Silvina Tamous
El fiscal Miguel Moreno tiene a su cargo emblemáticas causas judiciales por delitos económicos. Son aquellas que no tienen la misma visibilidad que otras, las que cometen los sectores más vulnerables de la sociedad, pero suelen dejar en la ruina a un tendal de estafados. Para investigar esas complejas causas, que buscan sentar en el banquillo a poderosos empresarios, el fiscal cuenta con dos empleados y dos pasantes. Una de esas causas es nada menos que la defraudación de Vicentin, entre muchas otras de similar tenor. En noviembre último, los abogados que intervienen en estas causas solicitaron una entrevista con la fiscal regional María Eugenia Iribarren para pedir que se asignen más recursos a esa oficina. Sólo se los recibió y escuchó, sin que la reunión disparara alguna acción concreta al respecto. Luego, en febrero, otros abogados pidieron lo mismo ante las dificultades que muestra la fiscalía a cargo de Moreno para avanzar concretamente en ciertos aspectos de la causa que investiga a Luis Herrera, caso que tiene a 85 damnificados por una millonaria estafa. Pero la respuesta de la Fiscalía Regional Rosario fue sumariar a Moreno. Desde el MPA local dijeron que “no se trata de una sanción”, como dijeron a este diario profesionales vinculados en esas causas. “Es un pedido de informe. Si se detectara algo grave, se informaría a la auditoría”, afirmaron.
Vale recordar que Moreno es quien acusó a su par, el fiscal Matías Edery, por su complicidad con la testigo Mariana Ortigala. El caso estalló en una audiencia donde se mostraban las conversaciones entre Edery y distintas acusadas. El caso más destacado es el de Ortigala, quien mientras mantenía comunicaciones con Edery seguía delinquiendo y compró unas 14 propiedades. El escándalo que desató Moreno generó no sólo que Edery fuera suspendido por la Bicameral de la Legisltura hasta que dure la investigación, sino también que la propia jefa de la Fiscalía local Iribarren tuviera que sentarse a dar más de una explicación ante los legisladores sobre la actuación de Edery.
La pomposa Fiscalía de Delitos Económicos funciona con dos empleadas y dos pasantes. Una de las empleadas lleva solo el caso Vicentin. La otra lleva todas las defraudaciones atribuidas a Daniel Casanovas y varias causas más. Pero lo más significativo es que una de las pasantes está a cargo de la causa Herrera, una estafa de más de 30 millones de dólares y unos 85 damnificados. A la otra pasante le queda el resto de las causas. Además hay tres peritos que fueron designados por el Organismo de Investigaciones, la policía judicial, que tuvo la virtual intervención de la Fiscalía General a cargo de María Cecilia Vranicich debido a múltiples irregularidades. Uno de esos peritos está trabajando en una investigación compleja full time.
Si bien esa oficina contaba con otros recursos, hace un año y medio se “perdieron” tres empleados, dos hipercalificados, y no se repusieron. Se trata de abogados investigadores que ya no están en la Fiscalía.
El camino al sumario
A fines de noviembre del año pasado, un grupo de abogados penalistas que representan a 85 ahorristas damnificados por el financista Luis Herrera pidieron una reunión a Iribarren. Allí le manifestaron su preocupación por la falta de avances en la causa, a raíz de la falta de recursos (tanto económicos como humanos) en la unidad de delitos económicos complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Los abogados, que respaldaron a Moreno, están concientes que no cuenta con los recursos necesarios para semejantes investigaciones.
Los abogados enviaron una carta que estivo firmada por los letrados Héctor Superti, Sabrina Superti, Mariano Pujol, Guillermo Mionnet, Florencia Bire, Jorge Resegue y Viviana Cosentino. Allí expresaban su apoyo a las investigaciones que encabeza el fiscal Miguel Moreno pero dejaban en claro la falta de estructura con la que contaba para avanzar.
“Somos conscientes, que esta causa no es la única trascendente que lleva adelante la unidad de delitos económicos, y es precisamente por ese motivo que no resulta aceptable que, lejos de dotarse de mayor personal y recursos a los Fiscales que llevan adelante las investigaciones, se tenga relegada a dicha unidad, al punto tal de no contar ni siquiera con un personal especializado, por ejemplo contadores propios, que puedan analizar la extensa documentación contable y financiera que son propias de esta clase de delitos complejos”, sostuvieron los firmantes.
“Estamos observando desde hace tiempo un agravamiento general de las condiciones de trabajo de la Fiscalía de delitos económicos, y ello termina perjudicando directamente a las víctimas que representamos y a tantas otras que esperan justicia, mientras los fiscales hacen esfuerzos por dar respuesta a situaciones sobre las que ellos mismos no cuentan con los recursos necesarios para llevar adelante adecuadamente la investigación penal”, agregaron.
“Queremos destacar el trabajo que hasta el momento viene realizando la fiscalía, y que derivó en la imputación de más de 60 hechos de estafa y administración fraudulenta, en concurso con los delitos de lavado de activo y asociación ilícita, obteniendo además la traba de diversas medidas cautelares”, dijeron.
“No obstante ello, es muy extenso y complejo el trabajo que aún queda por realizar, en tanto que se debe procurar la trazabilidad del dinero obtenido con motivo de estas maniobras, y a su vez avanzar con la imputación de todas aquellas denuncias que se realizaron con posterioridad a la referida imputación (de la cual ya pasó un año), como así también poder obtener todas las evidencias necesarias para que la causa pueda ser elevada a juicio a la mayor brevedad posible. Cabe destacar que el paso del tiempo y el hecho de que los imputados se encuentren en libertad, pese a la peligrosidad procesal invocada y acreditada por la Fiscalía, hacen que las posibilidades de poder cautelar más bienes o dinero que en el futuro puedan ser decomisados para resarcir a las víctimas, se tornen cada vez más ilusorias”
En otro tramo de la carta, los profesionales agregan: “Rosario es una ciudad con un importante movimiento industrial, productivo y financiero, donde los delitos económicos han venido creciendo de manera sostenida, y así también la importancia de contar con un cuerpo especializado para su combate. Consideramos que la Fiscalia Regional debe procurar que los fiscales trabajen en las mejores condiciones posibles para poder obtener una tutela judicial efectiva de todos los involucrados, ya que las demoras y faltas de recursos muchas veces también perjudican a los imputados que tienen derecho a ser juzgados en un plazo razonable, que muchas veces no se cumple”, sostuvieron los abogados que finalmente se reunieron con Iribarren.
En el mes de febrero, otros abogados volvieron a la Fiscalía para pedir más recursos para que las investigaciones avancen. Estas reuniones terminaron en un sumario disciplinario contra el fiscal.
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