarteto desplegó este accionar durante todo el año pasado.
El primero de los prestamistas fue Alexander L.G., el cual se presentó en el comercio de la víctima y le dijo que estaba al tanto de que estaba en una apremiante situación económica. Entonces, Alexander ofreció un préstamo de 50 mil pesos que tenía que devolver en 36 cuotas diarias de 2.800 pesos.
“De esta forma explotó económicamente la situación de necesidad de la contraparte, logrando una ventaja patrimonial desproporcionada mediante el referido crédito usurario”, explicó el fiscal refiriéndose a los 100.800 pesos que iba a tener que restituir al prestamista. Y ese fue el puntapié para que la víctima entrara en un espiral donde no logró saldar su deuda. La comerciante llegó a devolver 34 cuotas, 95.200 pesos, pero le quedó el saldo de 5.600 pesos.
Alexander L.G. regresó y bajo amenazas, le “sugirió” refinanciar esa deuda con más intereses. Sin mucho margen para la negociación, la damnificada aceptó y a los días, el prestamista regresó con su padre Antonio G.
El acuerdo esta vez versaba en que Antonio le prestara otros 50.000 pesos para poder saldar la deuda de su hijo Alexander. Y así la damnificada terminó con dos créditos, uno pagándole la refinanciación a Alexander de 2.800 diarios y el otro para el padre con una cuota diaria de 7.800.
Ante las imposibilidades de pago, Alexander llevó a otro prestamista Christian P.H. y también acordaron otro préstamo junto a nuevas refinanciaciones, con los correspondientes intereses. Pasaron los días y Christian P. H. llevó al comercio al cuarto prestamista Jairo R.M.
Cuando cayó en la cuenta, la víctima tenía que pagar cuatro cuotas diarias que hacían un total de 23.045 pesos.
Para diciembre, Antonio volvió a reunirse con la víctima e hizo una nueva refinanciación de los cuatro créditos en tres cartones de 150.000 pesos cada uno a devolver 50 cuotas por día de 4.260 pesos, lo que dejaba una suma de 213.000 pesos por cartón –639.000 pesos en total–, detallaron desde la Fiscalía.
La víctima continuó como pudo con el abono de estas obligaciones hasta que se le hizo imposible y el 13 de enero último, Antonio G. se presentó en su casa y volvió a amenazarla diciéndole que tenía pagar porque le quemarían la casa. Esta situación derivó en que la víctima se animara a denunciar la situación, concluyó el fiscal para imputar al cuarteto por los delitos de usura crediticia agravada por habitualidad o profesionalismo, en carácter de coautores. En tanto, Antonio G. sumó la acusación por amenazas coactivas, explicaron los voceros relacionados al caso.
Tras escuchar a las partes, el juez Manfrín aceptó los cargos de la Fiscalía y dictó la prisión preventiva por el plazo de 60 días para el cuarteto, mientras avanza la investigación.
Voceros del MPA indicaron que la pesquisa continúa para determinar si hubieron más personas implicadas en estos delitos y también en la identificación de otras víctimas. Además, los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos ordenaron nuevas medidas para corroborar si estos hombres tienen relación con la banda que se hacía llamar Los Colombianos y que la semana pasada fueron imputados por siete hechos similares donde ofrecían préstamos con un interés del 360 por ciento anual y tenían su sede de operaciones en el Mercado de Productores, de bulevar 27 de Febrero y Constitución.
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