Lorena Bermejo / Cosecha Roja
Lucila tiene 73 años. Llegó desde Bolivia a la villa 20 de Lugano en 2012. Vive con su hijo y su nieta en una habitación de una casa compartida con otras familias. Hace dos años dejaron de darle el ticket social, un subsidio que recibía para las compras básicas de alimentación y medicamentos.
—Vinieron del Gobierno de la Ciudad y me preguntaron por las máquinas de coser. Les dije que eran del vecino y que yo no trabajo con ellos, pero igual anotaron algo y después me avisaron que no me daban más el ticket.
Para mantenerse, Lucila cocina cada mediodía para una señora del barrio. Como para la jubilación tiene que tener 20 años de antigüedad en Argentina, quiere tramitar el certificado de residencia para volver a solicitar el subsidio. Cuando consultó le dijeron que el trámite se hacía por internet: ella nunca tuvo correo electrónico, computadora, ni celular. La última vez que se acercó a la sede de Retiro de la Dirección Nacional de Migraciones llegó a las seis de la mañana. Estaba con su hija y en la fila les pegaba fuerte el sol. Pasó una hora y a Lucía le empezó a sangrar la nariz. Tuvieron que irse.
El 30 de enero de 2017 el gobierno de Mauricio Macri implementó el decreto 70, el ícono de la política anti migratoria que modificó la Ley 25.871. La nueva medida igualó los antecedentes penales: se trate de una condena no firme, en curso o cumplida, representa motivo suficiente para rechazar el ingreso al país.
También achicó los tiempos de acceso a la defensa: en consonancia con los plazos del sistema penal, sólo da tres días para acudir a un profesional, juntar prueba y presentar recurso. Esta modificación fue la que dio lugar a las “expulsiones express”, como el caso de Vanessa Gómez Cuevas, expulsada a Perú en febrero del año pasado.
En 2018 otro decreto aumentó los costos de los trámites y en marzo de 2019 Migraciones anunció su nueva tecnología: el Radex. “Es exclusivo, confuso y muy técnico”, explica una trabajadora de la Dirección Nacional de Migraciones, “y ante cualquier trámite te manda al banco a pagar”. Para acceder al sistema hay que tener la aplicación, o bien un correo electrónico y acceso diario a internet.
Desde la Campaña Migrar no es Delito impulsaron a fines del año pasado las jornadas de consultas en los barrios: en cuatro sábados de trabajo se instalaron en las villas junto a dos trabajadores de la DNM y resolvieron más de 300 consultas.
Cerca de las nueve de la mañana y a pesar de la lluvia, ya había fila junto al local donde se instaló la oficina móvil de la Campaña. Según el censo de 2010, en Lugano viven 43.732 personas extranjeras.
A Celsa Rodríguez la anotaron como boliviana pero es de Paraguay. Como no tiene trabajo y tiene que mantener a sus dos hijas, su hermana le recomendó pedir la Asignación Universal por Hijo. Pero con un documento que dice que es boliviana no puede iniciar el trámite.
Margarita, también de Lugano, vino desde Bolivia y consiguió trabajo en un taller textil. En noviembre le dijeron que sin documento no podía seguir ahí, pero con los horarios de trabajo en ningún momento podía ir a la oficina de Migraciones.
Cuando le dijeron que el turno se pedía por internet, terminó de descartar la posibilidad: no tiene smartphone ni wi-fi en la casa. El empleado de la DNM le dio un papel donde está anotado su nuevo correo electrónico y su contraseña. “No lo pierdas porque ahí te va a llegar la fecha del turno para iniciar el trámite”, le dijo y repitió la lista que se llevan todxs: antecedentes penales de los dos países, partida de nacimiento, cédula original, certificado de domicilio.
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