¿Legalizar o no? El rechazo del Senado a la ley del aborto en la Argentina no acalló el debate sino que, por el contrario, lo disparó como nunca en Latinoamérica, donde mayoritariamente se criminaliza su práctica libre y donde solo uno de cada cuatro abortos es seguro.
En esta región, cada año unas 760.000 mujeres reciben asistencia médica por complicaciones de abortos inseguros, como hemorragia e infecciones, según estimaciones de la OMS y el Guttmacher Institute. Pero muchas de ellas no acuden a tiempo por miedo y mueren.
Guatemala podría aprobar una ley que endurece las penas por la interrupción del embarazo, al punto de castigar con prisión los abortos espontáneos.
Entretanto, el Supremo Tribunal Federal de Brasil evalúa un recurso para que el aborto deje de ser considerado un delito antes de la duodécima semana de gestación. Y en Chile, un centenar de diputadas presentaron recientemente un proyecto de ley de aborto libre hasta las 14 semanas.
Cinco mujeres relataron a la AFP sus experiencias en países de América latina.
El aborto en la Ciudad de México es desde 2007 legal y libre hasta la semana 12 de embarazo. En el resto de los 31 estados está permitido en casos de violación o peligro de vida de la mujer. En Guanajuato, la práctica se castiga con penas de prisión de hasta 30 años.
Monse Castera tiene 32 años, es promotora de arte y abortó tres veces legalmente. “No han sido experiencias que me causen culpa ni dolor emocional. Yo crecí en una familia atea y no tengo ideas religiosas que me hagan sentir culpa. El aborto no es algo de lo que tengamos que sentirnos avergonzadas, hay que evitarlo, pero lo que más hay que evitar es que haya niños no deseados. Me da infinita tristeza que en 2018 una mujer no pueda decidir sobre su propio cuerpo”, expresó.
Gregoria (nombre ficticio) es una estudiante de veterinaria de 25 años y vive en las afueras de Rio de Janeiro. Cuando quedó embarazada compró ilegalmente, a través de un amigo, misoprostol, un medicamento utilizado para inducir el trabajo de parto. “ Tuve mucho miedo de morir. Como no es legal, no tenía muchas opciones a quien acudir. Si estuviera legalizado, creo que sería menos sufrimiento. Incluso hoy hablar de lo que viví es difícil”, expresó.
Mariana Rodríguez, una administrativa de 27 años, abortó en el sistema hospitalario de Uruguay, donde se legalizó en 2013. “El proceso fue muy bueno, me sentí muy acompañada y no me sentí juzgada. Duró unas dos semanas. Ahí te dan dos pastillas, una te la tomas en la noche y la otra al día siguiente. No me trataron de persuadir, la psicóloga nomás me preguntó si estaba segura y di mis argumentos”, expresó.
Desde 1998 en El Salvador el aborto en cualquier circunstancia y en ocasiones incluso la pérdida gestacional involuntaria se tipifica como homicidio agravado y se castiga hasta con 40 años de cárcel. Elsi Rosales vive en el campo y tiene 27 años, un hijo de 3 y el trauma de un embarazo que terminó con el neonato muerto y ella en la cárcel. Tras pasar 10 meses en prisión, fue liberada porque no pudo demostrarse que se trató de una muerte inducida. “Me voy a sumar a la lucha (por que se reforme la ley penal y se permita el aborto en cuatro razones), para que las mujeres que están en la cárcel sientan que no están solas. Este sistema de justicia nos discrimina por el único hecho de ser mujeres”, sostuvo.
Josefa tiene 46 años, es maestra y vive en La Habana. Tiene dos hijos y se realizó tres abortos en Cuba, país que se convirtió en 1965 en pionero en la región al legalizar su práctica voluntaria hasta la octava semana de gestación. “En Cuba, es mi derecho escoger cuándo puedo tener un hijo. No es un método anticonceptivo. Tenemos el derecho a escoger pero también tenemos que tener conciencia de que no es un juego”, indicó.
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