Rodrigo Arévalo
La baja de retenciones a soja, maíz y trigo favoreció a un sector de ese amplio universo que suele denominarse como “el campo”. La agricultura familiar es la contracara al modelo agroexportador y sufre las políticas del gobierno de Mauricio Macri de la misma forma que los trabajadores y las Pymes. El Monotributo Social Agropecuario, un beneficio que 100 mil familias –3.500 en Santa Fe– adquirieron en 2009 y les permite formalizar actividades como la horticultura, apicultura y la cría de animales en pequeña escala, será dado de baja.
El Monotributo Social Agropecuario es totalmente gratuito. El Ministerio de Agroindustria se hace cargo del pago de la obra social y aportes jubilatorios. Con la nueva resolución, los agricultores podrán tenerlo hasta fin de año y luego deben pasarse al Monotributo Social tradicional (del Ministerio de Desarrollo Social). En este caso, el Estado sólo se hace cargo del 50% de la obra social y los aportes jubilatorios. Cada beneficiario debería empezar a pagar unos 268 pesos por cada miembro de la familia.
La diputada provincial Claudia Giaccone, quien trabaja con agricultores familiares, manifestó a El Ciudadano su preocupación. “Es un sector muy excluido que va a quedar afuera del sistema”, dijo la legisladora. Y explicó que no es algo que le genere un gran gasto al Estado. “Son unos 30 millones de pesos al año. Por la baja de retenciones se pierden 20 mil millones”, comparó Giaccone.
Por otra parte, Giaccone recordó que los despidos de especialistas en el área del Ministerio de Agroindustria complica aún más la situación: “Los agricultores no tienen asesoramiento. Si no se dan de baja y no pagan el Monotributo Social, van generando deuda”.
Rechazo conjunto
La baja del Monotributo Social Agropecuario fue efectuada por el Secretario de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial del Ministerio de Agroindustria, Santiago Hardie.
A través de un comunicado, las organizaciones indígenas, campesinas, de pequeños productores y de la agricultura familiar de toda la Argentina rechazaron de conjunto la decisión del Ministerio de Agroindustria de la Nación.
El documento fue firmado por el Movimiento Nacional Campesino e Indígena (MNCI), la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino (Acina), la Asociación de Mujeres Rurales Argentinas Federales (Amraf), la Federación Nacional Campesina (FNC) y la Federación Agraria Argentina (FAA).
“Somos el sector responsable de la más de la mitad de los alimentos que se consumen localmente y un actor clave para combatir la malnutrición y la pobreza rural. Es toda la población argentina que verá perjudicada su posibilidad de acceder a alimentos producidos en suelo argentino”, expresaron en el comunicado.
“Es notable el desprecio que manifiesta el gobierno nacional contra los sectores más vulnerables en cada una de sus medidas. Este ajuste fue reclamado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), recetas a las cuales el gobierno mecánicamente obedece”, agregó por su parte Giaccone.
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