Arlen Buchara
Pasaron cosas. Entre la madrugada y la tarde del miércoles el gobierno de Cambiemos había avanzado en derechos para las mujeres y personas gestantes. Pero a las horas se tiró para atrás. El Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) fue publicado en el Boletín Oficial por resolución de la Secretaría de Salud, que depende del Ministerio de Desarrollo Social después de su degradación en el organigrama. El texto regulaba y daba información sobre cómo acceder y garantizar los abortos no punibles en la Argentina por las causales que permite el Código Penal desde 1921: riesgo de salud de la mujer o persona gestante y violación. Tomaba el texto de 2015, que a su vez actualizaba otros de 2012, 2010 y 2007.
Incorporaba las modificaciones del Código Civil y Comercial de 2015 y los métodos medicamentosos como forma segura de acceder a la práctica. Pero a las horas de ser publicado, el presidente Mauricio Macri anunció que daba marcha atrás con la resolución. Así, el mandatario que en 2018 se jactó de haber habilitado el debate del aborto legal en la Argentina consolidó el perfil que tomó durante la campaña por la reelección, cuando cambió el discurso para captar los votos de quienes están en contra de que la práctica deje de ser clandestina.
En tanto, este jueves la Cámara de Diputados de la Legislatura tenía previsto darle tratamiento preferencial a un proyecto de la diputada Igualdad y Participación, Silvia Augsburger, para adherir a la normativa nacional. La votación se hará igual sobre el protocolo de 2015.
Lo que pasó
Entre las 12 horas que pasaron desde la publicación del texto de 77 páginas hasta la cancelación sucedió el lobby antiderechos. Estuvo encabezado por el senador macrista Federico Pinedo, quien pasado el mediodía hizo dos tuits en contra de la resolución. “El secretario de Salud de la Nación no puede pasar por encima de un debate de seis meses del Congreso Nacional y legislar por sí mismo, contradiciendo normas de rango constitucional”, dijo en el primero y después agregó: “Me parece lamentable y claramente inconstitucional la resolución del secretario de salud ampliando de manera irresponsable las causales de aborto no punible y limitando la objeción de conciencia médica”.
Pinedo apuntó los cañones a Adolfo Rubistein, secretario de Salud, que estuvo a cargo de la redacción del nuevo protocolo y firmó la resolución publicada en el Boletín Oficial. Con el nuevo texto, el ex ministro estuvo cerca de terminar el mandato con un marco regulatorio actualizado con las nuevas normas nacionales e internacionales.
En 2018, Rubinstein fue una de las pocas voces de Cambiemos a favor la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) durante el debate parlamentario. El entonces ministro definió al aborto como un problema de salud pública con datos contundentes: en Argentina por año se hacen 354.627 abortos, que equivalen a 41 prácticas por hora.
Otro dato relevante fue el de los métodos usados para abortar y quienes son las más perjudicadas con la ilegalidad. Casi el 70 por ciento de las interrupciones en Argentina son a través de un medicamento, es decir, con misoprostol.
El 22 por ciento son hechos por profesionales en condiciones clandestinas. En los dos casos, más del 80 por ciento son sin riesgo. El problema está en el menos del 10 por ciento restante: son los abortos hechos en condiciones de extrema precariedad en los cuales más del 70 por ciento de las mujeres y personas gestantes corre riesgo de morir. Desde la vuelta de la democracia, más de 3 mil mujeres murieron por hacerlo en condiciones inseguras.
El feminista menos pensado
Cuando en febrero de 2018 Mauricio Macri anunció que daría libertad de conciencia a las y los legisladores de Cambiemos para tratar un proyecto de despenalización y legalización del aborto, la directora del Instituto Nacional de la Mujer Fabiana Túñez dijo que el presidente era “el feminista menos pensado”. El presidente saliente había dicho tres años antes que estaba “a favor de la vida”, cuando en una entrevista le habían preguntado por las mujeres que morían por abortos clandestinos.
El anuncio de 2018 llegó en el contexto de crisis económica creciente y fue una respuesta a la movilización social feminista que semanas antes había hecho uno de los pañuelazos más grandes de la historia. Pero lejos de impulsar la ley, Macri hizo silencio durante toda la discusión parlamentaria y se limitó a decir que celebraba el debate. Los consensos para la media sanción en diputados fueron logrados por una construcción transversal de distintos bloques. Cuando el proyecto llegó al Senado, la vicepresidenta Gabriela Michetti y Pinedo fueron piezas fundamentales del lobby antiderechos para el rechazo del 8 de agosto.
En 2019 y ya en campaña, Macri dejó en claro su oposición a la legalización. Durante las marchas por la reelección salió a captar el voto identificado con el pañuelo celeste y proclamó estar “claramente a favor de las dos vidas”. La decisión de dar marcha atrás con el protocolo de ILE no sólo es una consolidación de ese perfil. Da cuenta de cuál será el rol de la futura oposición macrista en materia de derechos sexuales y reproductivos.
Una costumbre
No es la primera vez que Cambiemos da marcha atrás en resoluciones que amplían derechos de mujeres y personas gestantes. En octubre de 2016, la entonces Ministra de Salud de la provincia de Buenos Aires, Zulma Ortiz, firmó la adhesión al protocolo de ILE de 2015. A los pocos días, la gobernadora María Eugenia Vidal canceló la resolución.
Meses después Ortiz renunció y en su lugar asumió Andrés Scarsi, quien se manifestó en contra del aborto legal y en 2018 minimizó las muertes de mujeres por abortos clandestinos que hubo en la provincia después del rechazo en el senado.
Legal por causales
En Argentina el aborto está despenalizado en caso de violación y riesgo de salud desde 1921. En 2012 el fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia reafirmó esas causales y solicitó al Poder Ejecutivo la elaboración de un protocolo para garantizar el acceso a los abortos legales en la salud pública y privada. El entonces Ministerio de Salud lo hizo tomando como base las dos ediciones de la Guía Técnica para la Atención Integral de Abortos No Punibles de 2007 y 2010. En 2015 fue actualizado y este miércoles fue publicada en el Boletín Oficial la nueva actualización.
Hasta la fecha no todas provincias de la Argentina lo cumplen. Hay siete que no tienen: Catamarca, Corrientes, Formosa, Mendoza, Santiago del Estero y Tucumán. Y otras cuatro que limitan los derechos contemplados en el texto nacional: Buenos Aires, CABA, Neuquén y Río Negro.
El nuevo protocolo era una herramienta para la aplicación en la salud pública y privada. Decía que para acceder a un aborto la persona gestante debe dar consentimiento informado y firmar una declaración jurada, como en la mayoría de las prácticas médicas. No es necesaria una autorización judicial ni la intervención de un juez. Los cambios incluían las modificaciones en el nuevo Código Civil y Comercial de 2015 en relación a la autonomía de las personas menores de edad para decidir y dar consentimiento. También daba información nueva sobre métodos seguros medicamentosos, es decir, el misoprostol y la mifepristona. También aclara que el aborto no es una práctica riesgosa si se hace en las condiciones sanitarias adecuadas.
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