Agustín Aranda
Horas antes del arranque del maratónico debate en la Cámara de Diputados, donde este jueves salió la media sanción al proyecto de aborto legal, seguro y gratuito, la Asociación de Obstetricia y Ginecología de Santa Fe difundió un comunicado en contra. Apuntaron una de las incorporaciones hechas al proyecto para sumar a los indecisos: crear un Registro de Objetores de Conciencia, es decir, un listado de médicos o enfermeros no dispuestos a interrumpir un embarazo. La idea no es nueva. El Gobierno de Santa Fe cuenta desde hace seis años con ese listado y planean actualizarlo. En la provincia que más expositores a favor de la despenalización y legalización aportó al debate, hay 777 profesionales de la salud privada y pública que dicen “no” al aborto y a otras prácticas anticonceptivas, desde una ligadura tubaria, recomendar usar preservativos o hacer una vasectomía. Más de un tercio no hacen abortos y otro tanto no quiere recetar la píldora anticonceptiva de emergencia, mejor conocida como la pastilla del día después. El registro puede consultarse por centro de salud en la página del Estado. Los objetores, privados y públicos, son el 10 por ciento de los profesionales de la práctica pública estatal, estimada en casi 8 mil hombres y mujeres. La pregunta es: ¿Puede ese porcentaje interferir con lo que va camino a ser un derecho de la mujer? En Rosario ocurrió.
Origen
En 2012, cuando la provincia creó el registro de objetores, 346 profesionales intentaron entrar. El listado propuesto por el Gobierno de Santa Fe para garantizar el aborto no punible, entre otras prácticas, retumbó en la comunidad médica de la ciudad. Hubo protestas y presentaciones judiciales. El centro del conflicto era el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), donde el jefe del servicio de ginecología, Rafael Pineda había dicho: “Acá no hacemos aborto no punible”. Mantenía la postura desde el 2006, cuando la provincia empezó a trabajar con el protocolo que regulaba la práctica en determinados casos. “La salud pública municipal tiene otros hospitales donde no hay objetores de conciencia”, había declarado Pineda. Compartía la decisión con otros ocho médicos de uno de los centros de salud más requeridos del sur de Santa Fe. Hoy sigue siendo el efector público con más objetores de Rosario, según el registro. En el Hospital Centenario figura un solo profesional, en el Provincial hay tres y en la Maternidad Martin cuatro.
La contracara del Heca en Rosario es el Hospital Roque Sáenz Peña. No hay ningún médico o enfermero registrado como objetor de aborto. De hecho, no hay objetores. Si una mujer quiere ponerse un DIU con progesterona o cobre, hacerse una ligadura tubaria, o pedir una receta para otro método de barrera, no hay resistencia. Si un hombre quiere una vasectomía tampoco hay problema. El Sáenz Peña también es el hogar del parto respetado en la ciudad junto a la Maternidad Martin, una alternativa de acompañamiento previo y posterior a la mamá y el bebé para evitar en todo lo posible el bisturí. Entre 2017 y lo que va de 2018 sólo un cuarto de los nacimientos fueron por cesárea en el Sáenz Peña.
Actualizar
Siempre según el registro de la provincia, la salud pública de Rosario tiene 15 objetores por aborto y sólo cuatro por vasectomía entre los principales centros: Centenario, Provincial, Heca, Maternidad Martin y el Sáenz Peña. Pineda, que se jubiló en 2014 de la función pública, es objetor de todas las prácticas. Trabaja en la parte privada. “Mis médicos tenían la libertad de ser objetores de las prácticas que dispusieran. Yo soy objetor de todas las prácticas”, explicó a El Ciudadano. El jefe durante tres décadas del Heca denunció esta semana y en sintonía con la Asociación de Ginecología santafesina, que la provincia y la Municipalidad de Rosario discriminó a los objetores. “No creo que hayan migrado a la salud privada, pero hay trabado el camino en los concursos públicos”, opinó.
El futuro
El coordinador de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la provincia, Oraldo Llanos, confirmó a El Ciudadano que de 2014 a 2018 no hubo cambios en el registro de objetores. Hay 777 inscriptos y otros 250 en evaluación. Del total, más de un tercio niegan practicar abortos. En el ranking de las prácticas le sigue la negativa a firmar una receta de la pastilla del día después. “Los pocos movimientos que tuvo el registro son de los trabajadores que pasan a planta. No hubo una reapertura. El escenario cambió mucho y es momento de reformularlo. Los objetores son pocos en comparación con la cantidad de profesionales en la salud pública y privada”, explicó.
“El Estado no puede ser censor moral. Veremos qué pasa (por el proyecto de ley con media sanción). Lo importante fue poner a disposición la información para las personas que necesitan saber dónde atenderse. No queremos cambiar la opinión ni ideología de nadie. Queremos garantizar las prácticas en la salud pública. No podemos tener objetores que no digan que lo son”, señaló el funcionario provincial y adelantó que trabajarán en la actualización del registro.
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