Un hombre de 46 años que vive en la localidad de Humberto 1º, en el departamento Castellanos del centro-oeste santafesino, deberá pagar 12 mil pesos en concepto de reparación de daño y tendrá que cumplir 150 horas de trabajo comunitario por no haber pagado la cuota alimentaria. Además, cosa que ya cumplió, debía hacer un formal pedido de disculpas a su hija y a su ex mujer. Así fue establecido en una suspensión de juicio a prueba (más conocida por la palabra inglesa probation) solicitada en el marco de una investigación penal que encabezó la fiscal de Rafaela, Mirna Segré, por incumplimiento de los deberes de asistencia familiar.
Los términos de la probation fueron acordados por la funcionaria del Ministerio Público de Acusación y por la abogada Carmen Galetto, defensora del imputado –cuyas iniciales son M. A.–, quien había sido denunciado por su ex mujer y madre de su hija.
“El imputado incumplió con sus obligaciones alimentarias que habían sido asumidas en una mediación judicial y debe alimentos en favor de su hija desde abril de 2014 a la fecha”, detalló la fiscal Segré. Y agregó que “la suspensión del juicio a prueba fue posible porque el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar prevé una condena de entre un mes y dos años de prisión de ejecución condicional y, además, M. A. no tiene antecedentes penales”.
Reparación y conducta
“A través de esta medida se suspende el juicio por un año, plazo en el que el imputado deberá cumplir con todo lo asumido”, explicó Segré. En tal sentido, puntualizó que “deberá pagar 12 mil pesos en concepto de reparación pecuniaria del daño, excluyendo los reclamos que pudieran hacerse ante un tribunal de Familia”.
“El dinero será recibido por su ex mujer, quien lo hará en nombre y representación de la hija de ambos”, informó la fiscal.
Además, por acuerdo judicial, “el imputado también deberá realizar 150 horas de trabajo comunitario en el patio de máquinas de la comuna de Humberto 1º”. “Y además, ya pidió disculpas formalmente a su hija y a su ex mujer, que también era una de las conductas que debía cumplir”, agregó Segré.
La probation fue homologada por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Alejandro Mognaschi. El procedimiento se encuadró entre las denominadas “salidas alternativas” que ofrece el Código Procesal Penal de la provincia en su artículo 24, se explicó.
“Se trata de una forma de resolver situaciones conflictivas en las que el delito que se investiga prevé una pena de inhabilitación o una condena de ejecución condicional, como es este caso”, subrayó Segré. “Lo que ofrece la probation es una oportunidad de posponer por un plazo determinado la realización del juicio por el delito que se investiga. Mientras tanto, el imputado debe reparar los daños que cometió y tiene que cumplir reglas de conducta”, añadió la fiscal.
Por último, Segré aclaró que “tal como establece el Código Procesal Penal, en caso de incumplimiento de lo acordado, se retoma el juicio por los carriles habituales”, y que en ese marco “se puede solicitar una condena más gravosa por sentencia judicial”, por no haber cumplido el acuerdo previo.
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