Miles de hondureños marcharon hoy en Tegucigalpa y otras ciudades en repudio al golpe de Estado que hace un año derrocó al presidente Manuel Zelaya, mientras Amnistía Internacional (AI) acusó hoy al gobierno de Porfiro Lobo de “fracasar” en su intento de terminar con las violaciones a los derechos humanos perpetradas por los golpistas.
Trabajadores estatales, docentes, estudiantes y pobladores fueron la principal columna convocada en Tegucigalpa por el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), a los que se unieron centenares de militantes del Partido Liberal, del cual Zelaya es miembro, para repudiar el golpe del 28 de junio de 2009, informó la agencia noticiosa alemana DPA.
En la protesta de hoy, los seguidores de Zelaya denunciaron la violación a los derechos humanos que se siguen produciendo bajo la actual administración del presidente Lobo y el asesinato de nueve periodistas en lo que va del año.
Los manifestantes partieron de la Plaza de El Sol, en el oriente de la capital y terminaron su marcha en proximidades de la Casa Presidencial, pero no fueron autorizados a llegar hasta ella por un fuerte dispositivo de policías y militares.
Según reportes de las cadenas radiales, también se registraron acciones en la zona norte y caribeña de Honduras, con tomas de puentes y carreteras por parte de miembros del FNRP.
“Camiones repletos de efectivos del ejército y la policía llegaron a los puntos de concentración de los manifestantes (en Tegucigalpa) para tratar de amedrentarlos”, denunció Carlos Reyes, presidente del Bloque Popular y uno de los líderes del FNRP, citado por la agencia cubana Prensa Latina.
Miles de personas, en todo el país, exigieron el retorno de Zelaya y la convocatoria a una Asamblea Constituyente para transformar el país, según el dirigente.
Por su parte, otro dirigente de la resistencia, Carlos Reina, sostuvo que “en Honduras hubo un golpe de Estado y ese rompimiento sólo se restablece con una nueva Constitución”.
Reina calificó de “terrible” la situación un año después del golpe y denunció la continuación de la violencia y de los asesinatos selectivos bajo el gobierno de Lobo, elegido durante la dictadura de Roberto Micheletti.
Esta tarde, la Plataforma de Derechos Humanos de Honduras instalará una Comisión de la Verdad, alternativa a la constituida por el gobierno, para investigar los delitos cometidos contra los ciudadanos y la libertad de expresión.
La comisión estará integrada por prominentes personalidades, entre ellas el Premio Nobel de la Paz, el argentino Adolfo Pérez Esquivel; la integrante de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Nora Cortiñas, y Helen Umaña, escritora y profesora universitaria.
En tanto, Amnistía Internacional denunció la “impunidad” de los miembros de las fuerzas de seguridad y militares que cometieron delitos y abusos desde el inicio de la dictadura establecida por la asonada de hace un año y su preocupación por la situación de la libertad de expresión.
“El presidente Lobo se ha comprometido públicamente en favor de los derechos humanos, pero ha fracasado a la hora de actuar para protegerlos, lo cual es inaceptable”, declaró Guadalupe Marengo, subdirectora del programa Américas de AI, citada por el diario hondureño Tiempo.
Agregó que (Lobo) “tiene que mostrar que es serio respecto a poner fin al clima de represión y de inseguridad en Honduras. De lo contrario, la futura estabilidad del país seguirá peligrando”.
Por su parte, el derrocado presidente Zelaya denunció ayer a Télam que el golpe fue “planificado en la base militar de Palmerola (Honduras) por el Comando Sur de Estados Unidos” y que el actual mandatario, Porfirio Lobo, “no procede contra los golpistas” por subordinación a Washington.
“Los militares (hondureños) sólo son ejecutores de la parte violenta del golpe de Estado, igual que (el ex presidente de facto) Micheletti es un testaferro; ninguno de ellos tiene capacidad de organizar un golpe de Estado”, afirmó el ex mandatario.
La dirigenta indígena miembro del FNRP, Bertha Cáceres, denunció hoy que la policía hondureña la detuvo injustificadamente anoche durante más de tres horas.
Cáceres, líder del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), relató que cuando se dirigía a la sede de capacitación que tienen en la ciudad de la Esperanza, departamento de Intibucá, 200 kilómetros al noroeste de la capital,”un retén habían detenido a unos compañeros”.
“Reclamé a un inspector Velásquez por esa detención y por qué les habían decomisado a los compañeros 400 hojas firmadas exigiendo la convocatoria a la Constituyente; y lo que hizo (el policía) fue agredirme y llevarme detenida”, dijo.
Sin embargo, “la presión nacional e internacional, de personas que llamaron por teléfono, hizo que nos liberaran a la medianoche”, agregó.
El FNRP buscan recolectar más de 1 millón de firmas para presionar al actual presidente Lobo a que convoque a una Asamblea Constituyente.
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