El ajuste llegará a las provincias este año: por el lado de los ingresos, por el lado de los egresos y por el lado de los servicios de deuda en moneda extranjera. En el primer caso, la devaluación con mayor inflación tendría un impacto negativo en el poder adquisitivo de la coparticipación y la recaudación provincial, consignó un reciente documento de la consultora Economía & Regiones (E&R). Sin embargo, mejoraría los ingresos sobre las regalías petrolíferas, en menor medida sobre las metalíferas y en el Fondo de la Soja.
E&R estimó que, durante este año, el crecimiento de la coparticipación y de la recaudación provincial iría por detrás de la inflación. Pero agregó que la devaluación del peso beneficiaría en parte la recaudación de las provincias productoras de petróleo como Neuquén, Chubut, Mendoza, Santa Cruz, Salta, Tierra del Fuego y Río Negro. Por cada peso que se incremente la cotización oficial del dólar, estas jurisdicciones recibirían 2.000 millones de pesos extra.
En el caso de las provincias que reciben regalías de la minería –San Juan, Catamarca, Mendoza, Neuquén, Jujuy, La Rioja y Salta, entre otras–, el impacto favorable de la devaluación sería menor. El Fondo de la Soja también recibiría un impacto positivo de la devaluación, ya que la recaudación también aumentaría con un deslizamiento al alza del tipo de cambio. E&R advirtió, empero, que no todo el fondo sojero queda para las provincias, ya que el 30 por ciento son girados a los municipios para la ejecución de obras públicas.
Por el lado de los egresos, la devaluación y la aceleración inflacionaria licuarían el gasto público. E&R indicó que los salarios públicos serán el principal canal de ajuste fiscal durante este año. Además, los gastos en compra de bienes de consumo, servicios y costos de la construcción serán ajustados hacia la baja en términos reales.
En tercer lugar, las finanzas provinciales serán afectadas por el lado de los servicios de deuda, ya que la devaluación encarecerá los pagos de obligaciones denominadas en moneda extranjera.
E&R calculó que a fines de 2013 las provincias tenían en conjunto un stock de deuda de 12.150 millones de dólares. Del total, 9.150 millones constituyen colocaciones de títulos públicos en los mercados internacionales de crédito y en el mercado local con modalidad “dólar linked”. Unos 3.000 millones de dólares corresponden a préstamos con organismos multilaterales de crédito. Este año, la deuda provincial devenga servicios totales por 2.100 millones de dólares, 830 millones de intereses y 1.270 millones de amortizaciones.
E&R completó que el incremento de las tasas de interés en la plaza local, que impulsan al alza la Badlar, eleva el costo del financiamiento de las Letras del Tesoro tomadas en 2013 –a tasa variable– con vencimiento en el presente ejercicio, por un total de 2.837 millones de pesos. “Un incremento de 1 punto porcentual en la tasa Badlar implica un gasto adicional en concepto de intereses de 34,2 millones”, calculó el documento económico. Y ejemplificó que una Badlar de 25 por ciento eleva los servicios del consolidado provincial en 273 millones de pesos.
Sin embargo, agregó que la devaluación y la inflación licuan los servicios de la deuda en pesos que las provincias tienen con el gobierno nacional, unos 67.260 millones de pesos reprogramados a 2030 a una tasa de 6 por ciento nominal anual, negativa en términos reales.
En este escenario, E&R calculó que para poder otorgar incrementos salariales de entre un 28 y 34 por ciento, las provincias no podrán incrementar el gasto en obra pública ni el resto de las partidas de bienes, servicios y transferencias más allá del 25 por ciento en términos nominales.
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