Arlen Buchara
El proyecto de ley de Regulación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo y Atención Postaborto empezó a tratarse en el Senado de la Nación. El mismo viernes de la histórica media sanción de Diputados, la presidenta de la Cámara alta, Cristina Fernández de Kirchner, designo a las tres comisiones por las que pasará: Mujer, Justicia y Asuntos Penales y Salud. También definió el cronograma, que arrancó este lunes con un plenario en el que hablaron representantes del Poder Ejecutivo a favor del proyecto. Estuvieron la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra; el ministro de Salud, Ginés González García; y la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. De forma virtual, las y los senadores tuvieron la oportunidad es escuchar y preguntar. Si bien no era el momento, también hubo lugar para opiniones. Martes y miércoles será el turno de la exposición de especialistas y de legisladores a favor y en contra. El jueves habrá dictamen. La votación: el 29 de diciembre.
El proyecto fue girado al Senado luego de haber sido aprobado en Diputados por 131 votos a favor, 117 en contra y seis abstenciones: un margen más amplio del que había obtenido en 2018. Esa vez, el expediente chocó con la negativa de la Cámara alta, que lo rechazó por 38 a 31, con dos abstenciones y una ausente.
La celeridad en los tiempos dispuesta por Cristina Fernández de Kirchner marca desde el comienzo una diferencia con el debate de 2018, cuando la ex presidenta de la Cámara alta Gabriela Michetti fue señalada por demorar el tratamiento y mandarlo a más comisiones de las previstas. Se suma el impulso por parte del Poder Ejecutivo que, junto con la militancia y movilización de los feminismos que pelean desde hace tres décadas por este derecho, inclinan la balanza a un fin de año con aborto legal en la Argentina. Los distintos poroteos muestran que esta vez el Senado no les dará la espalda a las mujeres y personas gestantes. Los números, sin embargo, están parejos y no está descartado que le toque a Cristina Fernández desempatar. Los tuit y memes con un voto “sí positivo” circulan desde hace semanas.
La posible legalización y despenalización de esta práctica es un faro para Latinoamérica, una región particularmente desigual a la hora de legislar sobre el derecho a decidir interrumpir el embarazo: el 97% de las personas gestantes viven en países donde el aborto está criminalizado. De avanzar en la normativa, Argentina será el primer país con mayor población en hacerlo.
El plenario de comisiones del Senado abrió este lunes a las 14, presidido por la Banca de la Mujer, que tiene a Norma Durango al frente. Justicia y Asuntos Penales está a cargo de Oscar Parrilli, a favor, y Salud la dirige Mario Fiad, en contra. En 2018 Michetti había girado la iniciativa a cuatro comisiones, tres de las cuales estaban presididas por senadores que se oponían al proyecto.
Durango no sólo está a favor sino que forma parte de la mesa articulación feminista y transversal entre senadoras y senadores de distintos bloques que trabajan para conseguir la aprobación de la ley. Incluye a la mendocina, del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti; la porteña Guadalupe Tagliaferri, de Juntos por el Cambio; Nancy González (FTD-Chubut); Matías Rodríguez (FTD-Tierra del Fuego); la mendocina Pamela Verasay (JPC); Martín Lousteau (JPC); y el jefe del interbloque, Luis Naidenoff (JPC).
En la apertura, Durango dijo que espera un debate respetuoso con los argumentos de una u otra posición. Y adelantó que planea emitir dictamen el próximo jueves, luego de escuchar a entre 40 y 50 expositores el martes y el miércoles, en jornadas que serán divididas desde las 10 y las 13 y desde las 15 y las 18 horas de cada día.
En el Poder Ejecutivo defendieron la iniciativa al entender que se busca “evitar muertes evitables” ante un problema “de salud pública”. El ministro de Salud, Ginés González García, dijo que el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados tuvo en cuenta “la experiencia mundial” y ratificó que la iniciativa “no es en contra de nadie, sino a favor de un grupo social que está sufriendo en la Argentina”.
Además, dio el dato de que en Argentina se practican alrededor de mil abortos por día y que hay al menos 100 internaciones diarias por complicaciones al hacerlo en condiciones inseguras. “Si bien ese número viene disminuyendo por todos los programas que vienen implementándose en la Argentina, el tema sigue pasando. Este es un proyecto extraordinario porque baja la mortalidad materna, la morbilidad materna y aumenta la vida de las mujeres”, remarcó.
La secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, explicó que la idea es “evitar las muertes evitables” y encarar “una política de Estado” con educación sexual integral. Para ella la penalización del aborto que rige hasta la actualidad no dio resultados y reiteró que una educación sexual integral “debe ser una política de Estado”.
Planteo insólito
En el inicio del plenario, el senador del Frente de Todos Dalmacio Mera formuló un planteo en contra del giro a comisiones. Pidió que pase por Asuntos Constitucionales y se opuso a que sea la Banca de la Mujer la que presida. “Es equivocado y una forma simbólica de desresponsabilizar al varón en una situación tan delicada”, dijo y agregó que no estaba de acuerdo con que la Banca de la Mujer esté integrada por mujeres, por lo que pidió que se revea el giro dispuesto. La propuesta de Mera fue rechazada por la presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Ángeles Sacnun.
Dictamen
El oficialismo tiene quórum y mayoría absoluta en todas esas comisiones, por lo que se espera que el dictamen se logre fácilmente. Los acuerdos para conseguir los votos empezaron mucho antes de la media sanción, cuando en Diputados hubo negociaciones en la letra chica para emitir un dictamen que no rebotara en el Senado. En este sentido, se espera que los votos estén garantizados.
El proyecto
La iniciativa permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación, que deberá garantizarse en un plazo de 10 días en la salud pública y privada. También contempla la atención postaborto. El plazo de la semana 14 no se aplicará cuando el embarazo fuera producto de una violación, en los casos de menores de 13 años o si estuviera en riesgo la vida.
En los casos de los menores de 16 que decidan abortar, se requerirá su consentimiento y que concurra acompañado por un familiar o un referente afectivo, mientras que las personas mayores de 16 años tienen plena capacidad por sí para prestar su consentimiento.
El proyecto habilita la objeción de conciencia de profesionales que no están de acuerdo con la práctica médica. En el caso de que una institución privada no cuente con profesionales para realizar la interrupción del embarazo, deberá disponer la derivación a otra institución en la que sí pueda concretarse, según contempla el proyecto.
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