La Comisión Bicameral de Acuerdos de la Legislatura provincial se reunió este miércoles en Santa Fe para avanzar en la investigación sobre el desempeño de los funcionarios del Ministerio Público de la Acusación (MPA) sospechados por presuntos vínculos con bandas delictivas. Hubo un principio de acuerdo para solicitar la remoción definitiva del fiscal rosarino Gustavo Ponce Asahad, quien se encuentra suspendido por seis meses desde el pasado 7 de agosto. En cambio, hay diferencias entre los legisladores respecto del caso del fiscal de Venado Tuerto Mauro Blanco: el PJ pretende removerlo y el Frente Progresista solo suspenderlo.
Ante la falta de consenso, la Comisión Bicameral pasó a un cuarto intermedio y volverá a reunirse este jueves para continuar la evaluación de ambos casos. Mientras tanto, los legisladores esperan que la Corte Suprema de Justicia de la provincia resuelva sobre el fallo de la Cámara de Apelación en lo Laboral de Rosario que declaró inconstitucional la ley 13.807 –sancionada en 2017– por la cual la Comisión de Acuerdos se reserva el derecho de revisar el accionar de los funcionarios del MPA y del Sistema Provincial de la Defensa Penal.
Ese fallo fue cuestionado en forma unánime por todos los bloques políticos a través de una declaración conjunta emitida el 1º de octubre. Según los legisladores, el fallo de la Cámara de Apelación en lo Laboral expresa la intención corporativa de parte del Poder Judicial de no querer ser controlado por otros poderes. La Fiscalía de Estado de la provincia apeló la decisión judicial y ahora la Corte Suprema tiene que expedirse a favor o en contra de la constitucional la ley 13.807.
Mientras tanto, los integrantes de la Comisión Bicameral avanzan en el estudio de los distintos casos que involucran a fiscales del MPA. En la reunión de este miércoles, diputados y senadores acordaron solicitar la remoción de Ponce Asahad y su inhabilitación por un plazo de 10 años para ocupar cargos en el Poder Judicial. El diputado del PJ Leandro Busatto, uno de los integrantes de la Bicameral, anticipó que este jueves podría firmarse ese dictamen, que será puesto a consideración de las cámaras en sesión conjunta una vez que la Corte Suprema defina la validez de la norma que habilita la sanción de los funcionarios judiciales por parte de la Legislatura.
Ponce Asahad, quien se desempeñaba como fiscal de homicidios en Rosario, fue suspendido provisoriamente a principios de agosto por su presunta vinculación con el juego clandestino, una causa en la que también está involucrado el ex fiscal regional de Rosario Patricio Serjal.
Por unanimidad, el pasado 7 de agosto la Legislatura suspendió por 180 días a Ponce Asahad y le aplicó una disminución del 50% de su salario. El ex fiscal –detenido con prisión preventiva– se encuentra bajo investigación en una causa por cohecho pasivo agravado, incumplimiento de deberes y filtración de datos reservados.
Al fiscal Mauro Blanco la Auditoría del MPA lo acusó por su desempeño en una causa sobre narcotráfico. Se lo investiga por haber usado información provista por un vendedor de drogas para investigar a personas que habían robado armas en una vivienda de la localidad de Hughes.
Respecto de ese caso, todavía no hay acuerdo en la Comisión Bicameral. Los senadores y diputados del PJ promueven elevar a las cámaras un dictamen para pedir la remoción definitiva de su cargo –tal como ocurrirá en los próximos días con Ponce Asahad–, pero los legisladores del Frente Progresista se inclinan por una sanción intermedia: la suspensión provisoria de su cargo.
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