El Poder Ejecutivo Nacional aceptó hoy la renuncia de ocho integrantes del Ministerio Público Fiscal, quienes dejaron sus cargos tras la sanción de la ley que redujo las jubilaciones de privilegio en el Poder Judicial y el cuerpo diplomático, y se sumaron de esta forma a decenas de dimisiones registradas en los dos últimos meses.
La decisión la adoptó el presidente Alberto Fernández y fue publicada hoy en el Boletín Oficial y, en todos los casos, las renuncias tienen fecha del 28 de febrero, anterior a la promulgación de la ley, el 6 de marzo pasado.
La nueva norma, que redujo privilegios, subió del 11 al 18% los aportes de jueces y fiscales y, también, determinó el haber inicial en el 82% del promedio de los 120 últimos salarios que percibieron, durante el período inmediato anterior al cese definitivo en el servicio.
Los renunciantes son Ana Cristina María Yacobucci, fiscal ante los juzgados nacionales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal número 32; Alejandro José Eustaquio Moldes, fiscal ante el juzgado federal de primera instancia de Zapala, Neuquén; y Eduardo Carlos Marina, fiscal general ante los tribunales orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, fiscalía numero 19.
También lo hicieron Carlos Alberto Stagnaro, fiscal ante el juzgado federal de primera instancia de Mercedes, Buenos Aires; Guillermo Héctor Ferrara, fiscal ante los juzgados federales de primera instancia de La Plata, fiscalía número 2; y Marcela Sánchez, fiscal ante los juzgados nacionales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, fiscalía número 30.
Asimismo, le fueron aceptadas las renuncias a Guillermo Oscar Cicchetti, fiscal ante los juzgados nacionales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, fiscalía número 52; y Graciela Silvia López, fiscal ante los juzgados federales de primera instancia de Córdoba, fiscalía número 3.
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