Arlen Buchara
Esta nota fue escrita de forma colaborativa entre las periodistas Arlen Buchara del diario El Ciudadano y Laura Hintze del periódico El Eslabón
En el cumpleaños 37 de la democracia y en el Día de los Derechos Humanos, Argentina se acerca cada vez más a saldar una de sus deudas más grandes: el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir sobre el propio cuerpo y no morir en el intento. La Cámara de Diputados de la Nación empezó a debatir este jueves 10 el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Como en 2018, la discusión parlamentaria por la legalización y despenalización del aborto es acompañada por una enorme movilización social de los feminismos en las afueras del Congreso y en localidades de todo el país. Las vigilias arrancaron el miércoles por la noche bajo la consigna “Sale si salimos”. Hablarán 170 diputados y diputadas y se espera que la votación sea al amanecer.
El sol salió sobre las inmediaciones de un Congreso de la Nación con las fachadas tapadas de banderas, consignas, pañuelos verdes de todos los tamaños. También sobre cientos de pibas, mujeres, lesbianas, travestis, no binaries que eligieron no abandonar el lugar que le pertenece al proyecto que se discute desde el mediodía: la calle. El panorama no es similar al de 2018. La pandemia atraviesa una vigilia de glitter y barbijos, alcohol en gel en cada mochila, mucho calor, otro tipo de ansiedad. Porque no sólo se trata de una posibilidad real y concreta – otra vez, pero esta vez un poco más – de que el aborto sea legal. Es también la vuelta, con distancia social, a ese abrazo colectivo, feminista, que en los últimos años se había vuelto rutina, bálsamo y fiesta.
Como en 2018, la plaza del Congreso está dividida en dos por vallas. Sobre Rivadavia y Callao se extiende la marea verde. Del lado de Yrigoyen concentran quienes están en contra, con el color celeste como referencia.
La sesión arrancó a las 11, la hora prometida, con las palabras del presidente de la Cámara Sergio Massa. “Acá no hay diputados antiderechos ni diputados asesinos”, dijo y pidió un debate con respeto. A la misma hora, el presidente Alberto Fernández y el ministro de Salud Ginés González García anunciaban que la vacuna contra el covid-19 llegará a 300 mil personas antes de fin de año.
Mientras las y los legisladores se preparaban para más de 17 horas de debate, desde el Salón de los Pasos Perdidos y desde el recinto se empezó a escuchar el agite que venía de Callao y Rivadavia. No fue difícil recordar la escena que, dos años y medio atrás, se viralizó durante el debate en el Senado. “¿Qué es ese ruido?”, se había preguntado el 8 de agosto el senador Federico Pinedo mientras argumentaba en contra de la IVE. Al instante se respondió solo: “Ah, la calle”.
En la sesión especial, la primera presencial en la pandemia, con 105 diputados y diputadas en el recinto, y 45 de forma virtual, se discuten dos proyectos que tuvieron dictamen el miércoles por la tarde: el de Interrupción Voluntaria del Embarazo y el que crea el programa de los Mil Días. Primero se tratará y votará el aborto legal, con 170 expositores, y después el de los Mil Días, por el que hablarán 50 legisladores y legisladoras.
La discusión que arrancó este mediodía y promete ser intensa, maratónica, histórica, es un faro en la región. El 97 por ciento de las personas gestantes que residen en Latinoamérica viven en países donde el aborto está penalizado. Sólo seis países en la región, que concentra apenas el 3 por ciento de la población, tienen aborto voluntario y legal.
Antes del comienzo del debate del proyecto de IVE, hubo dos mociones de diputados en contra. La santafesina Lucila Lehmann, de Juntos por el Cambio, hizo un pedido insólito: en un país laico solicitó pasar el debate a enero porque diciembre es un mes católico. Otro legislador, Javier Campos, pidió una consulta popular, una propuesta rechazada por quienes piden el aborto legal porque los derechos no se plebiscitan. Las dos mociones fueron no positivas.
Después fue el turno de las exposiciones de las y los presidentes de las comisiones de Legislación General, Cecilia Moreau (Frente de Todos); de Salud, Pablo Yedlin (FDT); de Legislación Penal, Carolina Gaillard (FDT) y de Mujeres y Diversidad, Mónica Macha (FDT), quienes tuvieron 20 minutos para argumentar. Los cuatro destacaron la importancia de que el Congreso apruebe el proyecto y coincidieron que se trata de “una deuda histórica”. El resto de las y los expositores, tienen cinco minutos para opinar a favor o en contra, a diferencia de la discusión anterior, en la que contaban con siete.
Al abrir el debate como miembro informante del dictamen de mayoría, Moreau dijo que tanto el proyecto de legalización del aborto como el Plan de Mil Días promueven más justicia social y cuidan la salud entendida de manera integral. También reconoció la lucha de los feminismos en la pelea por el aborto legal. “Esta discusión ha sido puesta sobre la mesa por miles de mujeres que nos han impuesto este debate puertas afueras del Congreso”, dijo y cerró con la frase: “Que sea ley”.
Yedlin explicó que el proyecto no va contra de las creencias de nadie y recordó que hace cien años que se decide condenar a las mujeres a la clandestinidad. Lo dijo en referencia al Código Penal que sólo permite el aborto por las causales de violación y riesgo de salud, tutelando el derecho a decidir de las personas gestantes. “El aborto necesita salir de la clandestinidad para salvar miles de mujeres”, cerró.
Para Gaillard, este jueves es un día histórico para las mujeres del país. “No estaríamos acá sin la marea verde y sin la decisión política del presidente que tomó el tema como política pública”. Pidió jugársela por la sanción de este proyecto y no ser tibios con este tema.
Después fue el turno de Macha, quien puso de relieve que se trata de una de las leyes más importantes desde el regreso de la democracia. La diputada remarcó que el aborto legal es soberanía sanitaria y que este será un paso clave para la multiplicidad de identidades y cuerpos, porque también abortan las lesbianas, los varones trans y no binaries.
Después hablaron las diputadas Carmen Polledo (Juntos por el Cambio) y Marcela Campagnoli (Coalición Cívica) por el dictamen de minoría de rechazo. Ambas expusieron en contra del proyecto. Al finalizar, comenzaron las exposiciones de 5 minutos que se extenderán hasta la madrugada.
El proyecto en discusión
El proyecto de ley de IVE nació de la discusión entre los proyectos propuestos por la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito (presentado por octava vez en mayo de 2019), por la diputada Araceli Ferreyra, y el Poder Ejecutivo de la Nación, enviado por el presidente Alberto Fernández en noviembre de este año.
El proyecto de ley del Ejecutivo fue redactado por un equipo liderado por Vilma Ibarra, secretaria Legal y Técnica, feminista y co-autora de la ley de matrimonio igualitario. En términos generales plantea los mismos lineamientos que el de la Campaña, con algunas diferencias. El de la Campaña fue redactado por una comisión federal y presentado, por octava vez, en mayo de 2019.
El dictamen de mayoría emitido por un plenario de comisiones este miércoles establece que “las mujeres y otras personas con identidades de género con capacidad de gestar” tienen derecho a practicarse un aborto hasta la semana 14 del proceso gestacional. Los diputados y diputadas que promueven el aborto legal introdujeron cambios para facilitar su sanción en el Senado en lo referido a la objeción de conciencia de las instituciones sanitarias privadas. Las modificaciones establecen ahora que aquellos centros de salud privados o de la seguridad social que no cuenten con profesionales para realizar la interrupción del embarazo por objeción de conciencia deberán prever y disponer la derivación a un lugar de similares características, donde se realice efectivamente la intervención.
Se incorporó además que, para los casos de menores de 16 años que decidan abortar, se requerirá su consentimiento y se procederá conforme lo dispuesto en el artículo 26 del Código Civil y Comercial, que indica que “la persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales”.
Los votos de Santa Fe
La provincia de Santa Fe está representada por 19 diputados y diputadas. Al momento, nueve votarían en contra de la IVE, nueve a favor y uno se mantiene indeciso (el diputado Esteban Bogdanich, del Frente de Todos). Los votos por el no a la legalización del aborto pertenecen a Federico Angelini (Pro), Laura Castets (Coalición Cívica), Luis Contigiani (FPCyS), Luciano Laspina (PRO), María Lucila Lehmann (CC), Vanesa Massetani (FdT), José Nuñez (Pro), Alejandra Obeid (FdT) y Gisela Scaglia (Pro). Mientras que a favor de la interrupción legal del embarazo votan Albord Cantard (UCR), Marcos Cleri (FdT), Gonzalo Del Cerro (UCR), Enrique Estévez (PS), Ximena García (UCR), Josefina González (FdT), Juan Martín (UCR). Germán Martínez (FdT), Patricia Mounier (FdT).
Una deuda de la democracia
Según un estudio elaborado en 2009 por el Ministerio de Salud de la Nación, en el país se producen entre 370 mil y 500 mil abortos anuales. Equivalen a entre 41 y 56 por hora. La clandestinidad produce un promedio de 50 mil internaciones anuales por complicaciones. Desde la vuelta de la democracia, al menos 3.040 mujeres y personas gestantes murieron por abortos clandestinos.
Las mujeres que mueren son personas jóvenes y sanas, que además en muchos casos tienen otros hijos. El portal de noticias LatFem indica que desde el rechazo en el Senado de 2018 hasta hoy murieron 16 mujeres como consecuencia de abortos inseguros. Entre todas ellas, tenían 21 hijas e hijos.
Además, entre 2016 y 2018, 7.262 niñas entre 10 y 14 años tuvieron un parto. El embarazo a término en estas edades cuadriplica el riesgo de muerte durante el embarazo y las complicaciones como eclampsia, hemorragia posparto, e infecciones. También existen efectos en la salud mental, e incluso en el proyecto de vida: las niñas tienen más probabilidades de abandono escolar, empleos informales, perpetuando ciclos de discriminación y pobreza.
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