El presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, acusado a su vez de corrupción en el caso de la petrolera Petrobras, acogió favorablemente un pedido de juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, por supuesta adulteración de las cuentas públicas.
“Es autorizar la apertura, no dar un juicio de mérito; será la comisión especial que podrá acoger o rechazar” el pedido de impeachment, dijo el presidente de la Cámara baja.
La decisión del legislador evangélico investigado por corrupción en el marco del megafraude a la estatal Petrobras deberá ahora ser analizada por una comisión de diputados cuya conclusión será votada por el plenario de la Cámara.
Con 342 aprobaciones del total de 513 diputados (los dos tercios), Rousseff podría ser apartada de su cargo a poco de haber asumido su segundo mandato el 1 de enero pasado. Luego el plenario del Senado la juzgará y en caso de que dos tercios de la cámara alta (54 de 81) levanten su mano afirmativamente Rousseff perderá su mandato y será sustituida por su vicepresidente, Michel Temer (PMDB, centro), hasta las próximas elecciones presidenciales de 2018, según indica la constitución del vecino país.
El pedido de destitución de la presidenta fue presentado por dos renombrados juristas, Hélio Bicudo, uno de los fundadores del PT que luego se apartó de esa fuerza, y Miguel Reale Junior, ex ministro de Justicia durante el gobierno del opositor ex presidente Fernando Henrique Cardoso.
Cunha, anunció su decisión pocas horas después de que la bancada parlamentaria del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) resolviera votar a favor de que se abra un proceso de destitución en contra del titular de la Cámara de Diputados.
El proceso contra Cunha, del Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), será votado la semana que viene en el Consejo de Ética de la Cámara Baja. Se basa en acusaciones contra el legislador de nexos con la red de corrupción que operó en Petrobras, y en que mantuvo cuentas secretas en Suiza por millones de dólares en las que depositó el dinero fruto de los sobornos obtenidos en la petrolera estatal.
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