La Asociación de Abogadas y Abogados Ambientalistas de Santa Fe se sumó al debate público por la Hidrovía y pidió participación en el Consejo Federal (que tuvo puntapié inicial en Rosario), para aportar su perspectiva ecologista al debate por el futuro de la vía navegable. Consideraron que en el proyecto, hay “cuestiones deliberadamente ignoradas” como lo son: riesgos de inundaciones, contaminación de agua potable o aumento de emisión de gases.
A través de un documento entregado a representantes del Ministerio de Medioambiente, el grupo de abogados pidió que se detengan los avances parciales en el proceso licitatorio para que las condiciones se modifiquen “de raíz” y que se de lugar a la conformación de un Comité de Cuenca del Río Paraná.
En el escrito consideraron que el abordaje sobre el tema tiene una “visión sesgada” por considerar al rio “simplemente como un canal”. Exigieron intervenir en el debate para plantear los impactos socioambientales que implica la Hidrovía y en ese sentido tener posibilidad de brindar una mirada alternativa para la toma de decisiones.
Desde la entidad se remiten a una serie de antecedentes jurisprudenciales para remarcar cuáles son aquellos puntos que, según consideran, están ignorando los actores que participan del flamante Consejo Federal Hidrovía. Entre ellos mencionan la reciente intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el conflicto por la quema de humedales en las islas frente a Rosario.
En este último caso se ordenó conformar un comité de emergencia ambiental en el Delta Argentino, integrado por el Ministerio de Ambiente, la Administración de Parques Nacionales, las provincias de Entre Ríos y Buenos Aires, con la participación de gobiernos municipales y comunales competentes.
A partir de este y un listado de ejemplos, la Asociación propuso replicar la lógica a este nuevo contexto y conformar el Comité de Cuenca del Río Paraná. Para ello solicitaron la participación activa de la Jefatura de Gabinete de Ministros y del Ministerio de Medio Ambiente.
“De lo contrario, nos encontraremos, si ya no lo estamos, frente a un nuevo caso Matanza Riachuelo, en términos jurídicos y ecológicos, desde la visión de la injusticia social y ambiental, realmente escandaloso y ecocida, pero ahora en la cuenca y su río más importante de la República, el Paraná” deslizaron a través del documento.
En segundo lugar propusieron un profundo estudio de impacto ambiental acumulativo y evaluación ambiental estratégica de los proyectos en carpeta. También solicitaron evaluaciones independientes articuladas y lideradas por el flamante Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación.
Dentro del informe destacaron una serie de problemáticas que puede generar el avance del proyecto Hidrovía y los enumeraron:
a) riesgos de inundaciones; b) contaminación de agua potable; c) creciente emplazamiento de agroindustrias y de terminales portuarias en zonas residenciales y costeras de uso público, comprometiendo la integridad del agua, el aire, el suelo y el paisaje; d) congestionamiento vial; e) Aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero; f) urbanización aceleradas y no planificada; g) Hostigamiento sobre los modelos productivos de subsistencia de comunidades indígenas, campesinas y ribereñas vulnerables; concentración de la tierra en manos de corporaciones y degradación de los territorios; entre otros.
En tercer lugar, destinaron un párrafo aparte a la “necesidad” de reconfigurar el tratado de la cuenca del Plata hacia un acuerdo regional o nuevo “tratado de paz con la Naturaleza” y los pueblos concretos en sus territorios, como para con los pueblos indígenas en particular.
Por último, el documento critica nuevamente con dureza a la lógica adoptada en la conformación del Consejo Federal Hidrovía, y en ese sentido consideraron: “Este espacio es reduccionista, simplificado a un mega proyecto de mal desarrollo que niega la diversidad legislativa aplicable y la diversidad de los otros reinos de vida en los ecosistemas en donde pretende desplegarse como expandirse”.
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