El abogado Juan Pedro Chia fue condenado este viernes a tres años de prisión efectiva, más seis de inhabilitación para ejercer la profesión, y a resarcir a sus víctimas en 2.5 millones de pesos por cuatro casos de estafas con inmuebles usurpados que eran vendidos de forma fraudulenta a través de una organización criminal. Purgará la pena en prisión domiciliaria, ya que en la resolución se tuvo en cuenta problemas de salud crónicos, explicaron fuentes judiciales.
La causa que tiene otros imputados puso de relieve que detrás de los casos de usurpaciones que diariamente llegan a los titulares de la prensa no sólo opera la mano de obra fungible como los llamados tiratiros, sino que también existe un eslabón superior, de menos impacto público, integrado por profesionales y destinado a poner un manto de legalidad a la operatoria fraudulenta.
“Al condenado se le atribuyó en su carácter de miembro y de profesional del derecho haber proporcionado sus conocimientos técnicos gestionando la obtención de información respecto de inmuebles usurpados como así también instrumentos apócrifos logrando que tengan un valor jurídico de forma contractual y judicial”, señaló al respecto la acusación.
Un abogado, un agente inmobiliario y tres policías imputados por usurpaciones, estafas y extorsiones
El sindicado como líder de la banda, un falso corredor inmobiliario llamado Miguel Ángel Herrera, permanece prófugo, mientras que tres policías fueron imputados en el caso por pedirles coimas a los estafadores para no denunciarlos, indicaron fuentes judiciales.
La condena impuesta al abogado Chía, de 67 años, fue homologada por el juez Juan José Alarcón en un procedimiento abreviado mediante el cual el profesional aceptó haber cometido los delitos de estafa, integrar una asociación ilícita y tener armas ilegalmente, precisaron las fuentes.
La fiscal del caso, Valeria Haurigot, acusó a Chia de cuatro casos de estafas con viviendas “usurpadas o usurpables” que el abogado vendió, junto a Herrera y otros cómplices, de manera fraudulenta por no tener la posesión legal de los inmuebles.
La organización, que realizó todas las estafas en 2020, quedó en evidencia por una balacera cometida el 10 de septiembre del año pasado a una vivienda de Fraga al 700 bis, barrio Empalme Graneros, en la que resultó herida una niña de 8 años.
Los padres de la víctima declararon ante los policías que habían adquirido la casa a un hombre llamado Miguel Ángel y que pagaron 1.4 millón de pesos por la propiedad, que luego se enteraron había sido usurpada.
Los investigadores siguieron esa huella y se encontraron con una decena de casos similares y los mismos actores: Herrera como corredor inmobiliario –sin título habilitante– y el abogado Chía, en cuyo estudio ubicado frente al edificio de Tribunales de avenida Pellegrini y Balcarce se firmaban los boletos de compra-venta.
“El objetivo de la asociación recayó sobre un acuerdo para realizar maniobras sobre bienes indeterminados, detectando inmuebles usurpados o usurpables para ocuparlos con personas de la organización”, señaló la fiscal en la acusación.
Agregó que luego buscaban “crear engaños o falsificar y utilizar los instrumentos públicos y privados necesarios para simular una posesión prolongada en el tiempo, mayor a la real y bajo un origen jurídico diferente, para así comercializar” los inmuebles.
Usurpaciones, una nena baleada y 18 allanamientos que incluyeron la detención de un abogado
Paralelamente, tres policías de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) fueron imputados en enero pasado por presuntas extorsiones a los miembros de la banda, a cambio de 200 mil pesos para no investigarlos.
En el caso de la vivienda de calle Fraga, las víctimas pagaron 1.400.000 de pesos; mientras que por una ubicada en Zeballos al 3400 los damnificados abonaron 2.500.000.
La organización se hizo de otros 600.000 pesos por un departamento interno de Rouillón al 1200, según consta en la causa.
Además, el abogado fue condenado por una estafa procesal y por tenencia de armas de fuego, que personal policial encontró en su vivienda cuando fue allanada.
La sentencia estableció que deberá cumplir tres años de prisión, pagar 2.500.000 de pesos en resarcimiento a las víctimas y 250.000 pesos en concepto de honorarios y costas al Ministerio Público de la Acusación, precisaron voceros judiciales.
La fiscal Haurigot indicó a este diario que el eje del acuerdo tuvo que ver con la reparación. Y señaló que por acuerdo de partes la condena será cumplida bajo detención domiciliaria debido a una enfermedad crónica que padece Chia. En esa decisión también se consideró “el dinero que le sale al Estado llevar y traer detenidos a los penales para los distintos turnos médicos”, precisó la funcionaria.
Por su parte, el abogado Pablo Polito, querellante de los perjudicados de otra vivienda ubicada en Don Orione al 1100, indicó: “Desde la querella estamos satisfechos con la sentencia porque Chia era un miembro importante de la organización ilícita. Recuperamos la casa y obtuvimos una compensación económica para la víctima por el daño en la casa. Estamos satisfechos con el trabajo de la Fiscalía, apoyamos todas las medidas investigativas que se iniciaron”.
En el acuerdo Chía estuvo representado por los letrados Oscar Romera, Juan Murray y Bruno Polastri; mientras que a la querella la integraron Veronica Stizza y Polito.
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