La Asociación de Abogados Penalistas de Rosario le envió una nota a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe para que gestione, ante el gobierno provincial y el gobierno nacional, la normalización del sistema de Justicia Penal a partir del lunes 13 de abril. Los abogados quieren que se levante en forma parcial la cuarentena y que se utilicen sistemas informáticos para poder retomar sus tareas con normalidad.
En la nota, firmada por el presidente de la entidad José Ferrara y el secretario José Luis Giacometti, mencionan entre otros argumentos el hacinamiento en las cárceles y la imposibilidad de garantizarles los derechos y garantías constitucionales a sus representados.
“En nuestro carácter de abogados penalistas, en el marco de la emergencia sanitaria y económica que estamos atravesando, venimos a solicitar que a partir del lunes 13 de abril de 2020 se disponga la normalización de la actividad judicial penal”, comienza la nota dirigida a los integrantes de la Corte Suprema.
“La Asociación de Abogados Penalistas de Rosario expresa su inmensa preocupación por las personas privadas de la libertad frente a la pandemia del coronavirus con motivo de las condiciones de hacinamiento de las cárceles de nuestra provincia. Desde el comienzo de la cuarentena, las guardias mínimas no han podido resolver la cantidad de planteos realizados por los abogados penalistas, lo que deja en desamparo no sólo a los justiciables, sino también a los letrados que nos vemos privados de poder realizar nuestra labor profesional, en pos de garantizar los derechos y garantías constitucionales”, agregan.
Desde la Asociación de Abogados Penalistas aclararon que no pretenden que el restablecimiento sea total y presencial, pero sí que se realicen los mayores esfuerzos para utilizar el sistema informático con el que cuenta la Justicia Penal para digitalizar los legajos, cursar oficios y notificaciones electrónicas, incorporar la firma electrónica y resolver los planteos de libertad y morigeratorios a través del sistema de videoconferencia, cumpliendo de esa manera con los plazos legales.
“El sistema escrito escogido por la instancia de alzada no solo no garantiza la oralidad, sino que además el justiciable no cuenta con sus derechos inalienables”, añadieron los abogados en la nota dirigida a la Corte. “Entendemos que debe ampliarse la posibilidad de tratamiento, bajo la modalidad no presencial, para dar efectiva respuesta a los presentaciones de los profesionales del derecho y que vez se amplíe la cantidad de personal habilitado a desarrollar funciones, toda vez que entendemos que la cantidad actual resulta insuficiente y lejos está de poder dar respuesta a las necesidades actuales, destacando que existen múltiples modalidades, bajo las cuales se pueden ejercer la tarea laboral, sin poner en riesgo la salud pública”.
Por último, los abogados penalistas pidieron que la Corte Suprema realice gestiones ante el Poder Ejecutivo provincial y nacional “a los fines de que se nos incluya dentro de las pautas de excepción del aislamiento social, preventivo y obligatorio, con el objetivo de poder cumplir nuestra labor para los casos urgentes y excepcionales que así lo requieran”.
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